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22 abril, 2021
Energía Infraestructura

Una nueva pulseada por Portezuelo del Viento

El gobierno mendocino, el pampeano y el nacional volvieron a mover sus fichas para tratar de torcer el destino de la represa hidroeléctrica.

El gobierno mendocino y el de Alberto Fernández siguen jugando a las pulseadas con el futuro del desarrollo del proyecto para la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, de 210 MW.
Esto no hace más que generar incertidumbre y un clima de inseguridad jurídica en un país que carece de nuevas obras de infraestructura de gran tamaño para realizar en el corto plazo debido a la falta de financiamiento externo fruto de las restricciones cambiarias y al giro de divisas al exterior que rige desde finales de la administración de Mauricio Macri.
En un nuevo intento por paralizar el avance del proyecto, la Mesa de Trabajo sobre el Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento, convocada por el Ministerio del Interior de la Nación el 15 de marzo, propuso la creación de una comisión interjurisdiccional para el estudio del impacto ambiental que provocará la central hidroeléctrica.
Esta decisión generó polémicas entre mendocinos y pampeanos sobre la validez de esta nueva entidad. El gobierno de Rodolfo Suárez rechazó su autoridad ya que considera que están pasando por encima del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que es quien debe decir sobre estos temas
“Si bien esta entidad no tendrá poder de veto sobre la resolución tomada por el COIRCO sobre este tema e, incluso, viola sus propios estatutos, podría servirle como fundamento al Presidente para emitir su dictamen”, afirmó a BNamericas el subsecretario de Energía y Minería mendocino, Emilio Guiñazú.
En tanto, los pampeanos festejaron la conformación de la nueva comisión ya que se trata de una nueva piedra en el camino para el avance del proyecto que el gobierno de Suárez ya licitó y está en pleno proceso de evaluación de las propuestas económicas.
“Celebramos la concreción de una mesa política que defina y concrete estas cuestiones. Esta reunión se realiza en cumplimiento de lo requerido por los gobernadores de la cuenca, y nuestro trabajo es, ni más menos, que hacer cumplir la ley, que nos conmina a la realización de los correspondientes estudios y a garantizar la participación popular de manera previa a la concreción de la obra”, sostuvo el diputado nacional por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, tras la finalización del encuentro.
EL COIRCO ya había aprobado el 19 de marzo de 2019 el estudio de impacto ambiental realizado por las universidades nacionales de La Plata y del Litoral con el apoyo de Mendoza, Río Negro y Buenos Aires mientras que La Pampa lo rechazó y Neuquén estuvo ausente de la votación.
Con el cambio de gobierno, el mandatario bonaerense Axel Kicillof y la rionegrina Arabella Carreras decidieron modificar la postura que habían tenido en la gestión anterior y apoyaron la moción presentada por su par Sergio Ziliotto en el organismo el 17 de mayo de 2020 para rechazar ese documento, porque considera que su alcance fue limitado.
Como la votación fue 4 (La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén) a 1 (Mendoza) y las decisiones del Comité de Gobernadores del COIRCO deben ser tomadas por unanimidad, se debió recurrir a la mediación del Presidente de la Nación, quien ahora deberá decidir sobre el tema.
Según los mendocinos, esta nueva comisión sólo servirá para ayudarlo a Fernández a tomar una decisión al respecto, aunque señalan que tienen pocas esperanzas de que pueda laudar en su favor. Por eso, terminará apoyando la decisión de convocar a un nuevo estudio de impacto ambiental más amplio, que incluirá el que ya fue realizado y refrendado por el organismo.
“Respecto de esos estudios anteriores, la Nación y el resto de las provincias hemos coincido en que resultan ser parciales, y que solo pueden utilizarse como información para el nuevo estudio”, concluyó Pérez Araujo.
Hasta el momento, el gobierno nacional ha venido terciando en favor de los intereses pampeanos, el principal opositor a la construcción de Portezuelo del Viento. En Santa Rosa, aducen que la represa impactará en el caudal de la cuenca del río Colorado y provocará sequías en su territorio y que los mendocinos no quieren escuchar sus reclamos.
“Si tuviéramos que definir en una palabra a Mendoza, sus habitantes y sus políticas, no me caben dudas, negacionistas. Porque niegan: el derecho a la existencia de un río en común con otra provincia; el derecho y la obligación a participar en sus beneficios y responsabilidades; el derecho de todos sus abajeños a lo que las circunstancias naturales, la ley y la historia les otorgan; el derecho de los demás a ser contemplados en los proyectos que los afectan; el derecho al agua, al suelo fértil y productivo; el derecho a la sustentabilidad productiva y ambiental; el derecho y obligación al respeto a instituciones de las demás provincias y de la Nación”, sostuvo el representante pampeano ante el Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), Jorge Scarone, al Diario de La Pampa.
Desde que asumió el poder, Alberto Fernández, no ha hecho más que escuchar los reclamos del gobernador peronista pampeano, Sergio Ziliotto, y desestimado los reclamos del mandatario mendocino de Juntos por el Cambio, Rodolfo Suárez.
A esto, se sumó que las autoridades rionegrinas, neuquinas y bonaerenses también se encolumnaron con los pampeanos para frenar el avance de Portezuelo del Viento, con la llegada al poder del Frente de Todos, cuando en la gestión de Mauricio Macri habían apoyado el proyecto.
Si bien la decisión que tome esta comisión y el resultado que pueda tener el laudo presidencial no afectarán directamente el avance de la licitación, impedirán el inicio de las obras ya que no podrán comenzarse hasta que no esté listo el nuevo estudio de impacto ambiental que está impulsando La Pampa.
Según calculan los mendocinos, este proceso completo podría llevar cerca de dos años para que esté terminado y aprobado el nuevo documento que permita lanzar oficialmente la construcción de la represa sobre el río Grande.

