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3 mayo, 2021
Minería

La nueva normativa del gobierno deja sabor a poco en la minería

El Régimen de fomento de inversión para las exportaciones tendrá un leve impacto en los proyectos que están a la espera de conseguir financiamiento.

El gobierno de Alberto Fernández ha tratado infructuosamente de convencer a los empresarios extranjeros que confíen en la Argentina e inviertan en proyectos productivos en el país en sectores como la minería, el petróleo, el gas, la energía y la infraestructura.
Los resultados, hasta el momento, han sido prácticamente escasos, en especial en lo que respecta a la minería, una industria que podría movilizar las economías regionales y las exportaciones locales, pero que no logra despegar en forma masiva.
Pocos son los empresarios e inversores extranjeros que están dispuestos a traer su dinero al país, donde las reglas del juego varían constantemente, tienen prohibido el acceso a la compra de dólares, les resulta imposible girar los dividendos a sus casas matrices en los montos que quieran y cuando lo desean y sus negocios son gravados con cada vez más impuestos que, muchas veces tornan inviables sus operaciones.
La Argentina ha visto desaparecer la llegada de inversión extranjera directa desde finales de 2019 cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció limitaciones a la compra de dólares y al giro de divisas al exterior durante el gobierno de Mauricio Macri, medidas que Alberto Fernández ha intensificado durante el año pasado.
El país se ha tornado una máquina de impedir y la actual gestión hasta ahora no ha hecho más que poner parches a estas limitaciones con medidas para atraer dólares (Plan Gas, Comunicación “A” 7123), que no atacan los problemas de fondo y sólo han dejado en evidencia la precaria realidad local.
El último intento lo hizo el Presidente el 6 de abril cuando firmó el decreto 234/2021 con el que creó el Régimen de fomento de inversión para las exportaciones, con el que pretende convencer a los empresarios forestales-industriales, mineros, hidrocarburíferos, manufactureros y agroindustriales que vuelvan a confiar en el país y que ayuden a potenciar las ventas de productos locales al exterior.
“Necesitamos converger hacia un esquema de inversiones de capital que facilite y que aliente las inversiones en la economía real y desaliente el movimiento de capitales de muy corto plazo que generan movimientos desestabilizantes en el tipo de cambio que afectan negativamente a la economía real”, les explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, el día anterior a los referentes de las principales compañías de estos sectores en una reunión que mantuvo en la Casa Rosada y de la que también participaron su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y a la que se sumó Fernández a través de videoconferencia.
Del otro lado, lo escuchaban atento Hugo Eurnekian y Emilio Nadra de Compañía General de Combustibles (CGC), Alfredo Vitaller de Josemaría Resources, Daniel Herrero de Toyota Argentina, Martín Galdeano de Ford Argentina, Thomas Owsianski de Volkswagen Group Argentina, Federico Veller de Profertil, Teófilo Lacroze de Raízen Argentina, Juan Martín Bulgheroni de Pan American Energy (PAE) y Pablo Vera Pinto de Vista Oil & Gas.
Minutos después Todesca les explicó algo que todos ellos conocen de memoria y a lo que muchas veces les resulta imposible encontrar soluciones. “Las regulaciones del mercado de cambios en la Argentina hacen de la tarea productiva que siempre es un desafío un aún mayor”, sostuvo la vicejefa de Gabinete.
Todos estos discursos buscaban adelantarles a los empresarios los detalles del decreto que Fernández firmaría al día siguiente para crear el Régimen de fomento de inversión para las exportaciones.
La normativa establece las compañías interesadas en participar deberán presentarle a los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo propuestas con una inversión mínima directa de 100 millones de dólares como mínimo destinadas a nuevos proyectos o a la ampliación de los existentes que busquen incrementar la producción para la exportación.
A cambio, podrán utilizar hasta el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones para el pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y a la repatriación de inversiones directas de no residentes.
El monto del que podrán disponer cada compañía no podrá superar anualmente el 25% de los fondos que haya ingresado al país como inversión como parte de este nuevo programa.
A su vez, establece que esta “previsibilidad” en el acceso y giro de divisas al exterior será garantizado durante quince años, desde la fecha de emisión del Certificado Inversión para Exportación, por lo que las compañías beneficiarias no podrán ser afectadas por “ningún tipo de normativa más gravosa” que surja durante ese período.
“El decreto da mayores certidumbres a los inversores en el sector de divisas”, afirmó Kulfas ante cerca de 500 inversores y especialistas internacionales en el seminario virtual “La industria argentina del litio y su papel en la transformación global de las energías renovables” organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo el 7 de abril.
Esto no hace más que desnudar la desconfianza que existe actualmente sobre el país entre los inversores extranjeros. Por un lado, el gobierno está firmando un decreto para asegurarles que nadie va a violar la norma que está emitiendo, al menos mientras esté vigente, algo pocas veces visto en el mundo de los negocios.
Por otra parte, está admitiendo implícitamente que durante los próximos quince años va a haber restricciones al acceso al mercado cambiaria y al giro de divisas al exterior, algo que trae poca tranquilidad a los empresarios que puedan estar mirando a la Argentina como una oportunidad.
“Esto implica que piensan seguir interviniendo en el mercado cambiario al menos durante ese tiempo, lo que no hace más que generarles dudas a los inversores extranjeros”, afirma un ex funcionario de la secretaría de Minería de la Nación.
Por otra parte, deja desamparadas a las compañías a lo que depare el futuro lejano en el país luego de estos quince años cuando muchos proyectos están pensados a 30-35 años, en especial en los sectores hidrocarburíferos y mineros, a los que busca atraer con la medida.
Finalmente, deja al desnudo la desesperación del gobierno por conseguir dólares frescos ya que el Presidente decidió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para lanzar este nuevo régimen, cuando tranquilamente podría haberlo enviado al Congreso, que se encuentra en plena actividad legislativa.

