BID Invest suspendió las negociaciones con el Gobierno Nacional por un préstamo de 900 millones de dólares en el corto plazo para financiar la etapa I de los contratos de Participación Público Privada (PPP) adjudicados para construir rutas y autopistas en el país. Esto ocurrió después de que el Ministerio de Transporte no enviara la autorización para continuar con la última etapa del proceso, revelan dos fuentes.
La administración de Mauricio Macri no quiere validar los préstamos con tasas extremadamente altas que las empresas podrían recibir por los créditos debido al aumento del riesgo país, afirma una de las fuentes.
Esto se debe a que el Gobierno tendría que pagar la diferencia entre las tasas calculadas sobre las ofertas presentadas por los consorcios en la licitación y las actuales, indica una de las fuentes. El riesgo país llegó hoy a los 921 puntos básicos, según el Índice de Bonos Emergentes (EMBI) de JP Morgan.
El 3 de mayo, Gian Franco Carassale, oficial principal de inversiones de BID Invest, suspendió mediante un e-mail que le envió a sus colegas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a los consorcios la visita de la comisión que tendría que haber viajado a la Argentina en la última semana para reunirse con el Ministerio de Transporte y las empresas constructoras, detalla una de las fuentes.
“Hasta hoy, no se tomó la decisión que esperábamos que tomara el Gobierno argentino en relación con los detalles de la debida diligencia del proyecto. Debido a eso, informamos que el programa de misiones para la próxima semana ha sido suspendido hasta nuevo aviso”, detalla el correo electrónico.
Los consorcios encabezados por José Cartellone Construcciones Civile, Helport, CCA Civil Panamá, Rovella Carranza, y Paolini Hermanos, necesitan los fondos para continuar con la etapa I de la construcción de seis corredores en el país, explican ambas fuentes.
Todos ellos comenzaron con los trabajos de mantenimiento y la adquisición del software para los peajes y otros ítems, que están siendo financiados con su propio efectivo, indica la segunda fuente.
Los consorcios deberán aunar fuerzas con los bancos para mantenerse dentro de los plazos del cierre financiero que la administración de Mauricio Marcri ha decidido mantener sin cambios, subraya la misma fuente.
El Ministerio de Transporte había analizado dividirlo en tres o cuatro partes para darles más tiempo para encontrar fuentes que respaldaran el desarrollo de los proyectos, pero finalmente esto quedó sin efecto.
De los doce bancos comerciales que habían mostrado interés en financiar el fideicomiso especial a fines de 2018, incluyendo Citigroup, Itau BBA, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Group, cuatro confirmaron que deseaban participar en el proceso, y uno de ellos acaba de abandonar, revela la segunda fuente.
Actualmente, el grupo liderado por BID Invest incluye a UBS, JPMorgan y Citibank, sostiene la primera fuente, y agrega que Itaú decidió dejar el consorcio. El préstamo sindicado de 900 millones de dólares a corto plazo está conformado por un crédito de 200 millones del BID Invest y otro de 700 millones de las entidades privadas, confirma la misma fuente.
Banco de la Nación Argentina también se sumó con un aporte de 200-300 millones de dólares para completar los 1.200 millones que se necesitan para financiar para la construcción de la etapa I del proyecto, que precisa de 8.000 millones para estar terminado en su totalidad.
Esos fondos formarán parte de un fideicomiso creado por el Gobierno Nacional y administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para ayudar a las empresas que tienen dificultades para obtener el dinero para comenzar con el desarrollo de las rutas debido a las investigaciones de la Justicia sobre las constructoras que pagaron sobornos a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Esto se debe a que los bancos comerciales locales y extranjeros enfrentan problemas de “cumplimiento” al intentar darles préstamos directamente, debido a la incertidumbre por lo que pueda ocurrir durante el proceso judicial.
El fideicomiso les prestará a las compañías a la misma tasa que reciba los fondos. Esto estará respaldado con los mismos requerimientos que los bancos generalmente les solicitan a las compañías individualmente, incluidas las garantías corporativas.
Los certificados de trabajo (TPIs) denominados en dólares serán emitidos trimestralmente por el Gobierno con vencimiento después del cuarto año del proceso, para pagar los avances de la construcción. La administración Macri creó otro fideicomiso especial con fondos del impuesto al gasoil y los pagos del peaje de las nueve autopistas Ricchieri para abonar los certificados.
En caso de que las Justicia condenen a algunas de las empresas constructoras y, posteriormente, no puedan continuar con el pago del préstamo, el fideicomiso se hará cargo de la deuda y, luego, recuperará el dinero mediante la ejecución de garantías y el cobro de los TPIs.
José Cartellone fue adjudicada con un contrato de 801 millones de dólares para construir 413,80 kilómetros de las autopistas 7 y 33 en Corredor C y la UTE compuesta por Helport, Panedile Argentina, Eleprint y Obras y Servicios (COPASA) con otro para las obras de 1.024,80 kilómetros en el Corredor E y F.
A la UTE CCA Civil Panama-Green se le otorgó un contrato para desarrollar 534 kilómetros en la ruta 5, en el Corredor B, mientras que el consorcio integrado por Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil Latin America BV ganó uno para las obras del Corredor Sur y la UTE Paolini Hermanos-Vial Agro SA-INC SpA obtuvo uno para el Corredor A.
El BID suspende negociaciones para financiar rutas y autopistas por USD 900 millones
Los contratos fueron adjudicados por el gobierno nacional bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP).