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19 octubre, 2020
Minería

Las minería argentina con un horizonte poco alentador

El cepo cambiario y la falta de reglas del juego claras ponen en riesgo la llegada de inversiones para desarrollar los proyectos.

El futuro de la minería argentina continuará siendo incierto, más allá de la pandemia de coronavirus, hasta que el gobierno no tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas del juego en el país.
“Las empresas te comentan: ‘Acá, nunca hay reglas claras. Un día te dicen una cosa, al día siguiente otra. Hoy podés comprar dólares y mañana, no. Un día te los reciben a tanto y, al otro, no te los aceptan. Podés girar utilidades y después no. ¿Cómo pagás las cosas que importás y las que exportás? Es una sinergia de negatividades”, afirma el secretario de Minería y Energía de Salta, Ricardo Alonso.
En las actuales condiciones, será difícil que la administración de Alberto Fernández pueda lograr atraer las decenas de miles de millones de dólares que se necesitan para desarrollar los principales proyectos de cobre, oro, plata y litio en la Argentina.
“En el fondo, lo que no tenés es credibilidad como país. Construir y generar confianza a largo plazo no es dos más dos, cuatro. ¿Cómo van a hacer para creernos a largo plazo? Por eso, va a costar traer inversiones”, explica el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, en una entrevista con la agencia BNamericas.
La Argentina cuenta actualmente con 59 proyectos mineros en un rango que va desde el proceso exploratorio avanzado hasta la construcción de las instalaciones necesarias para iniciar la producción, a los que habría que sumarle otros que están en estadios iniciales, según información oficial de la Secretaría de Minería de la Nación.
Para su desarrollo, las empresas precisarán realizar una inversión total cercana a los 27.641 millones de dólares, ya que hay diez de cobre que requieren de 19.255 millones para su explotación, seis de oro en los que hay que desembolsar 1.390 millones, 14 de plata que necesitan de 2.696 millones y 20 de litio que esperan una inyección de efectivo de 4.300 millones para ponerse en marcha.
“La minería se amolda a todos los sistemas políticos, pero tenemos que ayudarla. El inversor debe analizando o reviendo qué va a hacer. Si no le ponés alguna condición para que se muevan vamos a quedar relegados frente a otros países y proyectos dentro de las propias compañías”, explica el ex Ministro de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone.
Los dos factores que todos los actores del sector, incluyendo los funcionarios provinciales, señalan como más perjudiciales son las restricciones para acceder al mercado libre de cambios y las constantes modificaciones que han venido sufriendo las retenciones a las exportaciones mineras.
“Las restricciones del gobierno no nos juegan a favor porque son peores que cuando tomamos la decisión de suspender el proyecto. Si no cambian lo que tiene que ver con el acceso a las divisas, que es una cuestión sine qua non, Eramet no va a invertir porque tienen que pagar créditos que van a tomar”, afirma una fuente cercana a Eramine Argentina, que tiene semiparalizado el proyecto Centenario-Ratones en Salta, donde pensaba invertir 600 millones de dólares.
La comunicación “A 7106” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del 15 de septiembre no hizo más que recrudecer esta situación y crear una mayor incertidumbre en el sector minero ya que les imposibilita a muchas de las compañías pagar los créditos que tomaron en el exterior para desarrollar los proyectos en el país.
“Vemos con preocupación las recientes medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central de la República Argentina, dado que, para producir y exportar, las empresas mineras primero deben necesariamente invertir y esto se dificulta si existen medidas que atentan contra la inversión directa – afirma la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en un comunicado -. Si se aplican restricciones a esos pagos, las empresas entran en situación de default técnico, que se resuelve volviendo a generar endeudamiento más caro. De esta forma, las nuevas restricciones desprotegen el stock actual de inversión al eliminar opciones de financiación y dificultan la posibilidad de nuevas inversiones”.
Soler concuerda y agrega: “El cepo te pone otra excusa más para no poder avanzar. Te perjudica enormemente porque te pega en la parte económica, que es por lo que vos hacés el negocio. Uno hace minería, aceptando un riesgo, porque entiende el negocio, pero si el riesgo es más alto, deja de ser negocio. Vos estás enterrando plata y esperás tener una renta. Por eso, no logramos que arranque la actividad y que haya más empresas entrando. De las 1.200 compañías mineras canadienses que hay, tenemos sólo cerca de 50”.
Esto lo está experimentando directamente la empresa australiana Rincón, que se encuentra readecuando el proceso de producción de su proyecto Salar de Rincón, en Salta, para luego salir a buscar inversores que puedan estar interesados en financiar la construcción de su planta de entre 10.000 y 20.000 toneladas de carbonato de litio, para la que precisa, al menos, 100 millones de dólares en una primera etapa.
“El gobierno dificulta conseguir gente para que invierta. Es un problema que vamos a tener en seis meses cuando tengamos el proyecto listo. Las reservas del país van a ser bajas y van a seguir habiendo dos tipos de cotización del dólar. No hay nada que motive al inversor”, destaca su gerente general, Alejandro Moro.
Para intentar morigerar el impacto que crearon las restricciones cambiarias en las empresas que están invirtiendo en el país, el BCRA flexibilizó la regulación del 15 de septiembre a través de la comunicación “A 7133”, del 9 de octubre.
La nueva normativa estableció que las compañías podrán “acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras con el exterior o títulos de deuda con registro público en el país denominadas en moneda extranjera, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de refinanciación de deuda”.
A su vez, la entidad monetaria instituyó que “cuando el deudor acceda al mercado de cambios para cancelar capital por un monto superior al 40% del monto del capital que vencía, en la medida que el deudor registre liquidaciones en el mercado de cambios a partir del 9 de octubre por un monto igual o superior al excedente sobre el 40%, en concepto de endeudamientos financieros con el exterior, emisiones de títulos de deuda con registro público en el exterior, emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominadas en moneda extranjera que cumplan las condiciones previstas en el punto 3.6.4 de las normas de ‘Exterior y cambios’”.
O sea, quienes hayan refinanciado sus créditos en el extranjero, como lo pedía el Banco Central, podrán comprar una cantidad de dólares en el mercado oficial equivalente a la cantidad de divisas que ingresen en el país a través de créditos o liquidando exportaciones.

