La continuidad de la licitación para la para la construcción del complejo hidroeléctrico Portezuelo del Viento, de 210MW, en la provincia de Mendoza dependerá del pago de la segunda cuota del financiamiento de 1.023 millones de dólares que deberá hacer el gobierno nacional en enero, afirma una fuente cercana a la administración de Alfredo Cornejo.
El plan original establecía que las empresas interesadas tendrían hasta el 4 de marzo de 2020 para preparar sus ofertas, fecha pautada para la apertura del primero de los sobres. El resultado del segundo, correspondiente a la propuesta técnica, se había pautado para el 8 de abril y, el último, con la parte económica, para agosto.
La provincia pensaba tomarse dos meses para analizar toda la información y esperaba adjudicar el contrato entre octubre y noviembre del próximo año, como fue adelantado por Desarrollo Energético.
Sin embargo, todo este esquema ha sido puesto en duda ahora, debido al cambio de gobierno y a la posible restructuración de la deuda local que deberá llevar adelante la administración de Alberto Fernández, destaca la fuente.
Según el acuerdo firmado entre el actual presidente y Cornejo, el Estado nacional tendrá que pagar 13,92 millones de dólares en enero, correspondiente a las letras del Tesoro (Letes) en moneda estadounidense que le dio como parte del financiamiento de Portezuelo del Viento. El resto deberá hacerlo trimestralmente hasta 2024.
“Habrá que esperar a que asuma el nuevo gobierno para ver qué planes tiene con respecto a esto”, resalta la fuente. Como parte del pago de la deuda que tenía el gobierno con la provincia de Mendoza, el Ministerio de Economía depositó los títulos en un fideicomiso especialmente creado para este fin, que será utilizado para fondear las obras.
Si la administración de Alberto Fernández no abona el vencimiento de enero, será difícil que la provincia pueda continuar con el esquema original que se había planteado para la licitación y deberá postergarlo hasta que llegue a un acuerdo de pagos, explica.
De concretarse el desembolso, el proceso también se mantendrá en vilo ya que estos títulos podrían ingresar en la restructuración de los bonos con ley local y extranjera que planea hacer el gobierno nacional para postergar los vencimientos de 2020, destaca la misma fuente y agrega que aún no está en claro si van a ser incluidos o no y que en caso de que eso ocurra pondrá en riesgo la continuidad del proyecto.
El Ministerio de Economía se comprometió a pagarle al fideicomiso de Portezuelo del viento 84,83 millones de dólares durante el año entrante, 232,98 millones en 2021, 211,22 millones en 2022, 448,03 millones en 2023 y 45,40 millones en 2024.
La Argentina tiene vencimientos de 12.700 millones de dólares de capital, más 2.700 millones de intereses, que incluye Letes, Lecap y otras títulos en pesos (7.500 millones de capital y 1.400 millones de intereses) y en 5.200 millones y 1.100 millones de dólares respectivamente con el sector público en el mercado local en 2020.
A esto, hay que sumarle los 13.000 millones de dólares de capital y 2.500 millones de interés de títulos en pesos y 9.700 millones y 1.800 millones de obligaciones negociables en dólares con ley local y otros 400 millones de capital y 4.100 millones de interés con ley extranjera, que en su mayoría deberán abonarse en el primer cuatrimestre del año próximo.
“Queremos pagar. Argentina se tiene que poner de pie. La comunidad internacional lo entiende y creo que nos va a acompañar”, destacó Fernández en una entrevista con el ex mandatario ecuatoriano, Rafael Correa.
La restructuración de la deuda va a depender de que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que a los bonistas “lo que les interesa ver es la capacidad de pago que va a tener el país en cinco años” y el organismo lo sigue viendo como una “ISO 9000, como algo que es una garantía de que mínimamente es algo razonable”, explica el director ejecutivo de la consultora EconViews, Miguel Kiguel, en la conferencia “Argentina: oportunidades y desafíos de cara al futuro”, organizado por la agencia S&P Global Ratings.
En tanto, sostiene que “la Argentina no necesitaría una quita nominal porque el ratio deuda/PBI no es tan alto y si la economía mejora bajaría rápidamente. El problema central son los intereses en los próximos años, que equivalen a tres puntos del PBI”. Por esa razón, estima que la quita podría ser de entre un “30 y 40% del valor presente”, lo que le permitiría al país tener una nueva oportunidad de volver a crecer.
Un proyecto accidentado
El proceso licitatorio de Portezuelo del viento fue postergado en cuatro ocasiones durante la presidencia de Macri debido a los cambios en el sistema de financiamiento que pedía el Ministerio de Economía.
El gobierno debe financiar el desarrollo completo de las obras ya que firmó un acuerdo con la provincia cambiar un juicio de 1.000 millones de pesos contra el Estado Nacional en 2006 por los fondos para construir la represa.
Originalmente, el Ministerio de Economía planeaba financiar los 1.023 millones de dólares con su propia caja, pero esto tuvo que modificarse después de que el país comenzara a tener problemas para acceder a los mercados internacionales de deuda a comienzos de 2018.
Entonces, el gobierno nacional modificó el esquema y decidió licitarlo bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP), que implicaba que su desarrollo debía ser fondeado en un 75% por la empresa ganadora del contrato y el resto con dinero público. Esta propuesta también fracasó debido a la reducción del déficit fiscal acordado con el FMI.
En diciembre de 2018, el por entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que planeaba respaldar el proceso con créditos bilaterales y multilaterales. Sin embargo, esto tampoco pudo llevarse a cabo por las restricciones impuestas por el organismo internacional.
Finalmente, el Ministerio de Economía logró acordar con el FMI que Portezuelo del viento se trataba de una deuda pasada y que sería pagada paulatinamente en los próximos cinco años con Letes en dólares.
El proyecto
La empresa que resulte adjudicada con el contrato deberá construir una represa de 176 metros de alto y 529 metros de largo, instalar tres turbinas Francis de 72,20 MW, además de realizar trabajos de campo, rutas y líneas de transmisión de alta tensión.
Al menos 30 empresas locales y extranjeras han mostrado su interés en la licitación. Constructoras estadounidenses, chinas y europeas y productores de turbinas, incluidas IMPSA y Voith, se pusieron en contacto con el gobierno de Cornejo para solicitar información sobre el proceso.
Los pliegos incluyen una ventaja en la calificación final para aquellas compañías que incorporen componentes, servicios o insumos adquiridos a proveedores mendocinos en su propuesta.
Por Hernán Dobry