Su propio camino
Si bien están preocupado por el avance pampeano en el COIRCO, las autoridades mendocinas decidieron seguir adelante con el desarrollo de la licitación para la construcción de Portezuelo del Viento.
Por el momento, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas ya ha aprobado la propuesta técnica presentada por el consorcio Malal-Hue, el único que participó del proceso, y decidió abrir los sobres con las ofertas económicas, paso previo para la adjudicación del contrato.
La UTE conformada por la china Sinohydro (46%), IMPSA (22%), Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) (16%), Obras Andinas (OASA) (16%), con la participación de China Gezhouba Group Corporation (CGGC), presentó seis alternativas que van desde los 884 millones de dólares hasta los 1.063 millones.
Ahora, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas, la Fiscalía de Estado y el Consejo de Obras Públicas de Mendoza deberá analizar las propuestas para decidir cuál de ellas es las más conveniente. Luego, le solicitarán rebajas al consorcio, ya que es el procedimiento que suele utilizarse cuando hay un solo participante en una licitación pública realizada por el Estado provincial.
Este es el paso previo para la adjudicación. “Según el pedido del gobernador Suarez, [el análisis de las ofertas] debería ser lo más rápido posible porque en esta obra está depositada una gran expectativa con la generación de empleo, que tanta falta le hace a la provincia, esperemos que no nos lleve más de 60 días”, explicó su ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, a FM Vos (94.5).
Sin embargo, el gobierno mendocino aún se encuentra analizando los pasos a seguir ya que la firma del contrato de construcción de la obra haría correr los tiempos de su ejecución que podrían verse paralizados si La Pampa logra aprobar la realización del nuevo estudio de impacto ambiental o por alguna decisión política de Alberto Fernández.
Como adelantó Desarrollo Energético, la administración de Suárez analiza preadjudicar el proyecto y tomarse cerca de 18 meses para estudiar el panorama político y recién, después, rubricar el documento definitivo que de inicio a los trabajos.
Por el momento, El Ministerio de Economía de la Nación ya lleva desembolsados 151,27 millones de dólares en el fideicomiso constituido especialmente para respaldar la construcción de la represa, correspondiente a las cuotas de octubre de 2019, enero, abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.
El gobierno de Alberto Fernández deberá realizar el próximo pago, de 64,09 millones de dólares el 30 de abril, al que le seguirán otro de 46,32 millones el 30 de julio y uno de 57,12 millones el 29 de octubre.
Luego, el Ministerio de Economía tendrá que desembolsar en forma trimestral un total de 211,22 millones de dólares en 2022, 448,03 millones en 2023 y 45,31 millones en 2024, para cumplir con los vencimientos totales de los 1.023,36 millones de las Letras del Tesoro (Letes) intransferibles denominadas en la moneda estadounidense que emitió para financiar Portezuelo del Viento como parte de una deuda que tenía con la provincia.
Más allá de esto, aún quedará por verse qué postura tomará Alberto Fernández si Mendoza decide adjudicarle el contrato al consorcio Malal-Hue ya que el gobierno nacional se encuentra en pleno proceso de convencer a China de invertir en proyectos de infraestructura en el país y la UTE está encabezada por Sinohydro y cuenta con la participación de CGGC, dos empresas de ese país.
A su vez, también está inmerso en la compra de una mayor participación estatal en la productora de turbinas IMPSA, que también forma parte de los posibles ganadores de la licitación. De esta forma, una decisión adversa terminaría perjudicando sus propios intereses económicos.

