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21 octubre, 2020
Energía Finanzas

Portezuelo del Viento suspendida una vez más

La Comisión de estudio y evaluación suspendió por tiempo indeterminado la continuidad de la licitación.

La central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, de 210 MW, se está convirtiendo lentamente en la “Historia sin fin”, debido a las sucesivas postergaciones que ha venido teniendo su proceso licitatorio a lo largo de los últimos catorce años, cuando el gobierno mendocino acordó con el por entonces presidente Néstor Kirchner que le pagaría los costos de las obras a cambio de un juicio que mantenía la provincia con el Estado Nacional por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial.
Si bien los fondos estaban asegurados, a partir de ese momento todo se fue dilatando una y otra vez por distintas razones (políticas, económicas, estratégicas) al punto de que ahora nadie tiene demasiado claro cuándo podrá comenzar a ejecutarse la obra y, menos aún, cuando empezará la represa a generar electricidad.
La decisión del gobierno mendocino de postergar sin una fecha cierta la apertura de las ofertas técnicas y económicas ha sembrado más dudas que certezas sobre la continuidad de un proceso que viene siendo cuestionado tanto por los empresarios como por el gobierno nacional y el pampeano, quienes han intentado ponerle todo tipo de palos en la rueda para que no pudieran avanzar.
“La Comisión de estudio y evaluación de ofertas se encuentra realizando un análisis exhaustivo de la cuantiosa documentación aportada por el oferente – señala el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública provincial a través de la circular aclaratoria 19 -. Se dispone por lo supuesto suspender las fechas de apertura fijada para los sobre Nro 2 y 3. Las nuevas fechas serán comunicadas en la forma y de acuerdo al procedimiento establecido” en los pliegos.
El grupo que está analizando la propuesta tomó la decisión de frenar temporalmente el avance de la licitación ya que al consorcio Malal Hue, compuesto por Sinohydro (46%), IMPSA (22%), Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) (16%), Obras Andinas (OASA) (16%), con la participación de China Gezhouba Group Corporation (CGGC), le faltaba incluir algunos antecedentes de las empresas subsidiarias que forman parte el proceso, por lo cual le solicitaron algunas aclaraciones, señala una fuente cercana al gobierno mendocino.
Si bien descarta que se trate de un problema complejo de resolver, los abogados evitaron fijar, por el momento, una nueva fecha para continuar con la apertura de los siguientes sobres.
Originalmente, el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública debía dar a conocer el 11 de agosto la oferta técnica, que incluye una básica, una alternativa obligatoria y variantes presentada el consorcio
En tanto, el resultado de la propuesta económica (que constan de estas mismas opciones) tenía que anunciarse el 16 de noviembre. El nombre del único participante se informó oficialmente el 3 de julio cuando se abrió el primero de los tres sobres que forma parte de la licitación.
Luego de concluir con esta etapa, el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública planea tomarse un par de meses para analizar la propuesta de Malal Hue antes de preadjudicar la obra. Como adelantó Desarrollo Energético, el gobierno podría extender hasta 18 meses el plazo para adjudicar el contrato ya que, en ese tiempo, espera tener más claro el clima político y le dará margen para resolver todos los problemas relacionados con el estudio de impacto ambiental.