Desconfianza corporativa
Una de las grandes sorpresas durante el anuncio del nuevo régimen fue la presencia de una sola empresa minera entre los invitados, cuando el decreto apunta al incremento de las exportaciones de ese sector.
Este aparente desinterés por esta industria llevó a que las compañías y los funcionarios de las principales provincias mineras desconocieran los alcances de la medida, incluso después de publicada en el Boletín Oficial.
Ante la consulta de Desarrollo Energético, muchos de ellos pidieron tiempo para poder analizar el impacto que tendrá en sus negocios ya que aún sus especialistas no habían podido estudiarla.
“Es mejor esto que nada, es una señal, pero tiene gusto a poco porque les impide a las empresas que ya están exportando acceder a estos beneficios y sigue obligándolas a dejar sus beneficios en el país. Con esto, no van a asegurar la llegada de ningún proyecto grande”, señala el ex funcionario.
En tanto, desde Josemaría Resources, que busca 3.000 millones de dólares para desarrollar su mina de cobre Josemaría en San Juan, la nueva normativa es “un paso importante y necesario”.
“Ponderamos la medida. Este año todos estos problemas nacionales tienen que estar resueltos para que podamos salir a buscar los inversores y desarrollar el proyecto”, sostiene su gerente de Asuntos Institucionales y Comunidades, Iván Grgic.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las principales empresas del sector, salió a minimizar el alcance del nuevo régimen en un informe que distribuyó entre sus socios.
“A primera vista, no agregaría ningún beneficio a la Comunicación ‘A’ 7123 [del BCRA], haciendo más restrictivos los beneficios. Aumenta la seguridad jurídica del beneficio”, sostuvo.
La normativa de la entidad monetaria había establecido el 1 de octubre de 2020 que las empresas que ingresen fondos al país para generar “un aumento en la producción de bienes que, en su mayor parte, serán colocados en mercados externos y/o que permitirán sustituir importaciones de bienes” podrían acceder a la compra de divisas para el “pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuya vida promedio, considerando los pagos de servicios de capital e intereses, sea no inferior a un año” y para la “repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales, en la medida que se produzca con posterioridad a la fecha de finalización y puesta en ejecución del proyecto de inversión y, como mínimo, un año después del ingreso del aporte de capital en el mercado de cambios”.
Esta nueva normativa no sólo reduce al 20% de lo exportado la posibilidad de girar los dividendos o el uso de los fondos para abonar créditos en el extranjero, sino que además impactaría directamente en la rentabilidad de la propia inversión que realizarán las compañías.
“En minería, tiene posibilidades de aplicarse es en el litio, pero los proyectos no son de pronta exportación. El tope del 20% es exigente para el que está invirtiendo de cero porque no puede llegar a esos montos. Para nuestro caso no sé si podría utilizarse”, afirma Alejandro Moro, gerente general de la australiana Rincón Ltd, que está buscando 100 millones de dólares para desarrollar la primera etapa del proyecto Salar de Rincón en Salta.
