El gobierno mendocino busca resistir el nuevo embate que se produjo la semana pasada en medio de la guerra política y corporativa que se ha desatado en los últimos meses en torno a la licitación para la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, de 210 MW.
A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora en que las constructoras buscaban paralizar el proceso para levantar la represa sobre el río Grande, esta vez los ataques que podrían poner en riesgo su continuidad vinieron directamente del propio presidente Alberto Fernández.
La primera señal de lo que ocurriría en esta nueva batalla la dio la dio el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el 4 de junio cuando decidió revocar la resolución 2019-604-APN-M que había tomado su antecesor, Rogelio Frigerio, el 28 de noviembre de 2019.
Esa medida había archivado la solicitud de laudo presidencial pedida por la provincia de La Pampa el 17 de mayo de ese año, porque consideraba que no se cumplía con los requisitos previstos en la normativa del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) para su llamado para dirimir sobre las Normas de Manejos de Aguas y Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto Portezuelo del Viento.
En la RESOL-2020-95-APN-MI, De Pedro decidió, a su vez, remitirle la actuación al Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del COIRCO para que incluya este tema en la reunión que ya había sido convocada para el 26 de junio, para tratar otros seis diferendos entre sus miembros, a pedido de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Arabela Carreras (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
“Los gobernadores son los que tienen que hacer el esfuerzo de acordar lo relacionado a sus recursos compartidos, como lo es la cuenca del río Colorado, que pertenece a los bonaerenses, rionegrinos, pampeanos, mendocinos y neuquinos por igual – sostuvo el ministro -. El presidente Alberto Fernández está convencido de que hay que trabajar con todos los distritos y sectores, sin distinciones, para encontrar soluciones comunes a los problemas de todos los argentinos, construyendo acuerdos”.
Se trató de una primera estocada que tomó por sorpresa a los funcionarios cuyanos ya que no esperaban esta medida del gobierno nacional, aunque en un primer momento tomaron como un intento de Ziliotto para intentar frenar el proyecto, señalan dos fuentes cercanas a mandatario mendocino, Rodolfo Suárez.
“Nos sorprendió un poco. Lo vemos como una cuestión más técnica que jurídica. Si la Nación quería establecer un conceso con los gobernadores tenía una herramienta mayor que era el reperfilamiento de los bonos que nos dio para pagar la obra – explica una tercera fuente del gobierno provincial -. Cuando vimos que esta decisión se tomó el jueves, un día antes de la visita del Presidente a La Pampa, nos esperábamos que algo más iba a pasar, pero no lo que dijo”.
Mientras intentaban recuperarse del desconcierto inicial y analizar las consecuencias de la movida, se desayunaron con un nuevo golpe. Esta vez, fue el propio Fernández quien se los asestó directo a la mandíbula en medio de su primera visita al territorio gobernado por Ziliotto, el 5 de junio.
El ataque vino por dos flancos. El primero fue el político e hizo hincapié en el diferendo que mantiene Mendoza con La Pampa por el proyecto Portezuelo del Viento desde hace varios años.
“El río Atuel no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos. No hablo en contra de nadie, llamo a la reflexión a todos porque quien tiene la suerte de que en su territorio nace un río, no le da derechos hacer de él lo que le plazca. Quiero que el agua llegue a todos, porque argentinos son todos no solamente de los que nacieron en la provincia donde ese río nace. Hay que integrar también a las provincias entre sí – afirmó Fernández en conferencia de prensa -. Tenemos que cambiar y revisar muchas cosas. La naciente de un río no determina su propiedad, hay que tener presente eso. Este termina y confluye con otros que llegan a muchas provincias. Es un criterio de solidaridad. No puedo resolver mi problema a costa del de al lado. Creo que tengo que encontrar una solución con Mendoza, la obra tiene sentido si todos participan de su administración de la obra: si entre todos resuelven cuándo debe pasar más agua o no”.
Por eso, el mandatario sostuvo que “la obra debe servir a todos, no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega”, por lo que señaló que convocó a la reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del COIRCO del 26 de junio “para hablar de estos temas”.
