Portezuelo del Viento pasará a la historia no sólo por ser la única de las represas licitada en la Argentina en los últimos cinco años que costará más cara que el presupuesto estipulado en los pliegos, sino que, además, será recordada por la magnitud del descuento (pocas veces visto), presentado por el oferente que pasó el mejor precio, en este caso el único.
El 30 de junio, el consorcio Malal Hue propuso rebajar en forma “incondicional” un 22,61% a 989.286.678,11 millones de dólares tan solo su Oferta Básica con pavimento flexible desde los 1.278.313.319,69 originales y dejó sin ningún tipo de cambios las otras diez alternativas que había incluido en el sobre tres de la subasta.
Sin embargo, el descuento real que ofreció la UTE conformada por la china Sinohydro (46%) y las locales IMPSA (22%), Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) (16%) y Obras Andinas (OASA) (16%) realmente fue del 21,30% ya que en la oferta presentada en la licitación ya había incluido un recorte presupuestario del 1,67% para cada una de las variantes por terminar la construcción 30 días antes de los 1.853 estipulados en los pliegos y por solicitar sólo el 10% del monto total del contrato como anticipo financiero.
En la explicación que Malal Hue le remitió a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas, le aclaró que esta rebaja ya estaba incluida en la nueva propuesta, por lo que finalmente la reducción será de 267.678.809,14 dólares, 21.347.805,44 menos de lo que se anunció.
Más allá de esto, la mayor incógnita que escondía esta propuesta eran los fundamentos que daría el consorcio para justificar tamaño recorte en los precios, ya que, usualmente, estos ajustes “suelen rondar entre el 5% y el 6%” de lo presentado, según señalan desde las principales constructoras del país.
Este había sido uno de los requisitos que la Comisión le había solicitado oficialmente que incluyera en su pedido de mejora de oferta del 19 de mayo, mediante la resolución 184-PIP-2021.
Si bien este no era un requisito que formaba parte de los pliegos, como tampoco lo era el pedir una rebaja cuando hay un solo participante en la licitación, la UTE decidió cumplir con este punto, aunque no tenía la obligación de hacerlo.
Según Malal Hue, el recorte de 267.678.809,14 dólares de su presupuesto original se basa en las optimizaciones del costo financiero, de la línea de alta tensión, de la construcción de la estación transformadora Malargüe, de la línea de evacuación Portezuelo-Diamante, de la inspección de transportistas, de tareas de operación y mantenimiento, de distribución de inspección, de extensión del período de garantía y programática de la obra y del plan de acopio.
Sin embargo, sus fundamentos fueron por demás escuetos, ya que en los nueve puntos que incluyó en el documento, evitó detallar la ponderación que tenían cada uno de ellos dentro de la oferta, el monto individual que implicaban y de qué se trataban los cambios que llevaban a tamaña reducción de los costos.
Si bien no lo aclaró, el mayor recorte se debió a la cobertura del riesgo cambiario debido a la inestabilidad económico-financiera que plantea la Argentina para un proyecto de, al menos, cinco años de duración, tal como lo había adelantado Desarrollo Energético en abril cuando se abrió el tercer sobre.
“Cuando se preparó la oferta, no se sabía si el pago iba a ser en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial, por la incertidumbre de cómo iba a hacer los desembolsos el gobierno nacional. Esto desapareció hace pocos meses cuando el Ministerio de Economía empezó a depositar los dólares en la cuenta”, había explicado una fuente cercana a la administración de Suárez, en esa oportunidad.
Para aclarar esto y evitar que se cayera la licitación, el propio embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, debió garantizarles a los directivos de Sinohydro que los desembolsos se realizarían en dólares y que podrían girar los beneficios a su país sin problemas, como informó el portal MDZ, Diario de Mendoza.
Esto se basó en el acuerdo al que había llegado el gobierno nacional con la provincia en 2019 mediante el cual le pagaría la deuda que tenía pendiente con Letras del Tesoro (Letes) intransferibles denominadas en la moneda estadounidense con vencimiento trimestral por un total de 1.023.365.992 dólares para la construcción de Portezuelo del Viento y/u otros emprendimientos hídricos.
Por el momento, el Ministerio de Economía lleva desembolsados 215.361.862 dólares en el fideicomiso constituido especialmente para respaldar la construcción de la represa, correspondiente a las cuotas de octubre de 2019, enero, abril, julio y octubre de 2020 y enero y abril de 2021.
El gobierno de Alberto Fernández deberá realizar el próximo pago, de 46.319.402 dólares el 28 de julio y uno de 57.122.065 el 28 de octubre. Luego, Martín Guzmán tendrá que desembolsar en forma trimestral un total de 211.22.484 dólares en 2022; 448,0257.782 en 2023 y un saldo final de 30.901.391 el 28 de enero de 2024.
Como adelantó Desarrollo Energético, los directivos chinos sufrieron todo tipo de presiones políticas en las últimas semanas que los llevó a recapacitar y a desistir de su idea de bajarse de la UTE, como habían amenazado, para evitar poner en riesgo los demás proyectos que tienen en el país.
Desde Sinohydro se mostraban preocupados por el clima de tensión que se ha generado tanto en la provincia como a nivel regional en torno a la construcción de Portezuelo del Viento.
En las últimas semanas, 24 cámaras y agrupaciones empresariales mendocinas salieron a pedirle al gobernador que desistiera de continuar con el proceso, mientras que la Unión Industrial de Mendoza (UIM) el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) le dieron su respaldo.
A esto, hay que sumarle la cruzada que viene encarando la provincia de La Pampa para evitar que se construya la represa porque aduce que provocará una reducción en el caudal de los ríos de los que obtiene el agua para riego.
El gobernador Sergio Ziliotto había logrado que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) votara realizar un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto más amplio que el aprobado por el organismo en 2019.
Al no haberse conseguido el apoyo unánime quedó en manos del presidente Alberto Fernández decidir si apoya esta moción o la rechaza. Por el momento, el mandatario ha dado señales de que seguirá adelante con el desarrollo de Portezuelo del Viento.
De laudar a favor de La Pampa, el proceso podría retrasarse al menos dos años el inicio de las obras hasta que se termine el nuevo estudio de impacto ambiental. En caso de hacerlo por la posición mendocina, se le crearía un problema interno ya que Ziliotto es uno de sus aliados políticos.
Esta es una de las tantas disyuntivas que tiene el gobierno en torno a la construcción de la represa a la que, ahora, se suma que el Estado nacional participa activamente en la licitación ya que es la controlante de IMPSA, una de las empresas que forman parte del consorcio Malal Hue, el único oferente en el concurso de precios.
Más allá de esto, el ministro de Planificación e Infraestructura Pública mendocino, Mario Isgró, sostuvo que la provincia seguirá adelante con el proceso y que espera poder adjudicar el contrato antes de fin de año, aunque no tienen por delante tiempos contractuales estipulados que cumplir.
En ese lapso, el gobierno de Suárez deberá encontrar la forma de financiar las obras complementarias como la inspección y supervisión de los trabajos, cuestiones ambientales y expropiaciones relacionadas con Portezuelo del Viento, ya que de aprobar esta oferta se quedaría con un saldo de tan solo 34.079.313,89 dólares cuando originalmente pensaba contar con 139.323.992.
Para poder financiar esto, Mendoza tendrá que incluir estos gastos en las próximas partidas presupuestarias o, incluso, realizar algunos de estas tareas con personal propio, en lugar de contratar una consultora privada como tenía previsto.
Por Hernán Dobry