Un proceso controvertido
El gobierno de la provincia de Mendoza recibió seis alternativas diferentes como parte de la propuesta económica que presentó el consorcio Malal-Hue, el único que participó de la licitación.
Las ofertas van entre los 884 millones y los 1.063 millones de dólares. En caso de optar por la más barata, la administración de Rodolfo Suárez podría ahorrarse hasta un 13,61% (139,36 millones) en la obra ya que cuenta con fondos disponibles por un total de 1.023,36 millones.
En cambio, si se decidiera por la más cara, deberá poner de su bolsillo la diferencia, ya que le quedarán por saldar 36,64 millones de dólares del financiamiento que le está pagando en cuotas el Estado nacional.
El porcentaje de ahorro podría incrementarse ya que el gobierno mendocino ya anunció que pedirá una mejora en la oferta del consorcio Malal-Hue, ya que se trata del único que se presentó en la licitación.
A no ser que el descuento sea demasiado grande, el concurso de precios de Portezuelo del Viento se convertiría en el que menor ahorro consiguió frente al presupuesto original en los últimos años en lo que respecta a las subastas para la construcción de una represa en el país.
La que mejor desempeño mostró fue la que organizó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en 2019 para levantar la central hidroeléctrica Aña Cuá (270 MW), en la provincia de Corrientes, con una diferencia del 51,98% frente a lo estimado inicialmente.
Allí, el consorcio Aña Cuá compuesto por Astaldi, Rovella Carranza y Tecno Edil se quedó con la obra civil, mientras que la alemana Voith Hydro obtuvo el contrato para la parte electromecánica.
En segundo lugar, se ubicó la licitación organizada por la Empresa Provincia Sociedad del Estado (EPSE) para la construcción de la central hidroeléctrica El Tambolar (70 MW), en la provincia de San Juan, con un ahorro del 35,52% frente al presupuesto original, también en 2019.
En esa oportunidad, el consorcio conformado por Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE), Panedile Argentina, Sinohydro Corporation y Petersen Thiele y Cruz se quedaron con el contrato para llevar adelante la segunda etapa de la represa sobre el río San Juan.
Más allá de las mejoras de precio que pueda obtener la provincia, la administración de Suárez es consciente de que cuando decida adjudicar la obra, sin importar el tiempo que pase, las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que quedaron afuera de la licitación por los requisitos que imponía los pliegos, también tratarán de impugnar la medida en los tribunales.
Los directivos de las principales compañías del sector intentaron en reiteradas oportunidades que el gobierno mendocino postergara el lanzamiento de la subasta, pero el mandatario se mantuvo firme y siguió adelante, lo que provocó que sólo recibiera una oferta, como informó Desarrollo Energético.
Esto es algo que no los empresarios no se lo perdonarán fácilmente a Suárez y como viejos conocedores de los pasillos de los tribunales, saben cómo poner piedras en el camino en los procesos en los que se quedan afuera.

Por Hernán Dobry

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