El segundo golpe se lo asestó en lo que respecta al fondeo de las obras de la central hidroeléctrica, que había sido acordada con la administración de Mauricio Macri, el 13 de junio de 2019, a través de Letras del Tesoro (LETES) en dólares sin tasa de interés que vencerían a lo largo de un cronograma que se extiende hasta octubre de 2024.
“El gobierno que me precedió busco un acuerdo con Mendoza para financiar la obra lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré – resaltó Fernández durante su visita a La Pampa -. Si puedo entender la preocupación de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde llegue el río Atuel. No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel”.
Sorpresa general
Las medidas y declaraciones del gobierno nacional desconcertaron tanto a la administración mendocina como a los empresarios que buscaban frenar el avance de la licitación para encontrar la forma de participar en el proceso.
Por un lado, están quienes sostienen que los ataques de Alberto Fernández y su equipo son fruto de los pedidos que le realizaron las constructoras cercanas al Presidente para lograr que se extiendan los tiempos y se flexibilicen los términos de la licitación, como adelantó Desarrollo Energético.
“Hubo algunos que empresarios que hablaron con el gobierno para pedirle que intercediera”, resalta el titular de unas de las principales firmas del sector, que no participó de los encuentros, pero conoce de cerca los movimientos de sus pares.
Sin embargo, las propias compañías se sorprendieron con las palabras del mandatario al punto de que suspendieron la publicación de una solicitada, que tenía preparada para salir el domingo, liderada por José Cartellone Construcciones Civiles y que contaba con el apoyo de José J. Chediack y otras firmas locales.
“La decisión de pararla fue porque se trataba de un texto que apuntaba contra los problemas técnicos que tenía la licitación y no queríamos que se entendiera como algo político, después de los sucesos de la semana pasada”, afirma el mismo empresario que iba a participar del documento.
El texto señalaba, entre otras que cosas que “es imperioso en pos de asegurar la sana competencia que evite dilapidar parte del resarcimiento histórico que la provincia, a través de las distintas gestiones, ha logrado conseguir, se considere la ampliación del plazo para presentar ofertas y que se reformulen algunas consideraciones actuales en el pliego para garantizar una competitividad sana y adecuada con fuerte participación de la industria local”.
Desde la administración de Suárez sostienen que los ataques del gobierno nacional contra Portezuelo del Viento se deben al anuncio que realizó el bloque de senadores de Juntos por el Cambio el 4 de junio en el que informaban que rechazarían el pliego del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, cuando pueda ser tratado.
Para conseguir los dos tercios de los votos de la Cámara Alta que precisa para lograr la aprobación del magistrado como jefe de los fiscales, Alberto Fernández necesita de los cuatro legisladores mendocinos y jujeños de la oposición.
Ambas provincias se encuentran sometidas a una presión de parte del gobierno nacional, ya que Gerardo Morales teme que le intervengan la Justicia provincial por la prisión de Milagro Sala, mientras que Suárez ahora debe enfrentar el problema de Portezuelo del Viento a lo que se le suma que, hasta el momento, no ha recibido fondos de ayuda del Tesoro, que ya les fueron girados a otros Estados, señala una de las fuentes cercanas al mandatario.
“Las medidas que está tomando el Presidente es por el tema Rafecas. Lo van a poner en la picota a [el ex gobernador y actual diputado Alfredo] Cornejo. Es un apriete político – afirma la segunda fuente -. Estábamos esperando cuál iba a ser la moneda de cambio por los desembolsos de fondos para el proyecto que nos venían haciendo. Sabíamos que algo iba a llegar en algún momento”.
Uno de los principales empresarios de la provincia concuerda y destaca que “hay que tomar en cuenta que los movimientos que está teniendo la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien salió a apoyar a Portezuelo del Viento, como siempre lo ha hecho cuando todos se oponían, y puede ser la que salve el proyecto como mediadora entre Suárez y Cristina Kirchner, de quien es su mano derecha”.