Una cuestión impositiva
Otros de los problemas que están afrontando las empresas es el cambio constante en las reglas del juego, en especial en lo que respecta a las retenciones a las exportaciones, lo que les torna imposible calcular los retornos que tendrán los proyectos, tanto en el momento de preparar los estudios de factibilidad, como durante la construcción de la mina o al empezar a producir.
El gobierno de Mauricio Macri había eliminado las que le había impuesto Cristina Fernández de Kirchrner, ni bien asumió su cargo, pero la crisis financiera que asoló al país desde mediados de 2018, lo llevó a salir en forma desesperada a tratar hacerse de fondos para cubrir el déficit fiscal y la minería junto con los hidrocarburos fueron parte de su fuente de fondeo.
Así, al final de su presidencia dio marcha atrás con la política que había sostenido los tres años anteriores y le colocó una retención del 12% (4 pesos por dólar cobrado), como parte del plan para tratar de acceder a un paquete de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Alberto Fernández también se llenó la boca de promesas para el sector durante la campaña electoral y se comprometió a reducir el impacto de esta medida de Macri. Dos semanas después de asumir el cargo, cumplió con lo prometido y redujo el monto a cobrar al 8% mediante la ley 27.541, de Solidaridad y Reactivación Productiva.
Sin embargo, se tomó diez meses para reglamentar la norma por lo que, durante todo este año, las empresas siguieron pagando la misma alícuota que le había impuesto el gobierno anterior, sólo que en medio de la cuarentena en la que vieron como su producción caía a cerca de la mitad.
El Presidente recién puso en vigencia la reducción de la alícuota el 1 de octubre, por lo que, ahora, las exportaciones de oro y planta deberán abonar el 8% de retenciones, mientras que las de cobre, cales y litio tributarán 3 pesos por cada dólar que vendan al exterior.
Si bien esta medida fue bien recibida por la industria, los principales actores de la industria consideran que son insuficientes y que el gobierno debe implementar otras más que permitan desarrollar la industria.
“No sé si va a mejorar el sector con estas medidas en este contexto. En lo global, atenúa muy poquito, porque aún sigue el tema de las retenciones a las exportaciones y el del dólar”, explica Micone. En tanto, Soler sostiene que “la gente espera que se saquen las retenciones, porque no estaban y volvieron”.
Es que el problema del sector no se resuelve sólo con esta reducción en las alícuotas, ya que las constantes devaluaciones que viene sufriendo el peso en las últimas semanas (y que esperan que continúen en el futuro) hacen que esta rebaja se licúe paulatinamente ya que deben liquidar sus exportaciones a la cotización del dólar oficial. A diferencia de lo que ocurre con el campo, que va acopiando su producción a la espera de una subida de la moneda estadounidense, las compañías están obligadas a hacerlo ni bien despachan sus ventas.
Si las operaciones se concretaran hoy les pagarían 76 pesos por cada billete verde con lo que tras las retenciones recibirían 69,92 en el caso del oro y la plata y 73 si se tratara de litio, cobre o cales, mientras que el contado con liquidación cotiza a 156,15 y el blue a 163.
Según señaló el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, en una entrevista con El Zonda, las retenciones “acortan la vida útil de los proyectos haciendo que se pierda trabajo, producción, exportaciones que generan divisas y la posibilidad del estado de seguir recaudando”.
Un ex funcionario del sector que pidió no ser nombrado, concuerda y agrega que “la presión impositiva te reduce los tamaños de los proyectos y te paraliza cualquier posibilidad de financiamiento. La situación económica argentina, más la pandemia, hace inviable que esto cambie”.
“Todos muestran mucha preocupación por los cambios normativos. No tenés reglas claras, hay inseguridad jurídica, y te empiezan a mirar con desconfianza. Eso lo tenemos claro – concluye Alonso -. A mí, me preguntar a veces: ¿cuál es su política para atraer inversiones? No me hables hoy de atraer inversiones, estamos tratando de que no se nos vaya ninguna empresa, conservar las que tenemos.

Por Hernán Dobry

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