¿Hacia dónde van las energías renovables en la Argentina?

El gobierno nacional incumplirá las metas de generación de energías renovables establecidas en la ley 27.191 para 2025 y el compromiso de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2030 que propuso el presidente Alberto Fernández en la Cumbre Internacional de Líderes sobre el Clima organizada por Estados Unidos en abril si no toma medidas urgentes para reactivar al sector.
Según el informe “Energía Renovables en Argentina: Desafíos y oportunidades en el contexto de la transición energética global”, elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y KPMG Argentina, la “Argentina necesita una hoja de ruta energética que articule los incentivos del sector público y el sector privado dando un horizonte de visibilidad a 2030 y 2050”.
“Aún el camino es incierto para poder alcanzar el compromiso asumido del 20% en el año 2025 conforme la legislación vigente. Para conseguirlo, será importante la colaboración de todos los sectores. Será crítico un liderazgo que pueda establecer una política de estado que logre fijar una visión clara de largo plazo”, señalan desde CADER.
En tanto, KPMG sostiene que el país “debe restablecer las condiciones que permitan atraer las inversiones necesarias para transformar su matriz energética y convertirse en un productor relevante de energías renovables a nivel regional y mundial desarrollando una industria competitiva y creando empleo de calidad”.
En la actualidad, la Argentina registra emisiones de 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) lo que la ubica en volúmenes per cápita 15% más altos que el promedio de los países del G20 y se comprometió a reducirlas en cerca del 40% a 349 MtCO2e para 2030. Si no se toman medidas urgentes, ambas entidades estiman que la economía nacional podría alcanzar valores cercanos a las 592 MtCO2e para esa fecha.
Por eso, sostienen que para que el país pueda cumplir con su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), necesitará realizar “profundos cambios estructurales en la economía” local y, especialmente, en la matriz del sector energético, que es donde se produce el 53% de las emisiones totales.
En este escenario las fuentes renovables de generación podrían convertirse en una herramienta importante para conseguir este objetivo ya que le permitiría reducir 27 MtCO2e, lo cual equivale a más del 25% de los recortes totales necesarios que precisa hacer esta industria para 2030.
La “Argentina necesita una hoja de ruta energética que articule los incentivos del sector público y el sector privado dando un horizonte de visibilidad a 2030 y 2050 – señala el reporte -. El país podrá aprovechar la tendencia global hacia las finanzas sostenibles (bonos y préstamos verdes) manteniendo la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria”.
Esta es una de las mayores debilidades con la que cuenta el país ya que desde 2019 tiene totalmente paralizado el acceso al financiamiento internacional debido a la crisis financiera local, a la que se le sumó la cesación de pagos de su deuda y las restricciones cambiarias y al giro de divisas que aún continúan vigentes.
“El acceso al financiamiento es una barrera principal en el país. El sistema financiero argentino tiene escasa profundidad y plazos limitados, lo cual obliga a una alta participación de capital propio en el financiamiento de las empresas argentinas y, en particular, de las pymes. La relación créditos al sector privado sobre el PBI se ubica en 12,60%, siendo muy inferior al promedio de los países latinoamericanos que alcanza niveles en torno al 50% sobre el PBI – señala el informe -. Es necesario que la Argentina logre ampliar las líneas de crédito disponibles en el marco de los mecanismos internacionales de financiamiento climático de manera de canalizar fondos a proyectos de pequeña y mediana escala a través del BICE y la banca local. Finalmente, se requiere el fondeo del FODIS y el FODER, creados por las leyes 27.191 y 27.424, con aportes del Tesoro Nacional”.
Incluso, los beneficios fiscales establecidos en la normativa de renovables tampoco cumplieron con el objetivo que había planteado el gobierno ya que, al ser en pesos, las sucesivas depreciaciones de la moneda local y la creciente inflación los terminaron licuando ya que fueron abonados con retrasos de hasta dos años.
“Dado que los créditos fiscales están nominados en pesos, han sufrido una importante devaluación en su poder adquisitivo en los últimos años desnaturalizando los beneficios. En este sentido, el diseño del sistema tributario argentino no resulta eficiente ya que genera una importante carga fiscal a los proyectos”, subraya en informe.