Las autoridades provinciales van a pedirle explicaciones al Presidente durante esta semana, pero que igualmente van a esperar hasta ver lo que ocurra el 26 de junio en la reunión del COIRCO a la que el gobernador va a llevar toda la documentación sobre el proyecto, señala la tercera fuente.
Mientras tanto, Fernández Sagasti ya mantuvo varias conversaciones con Suárez el mismo viernes para hablar sobre las declaraciones del Presidente y las posibles consecuencias que podrían tener sobre el proyecto.
“Coincidimos que es momento de estar unidos, ser inteligentes y tenaces. Debemos buscar los consensos con otras provincias. A los que creen en el camino de las agresiones e intentos de división, no cuenten conmigo – tuiteó en su cuenta personal -. Portezuelo del Viento es una obra con la que estamos ilusionados y que es muy importante para los mendocinos, sobre todo para los habitantes del sur de nuestra provincia. Esperemos que el Gobernador pueda generar las condiciones para que podamos seguir avanzando en su concreción”.
Más allá de estos contratiempos, desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública mendocino sostienen que la licitación no se va a interrumpir ni se van a cambiar las fechas previstas para la apertura de las primeras ofertas, previstos para las 10 del 3 de julio. Las propuestas técnicas, que incluyen una básica, una alternativa obligatoria y variantes, se abrirán el 11 de agosto, y las económicas (que constan de estas mismas opciones), el 16 de noviembre.
“Así como superamos mil y una barreras para llegar hasta aquí, también superaremos esta”, resalta el subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Emilio Guiñazú, a través de su cuenta de Facebook.
El primero de los empresarios, que formaba parte del grupo que pensaba publicar la solicitada, diciente con esta postura y sostiene que el proceso debería haberse paralizado hasta que se aclare la situación
“Es una irresponsabilidad seguir adelante sin tener la certeza de que te van a seguir viniendo los fondos de las Letes. Qué empresa extranjera se va a querer meter en un proceso así, cuando va a tener que financiar parte de la primera parte de las obras sin saber si, luego, le van a pagar”, explica.
En tanto, un ministro de pampeano sostiene que ahora el futuro del proceso “depende mucho de lo que pase en la reunión del COIRCO”, pero estima que “se cae todo” lo actuado hasta el momento.
El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública también analiza la posibilidad de que los pliegos sean gratuitos, en lugar de los 100.000 dólares que debían abonar por ellos hasta ahora, para que las empresas interesadas puedan acceder a ellos y seguir trabajando en sus propuestas, explica la segunda fuente.
Este era un reclamo que le venía realizando varias compañías. “La venta del pliego a valores muy elevados (100.000 dólares), valor fijado luego de una importante reducción reciente, pero aun desproporcionado”, sostuvo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Iván Szczech, en una carta que le envió a Suárez el 13 de mayo, como informó Desarrollo Energético.
Esta medida perjudicaría al consorcio compuesto por IMPSA, Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) y Obras Andinas, que ya lo había comprado, por lo que el Ministerio analiza devolverles el dinero, explica la misma fuente.
Errores financieros
Las declaraciones de Alberto Fernández sorprendieron a las autoridades mendocinas, a los empresarios y a quienes siguen de cerca la licitación para la construcción de Portezuelo del Viento por la postura adoptada, pero, especialmente, por las imprecisiones y errores que cometió respecto del proyecto.
“Parecía alguien al que le metieron un cassette, porque dijo cosas que no tienen sentido”, afirma el titular de la constructora que formaba parte del grupo que pensaba publicar la solicitada.
Guiñazú concuerda y agrega: “Alberto Fernandez también distorsiona la realidad, no sabemos si por estar mal asesorado o por mala fe. Sus imprecisas declaraciones en La Pampa nos dan esperanzas de que sea lo primero”.
La primera de las imprecisiones y el que consideran más grave en Mendoza es el del fondeo del proyecto. En la conferencia, el mandatario sostuvo: “No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel”.