Desde Eramine, la unidad local de la francesa Eramet que tiene paralizado un desembolso de 600 millones de dólares en su mina Centenario-Ratones, en la misma provincia, concuerdan. “Algo es mejor que nada, pero no resuelve el problema de fondo. Nos hubiera servido que permitieran utilizar el 50% de lo exportado, que es porcentaje que precisan las empresas de litio”, explica su CEO, Daniel Chávez Díaz.
El atraso del tipo de cambio oficial frente a las alternativas paralelas como el contado con liquidación ha llevado a que muchas mineras prefieran utilizar esta última alternativa para que los que le rindan más los fondos que les envían de sus casas matrices tanto para las obras que están realizando como en los procesos de exploratorios.
De esta forma, lo ingresan a 149,73 pesos en lugar de hacerlo a 92,24, con lo que ganan un 62,33% en cada operación, algo que dejarían de percibir si se suman al nuevo régimen, ya que exige que los fondos ingresen por el mercado oficial.
“La normativa te exige entrarlo en el oficial cuando ahora lo hacés a través del contado con liqui. Esto es un desincentivo para sumarse al nuevo régimen”, resalta Moro.
De esta forma, la nueva normativa encarecería las inversiones que deberán realizar las empresas, al menos en la parte que tiene que ver con la mano de obra local y los insumos que deben adquirir en el país, y reduciría el rendimiento de los proyectos.
“No vale la pena lo que está escrito en la norma. No se lo recomendaremos a nuestro Directorio y no creo que les interese participar”, destaca Iain Scarr, gerente de operaciones de Millennial Lithium, que está en pleno proceso de construcción de su planta piloto en el proyecto Pastos Grandes, en Catamarca, donde espera invertir cerca de 450 millones de dólares en su desarrollo.
La mayor crítica del sector es que esta medida se trata de un parche parcial a los problemas que atraviesa la minería y que dejó de lado temas de fondo como el régimen impositivo que rige sobre la industrial.
“En el decreto, no se contemplan aspectos críticos como la presión impositiva elevada aun cuando hoy la base imponible es cero, impuestos distorsivos (no devolución de IVA, retenciones, etc.). En paralelo existe un proyecto de ley que contiene una suba de la alícuota del impuesto a las ganancias”, señala CAEM en su informe.
Actualmente, las mineras que operan en la Argentina deben pagar IVA, impuestos a las ganancias, y a los créditos y débitos bancarios, retenciones a las exportaciones, tasas de comercio e industria (municipales), aportes a fondos fiduciarios y a la seguridad social, servicios municipales, regalías, entre otros.
“Hasta el momento el gobierno no ha planteado cómo va a resolver las cuestiones de fondo como son el problema político y el ambiental – concluye Rodolfo Micone, ex ministro de Minería de Catamarca -. La medida no está mal pero el problema grande de la Argentina es la carga impositiva que es muy alta. Lo que hay que hacer es bajarla para hacer más atractiva a la industria”.

Por Hernán Dobry

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