Por eso, señala que la Argentina debe contar con “un equilibrio macroeconómico que permita restablecer los precios relativos de la economía y del sector energético reflejando adecuadamente los costos reales de producción. Esto es necesario para dar señales que orienten las decisiones de consumo racional y las decisiones de inversión en el sector”.
Por otro lado, CADER y KPMG señalan que el país debe dar señales de respeto a las reglas del juego para poder atraer las inversiones que necesita el sector para poder desarrollarse, algo que no ha logrado en las últimas décadas.
“La seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones necesarias para la inversión dado que las inversiones en energías renovables se recuperan en un horizonte de largo plazo”, señala el informe.
Una muestra de esto son los cerca de 2.000 MW de proyectos renovables que se encuentran paralizados desde 2018 a la espera de que el gobierno nacional tome alguna decisión sobre su destino.
La Secretaría de Energía de la Nación ya lleva 22 meses sin haber dado señales claras de lo que realizará. Si bien ha tomado algunas medidas parciales con los contratos asignado para el Mater y algunos de las RenovAr, el grueso aún está a la espera de una normativa que pareciera nunca llegar, como informó Desarrollo Energético.
“El tratamiento de estos proyectos debe basarse en los principios de la seguridad jurídica a fin de consolidar la confianza entre el sector público y el sector privado de manera que se viabilicen las futuras inversiones garantizando – destaca el informe -. El puente hacia la transición energética deberá construirse a partir de los proyectos frustrados a causa de los desequilibrios macroeconómicos que ha sufrido el país. Se requiere una resolución que favorezcan la liberación de potencia objeto de prioridades de despacho para proyectos con demoras evitando las duplicaciones de costos y los efectos retroactivos que aumentan las probabilidades de litigio. Una resolución de estos proyectos que sea consistente con los objetivos de la Ley 27.191 refuerza las posibilidades de llevar a cabo una transición energética exitosa en base a la confianza y al crédito nacional e internacional”.
A esto, se le suman la incertidumbre que le crean al sector iniciativas como la del Municipio de Puerto Madryn que emitió normativas con las que aplicó dos tasas municipales sobre la construcción de los parques y sobre seguridad, higiene y control ambiental, las cuales representan alícuotas del 2% de la inversión y 4,50% de las ventas, respetivamente, como adelantó Desarrollo Energético.
“En la medida que la Argentina sea capaz de ofrecer seguridad jurídica y reglas estables para la inversión, el país podrá aprovechar el creciente flujo de inversiones disponible en el mundo para el sector de energías renovables en el marco de la tendencia global hacia las finanzas sostenibles”, afirma Ramiro Isaac, director de Finanzas Corporativas de KPMG Argentina, en la presentación del informe.
Finalmente, un punto que también es importante para el desarrollo y expansión de las energías renovables es el incremento de la capacidad de transporte del país, ya que la actual sólo pedsamite cubrir el 12% de la demanda con generación de este sector, por debajo del 20% requerido por la ley 27.191 para 2025.
Para lograr estos objetivos, la Argentina precisa realizar una ampliación de la red de cerca de 2.200 kilómetros de líneas de alta y ultra alta tensión, para lo que se necesitará de la llegada de inversiones multimillonarias del exterior. Eso sólo se conseguirá si se solucionan primero las cuestiones financieras, macroeconómicas y de seguridad jurídica,
“La expansión del sistema de transporte requiere de un plan de inversiones de largo plazo integrado al plan nacional de transición energética a 2030. Dadas las restricciones presupuestarias del estado nacional, el modelo actual de financiamiento basado en fondos públicos ya no resulta eficaz para expandir la red con la velocidad que exige una transición energética exitosa, por lo que se requiere la consideración de esquemas que permitan la participación del sector privado”, resalta el informe.
Las proyecciones muestran crecimiento de la demanda eléctrica de entre el 21% y el 64% a 161-218 TWh para 2030 en comparación con 2018. En este contexto, CADER y KPMG estiman que es factible incorporar entre 12,20 y 17,80 GW de fuentes de generación de energías renovables alineadas al objetivo de consumo del 25% establecido por la Ley 27.191, al cual se suma un 29% de las hidroeléctricas de gran escala. Incluso, prevén que el sistema requerirá la incorporación de potencia firme para asegurar un margen de reserva del 20%.