Su erro se basa en que el gobierno nacional no está fondeando las obras sino pagando un acuerdo extra judicial al que llegó Néstor Kirchner con el por entonces gobernador de la provincia, Julio Cobos, el 29 de agosto de 2006 para terminar con una disputa entre ambas partes que los cuyanos estaban llevando a cabo en la Corte Suprema, por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial que superaban los 7.000 millones de dólares, y que fue ratificado por ambas partes y por el Tribunal el 15 de diciembre de 2009.
Este es algo que Alberto Fernández conoce bien de cerca porque el decreto 687/2007 que concluyó con esta disputa fue firmado por él mismo, como jefe de gabinete, acompañando al primer mandatario y al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido.
Pese a esto, el gobierno nacional tardó casi una década en ponerse de acuerdo con los mendocinos sobre la forma en la que le abonaría la deuda y cómo y quién llevaría a cabo la licitación, como informó Desarrollo Energético. Finalmente, 23 de diciembre de 2016 el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y el gobernador Alfredo Cornejo suscribieron un convenio marco de colaboración para la ejecución de la obra que incluía el esquema de pagos que se llevaría adelante para llevar a cabo el proyecto.
“El Estado Nacional cancelará sus obligaciones con la Provincia mediante la emisión y entrega a la Provincia de letras intransferibles por un valor nominal total de mil veintitrés millones trescientos sesenta y dos mil novecientos veintidós dólares estadounidenses (U$S 1.023.362.922)”, estable el documento.
Por esa razón, el gobierno le depósito los bonos en una cuenta comitente que Mendoza tiene en el Banco de la Nación Argentina, cuyos fondos son transferidos a medida que van venciendo (el último día hábil de enero, abril, julio y octubre de cada año) a un fideicomiso constituido para la ejecución de las obras.
El esquema incluía un primer pago de 6.995.785 de dólares en 2019, que fue abonado por la administración de Cambiemos el 31 de octubre y, luego, otros cuatro que debía realizarlo Fernández a lo largo de 2020. Hasta ahora, cumplió con el de 16.339.783, el 31 de enero, y el de 18.579.735, el 28 de abril, y aún le queda pendiente uno de 29.990.796, el 31 de julio, y otro de 78.826.151, el 30 de octubre.
En los siguientes años, deberá desembolsar en cuatro cuotas 232.981.393 dólares en 2021; 211.223.484 en 2022; 448.025.782 en 2023 y, por último 45.310.327 en 2024 cuando se pensaba originalmente que debía estar terminadas las obras.
“El Estado Nacional no financia nada. Está pagando una deuda que tiene con la provincia de Mendoza por el juicio ganado en la Suprema Corte por los perjuicios generados por la promoción industrial. La plata es de Mendoza”, resalta Guiñazú.
Por eso, Fernández también se equivoca cuando señala que se trata de un pagaré y que puede dejar de abonarlo. En caso de que tomara esa decisión incurriría en una cesación de pagos, por lo que el gobierno de Suárez recurriría a la Corte Suprema para intimarla a cumplir con sus obligaciones, lo que postergaría todos los tiempos de la licitación o, en caso de hacerlo una vez que esté adjudicada, paralizaría las obras.
“No es un pagaré, sino Letras del Tesoro (Letes), aunque técnicamente se trata de un bono porque las Letes son de corto plazo. Lo están asesorando mal con el tema del financiamiento”, señala la primera fuente.
Incluso, si el COIRCO decidiera que Portezuelo del Viento no se puede construir por cualquier tipo de razón, el gobierno nacional debería seguir abonando los vencimientos de los títulos de deuda ya que el acuerdo que firmaron ambas partes establece los fondos son para este proyecto y/u “otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
“Podemos usar los fondos en otros proyectos hídricos que tenemos como Uspallata, Vaquero o Los Blancos, ya que Mendoza puede hacerlo por el acuerdo de 2019”, señala la primera fuente, aunque la segunda sostiene que “eso postergaría todo al menos dos años hasta que se pudiera convocar a una nueva licitación”.
El gobierno nacional podría haber reperfilado estos títulos cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán firmó el decreto 346, el 5 de abril, con el que estableció el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional en moneda extranjera.
Sin embargo, los incluyó dentro de las excepciones establecidas en el artículo 2 de la norma. “No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré”, explicó Fernández durante la conferencia de prensa en La Pampa.
“Cuando nos excluyeron del reperfilamiento, nos dieron una señal de que respaldaban el proyecto. En abril, cuando muchos dudaban estaba seguro de que iban a pagar”, señala la primera fuente, quien ahora se muestra escéptica de lo que podría ocurrir en el futuro.
Por eso, desde el gobierno de Suárez están preocupados por la posibilidad de que pudiera modificarse la norma y sumarlo a las demás obligaciones negociables que ya fueron postergadas, lo que paralizaría todo el proceso.
Fallas hídricas
Otro de los errores que cometió Fernández en la conferencia de prensa fue confundir el río Atuel con el Grande, donde será emplazada la represa Portezuelo del Viento, que forma parte de la cuenca del Colorado, que pasa por cinco provincias y no como el que mencionó que lo hace sólo por dos.
“No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel. El río Atuel no es de una provincia, es de cinco, y debe resolver el problema de todos”, destacó.
Este error podría haber pasado desapercibido y quedado tan solo en un furcio sino fuera porque se trata del centro de una disputa entre ambas provincias que lleva décadas. Los pampeanos le reclaman a los mendocinos que los embalses sobre el Atuel provocan que el río llegue casi seco a su territorio.
“El gobernador pampeano le estuvo hablando sobre el problema que hay sobre el Atuel unos minutos antes de la conferencia de prensa y a él le quedó ese tema en la cabeza y lo confundió durante la conferencia de prensa”, explica la primera fuente.
Como los reclamos de los pampeanos nunca han sido escuchados en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), ya que los mendocinos se niegan a participar de las reuniones, sus autoridades decidieron vengarse oponiéndose al avance de Portezuelo del Viento, aduciendo que va a provocarle un perjuicio similar.
“Portezuelo no desvía ni consume agua. No se entiende a que le temen. La Pampa no tiene problemas con Portezuelo, tiene problemas con el Atuel y lo usa para fortalecer su posición en ese otro conflicto. Mezcla conceptos, confunde y lamentablemente miente en la persecución de sus objetivos (lo mismo hacen algunos en Mendoza) – señala Guiñazú -. Lo que sucedió ayer (por el viernes) fue que la Pampa encontró un aliado en el Gobierno Nacional que también ha encontrado en Portezuelo una herramienta para negociar nuevamente cosas con Mendoza”.
La segunda y tercera fuente y el empresario local concuerdan en que el reclamo es real y que se debe al mal uso del agua que hacen los agricultores de las zonas de Alvear y San Rafael debido a que utilizan sistema de riego obsoletos en sus plantaciones de frutales y vid.
“Los pampeanos tienen razón. Mendoza gasta mucha agua con poca eficiencia. Utilizan el riego tradicional desperdicia líquidos que son absorbidos por la tierra en lugar de ir a los cultivos – explica la segunda fuente -. Deberían hacer inversiones en sistemas de goteo u otros más modernos. Podríamos usar 100 millones de dólares que van a sobrar de Portezuelo para esto. Pero el lobby del sector agrícola de la provincia es muy poderoso y se opone a cualquier cambio porque dicen que sus empresas no serían rentables”.
La tercera fuente concuerda y explica que la provincia tomó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar su programa Mendoza Tecnológica en 2005 con el que se completó el sistema primario de riego y la mitad del secundario, pero que, en el terciario, que corresponde a la parte inter-propiedades, no se ha hecho nada.
“Esta podría ser una moneda de cambio con La Pampa que podría destrabar el conflicto ya que Portezuelo es un proyecto que los va a beneficiar, pero es casi imposible torcerle el brazo al sector agrícola provincial que tiene mucho poder desde hace décadas”, resalta la segunda fuente.
La herramienta burocrática
La decisión de De Pedro de anular la medida de Frigerio de archivar la solicitud de convocar a laudo arbitral para que el Consejo de Gobierno del COIRCO tratara las Normas de Manejos de Aguas y Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto Portezuelo del Viento, preocupa a los mendocinos, pese a que dicen contar con toda la documentación necesaria para sustentar su posición.
Al mismo tiempo, destacan que la propuesta presentada por el ministro del Interior carece de fundamento porque no es función de ese organismo votar ese tipo de documentación.
“Cada comité tiene sus alcances y responsabilidades. Las cuestiones técnicas y administrativas se tratan dentro del Comité Ejecutivo las estratégicas y políticas en el Comité de Gobernadores”, explica Guiñazú.
El gobierno pampeano había solicitado esta medida como último intento por frenar el proyecto que ya contaba con un laudo en contra del presidente Mauricio Macri y un fallo negativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entonces, el 17 de mayo del año pasado solicitó que el Consejo de Gobierno aprobara el Procedimiento para el primer llenado de Agua, las Normas de Manejos de Aguas y Estudio de Impacto Ambiental Regional, que ya habían sido votadas favorablemente por el Comité Ejecutivo en 2017 y 2019.
“Viendo perdido su caso y fiel a su estrategia, La Pampa pretendió embarrar la cancha una vez más pidiendo una nueva e innecesaria intervención del Comité de Gobierno para obligar a un nuevo laudo presidencial y así seguir demorando el proceso. Esto fue correctamente rechazado por el ministro del Interior y archivado”, resalta Guiñazú.
La segunda fuente concuerda y destaca que “querían que el Impacto Ambiental lo votaran los gobernadores, que como no iban a poder hacerlo por unanimidad, iba a terminar forzando a Macri a tener que volver fallar en contra de ellos, con lo que lo ponían en un problema político y les servía para usarlo en sus internas provinciales. Por eso Frigerio falló en contra”.
La construcción de Portezuelo del Viento había sido aprobada por los mandatarios por 4 a 1 en enero de 2018, por lo que Verna solicitó el laudo presidencial que le resultó desfavorable. Por eso, apeló ante la Corte Suprema, que nuevamente falló en su contra.
Por esta razón el COIRCO contrató a las universidades Del Litoral y La Plata para que realizaran el Estudio de Impacto Ambiental Regional, mientras que la de Cuyo llevó a cabo el de Mendoza. Estos reportes fueron votados por el Comité Ejecutivo con el mismo resultado en 2019.
Dos años antes, el mismo organismo había aprobado los planes de llenado y de generación, que le habían suministrado la información fundamental para poder completar estos trabajos a las entidades académicas.
La medida de De Pedro ahora enturbia el panorama de la licitación ya que trae incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con el Estudio de Impacto Ambiental Regional. Sin embargo, desde Mendoza destacan que lo único que se anuló fue la decisión de Frigerio de que el Presidente no mediara en la votación que le iba a ser desfavorable a La Pampa.
Ziliotto calcula que los nuevos gobernadores, en su mayoría del oficialismo, apoyarán la votación, pero al no contar con unanimidad como lo requiere el Estatuto del COIRCO, quedará en manos de Alberto Fernández decidir si estos documentos son válidos o no.
“En caso de que el Presidente falle en contra, vamos a apelar el fallo ante la Corte Suprema, como lo hizo antes La Pampa en su momento, que ya se pronunció una vez a favor del proyecto”, explica la segunda fuente.
De cualquier forma, la reunión de gobernadores del 26 de junio se prevé que será bastante tensa ya que hay otros seis puntos para tratar, entre ellos los diferendos que mantiene Ziliotto con Carreras por el Tapón de Alonso que impide la llegada de las aguas del río Curacó al Colorado y con Kicillof por los problemas que le está trayendo dique Casa de Piedra para poder regar la zona de Corfo en la provincia de Buenos Aires.
“Muchos de estos problemas se resolverían con la construcción de Portezuelo del Viento porque la represa regularía todo el año la llegada de agua al río Colorado y, de esta forma, beneficiaría tanto a La Pampa como a Río Negro y Buenos Aires”, concluye la segunda fuente.
Por Hernán Dobry