En las gateras
La postergación en la apertura de los sobres también paralizó los planes de un grupo de empresarios que pensaban impugnar la licitación ni bien se diera a conocer el resultado de la oferta económica, que estaba estipulada para el 16 de noviembre.
Algunos miembros de Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y otros colegas que quedaron fuera del proceso ya estaban delineando junto a sus abogados la estrategia que iban a llevar adelante cuando se conociera el ganador y al precio que había propuesto Malal Hue para realizar la obra.
Este es el último manotazo de ahogado al que buscan recurrir los empresarios luego de haber intentado infructuosamente paralizar y/o posponer el lanzamiento de la licitación en varias oportunidades.
Desde la CAC, le habían enviado una carta al gobernador Rodolfo Suárez en la que resaltaba que la forma en la que estaban redactados los pliegos limitaba la participación de sus socias debido a “las exigencias, para ser precalificado, de antecedentes específicos desproporcionadas; y el criterio de adjudicación según un valor ajustado, según diversos factores, varios de ellos de valuación subjetiva”.
Incluso, el empresario Juan Chediack, presidente de José J. Chediack, sostuvo en una entrevista con el programa “Sonría, lo estamos filmando”, de MDZ Radio, que “no hay un proyecto definido en Portezuelo del Viento. Han puesto la obligación de presentar un proyecto alternativo y eso altera las bases de comparación de las ofertas. Para cualquier estudio alternativo con estudios serios de análisis de la fundación, etc., hacen falta 6 o 7 meses”. A su vez, recalcó “que las condiciones están mal redactadas” y que de esa forma no podía “participar porque no sería irresponsable hacer un proyecto de acá al 2 de junio. Es virtualmente imposible hacerlo”.
Las compañías y la CAC intentaron una y otra vez torcerle el brazo al gobernador, para que pospusiera el inicio de la apertura de los sobres por cinco o seis meses, pero sólo consiguieron que lo hiciera por treinta días, aunque fue a pedido de uno de los consorcios para que los interesados en participar de la licitación pudieran enviar sus ofertas.
Pese a esto, la provincia esperaba contar con dos ofertas, pero sobre el límite de la presentación de las propuestas, la UTE por China International Water & Electric (CWE), Decavial y Harbin Turbine Company decidió abandonar el proceso, con lo que dejó a Malal Hue como la única participante del concurso de precios.
Como adelantó Desarrollo Energético, este consorcio decidió no participar del proceso por el “escándalo político” que generó la decisión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto ya que estiman que esto va a provocar una lucha política que paralizaría el desarrollo de la central hidroeléctrica multifunción y las compañías estatales chinas no quieren meterse en un conflicto de este tipo.
Otra de las razones que adujo es que los pliegos exigían que las UTEs debían estar inscriptas diez días hábiles antes de presentar las ofertas, algo que consideraron inaceptable porque les generó problemas de compliance (cumplimento) a las firmas asiáticas y argentinas, ya que viola lo establecido en la Ley Penal Empresarial, porque le permite al gobierno y a los competidores conocer quiénes serán los participantes en la licitación y poder interferir en ella dando lugar a una posible cartelización.
La tercera causa por la que desistió de seguir adelante es que la administración de Suárez no estableció el trazado que tendrá la línea de alta tensión de 220 kV que conectará a la central hidroeléctrica con la Estación Transformadora (ET) y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), ni gestionó los permisos correspondientes con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), algo indispensable para realizar las obras que serán adjudicadas.
Finalmente, una cuarta razón que lo llevó a abandonar la contienda es que consideran que la competencia no es leal ya que algunos de los miembros de Malal Hue carecen del sustento financiero suficiente para participar de una obra de la magnitud de Portezuelo del Viento, explica una fuente que conoce de cerca el proceso.
“CEOSA cuenta con decenas de cheques rechazados e impagos e IMPSA está en una situación delicada desde hace años por lo que no podrían formar parte de una licitación de este tiempo ya que su situación es tan inestable que pondrían en riesgo la continuidad de las obras. Su participación tiene que ver con que cuentan con apoyo político que los respalda”, explica.
La constructora mendocina contaba con 38 cheques rechazados por un monto total de 16,36 millones de pesos, de los cuales ya ha cancelado 35 de ellos por 11,49 millones, con lo que aún adeuda 4,86 millones, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A su vez, CEOSA tiene créditos tomados por 1.537,44 millones de pesos con bancos como el Supervielle (84,33%), Nación (5,13%), Macro (3,43%), De Inversión y Comercio Exterior (3,24%), entre otros, de acuerdo a la información publicada por la entidad monetaria, quien considera que se encuentra en “situación normal”.
En tanto, IMPSA le pidió el 25 de junio al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, “la ayuda necesaria para garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina tales como el reemplazo de turbinas y generadores de Yacyretá y el desarrollo del reactor nuclear CAREM, ambos sin posibilidad de ser construidos por otra empresa argentina y poder continuar exportando a su mercado internacional”.
Para mejorar sus finanzas, sus directivos acordaron con sus acreedores/accionistas postergar por doce meses (hasta el 20 de diciembre de 2020) el vencimiento del primer pago de intereses de los bonos y créditos restructurados en 2017, que contaba un período de gracia de dos años, que terminaba el 20 de diciembre de 2019.

Las aguas bajan turbias
Los empresarios de la construcción no son los únicos que están agazapados a la espera de lanzarse a litigar para frenar la continuidad de la licitación. El gobierno de La Pampa también se encuentra en plena actividad para evitar que el proceso continúe avanzando.
“Si Mendoza sigue adelante con el proceso de licitación de Portezuelo del Viento va a incumplir la ley…y eso tiene sus consecuencias”, amenazó el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri en una entrevista con El Diario de esa provincia.
Hasta el momento, la administración de Sergio Ziliotto se ha salido con la suya al lograr que el Consejo de Gobierno del COIRCO aprobara por 4 votos (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén) contra 1 (Mendoza) llevara adelante un nuevo estudio de impacto ambiental regional para el proyecto en toda la cuenca del río Colorado.
Como las resoluciones de este órgano deben tomarse por unanimidad, automáticamente se disparó la cláusula que establece que el Presidente de la Nación debe laudar sobre el tema. Ahora, el futuro de la obra está en manos de Alberto Fernández quien ya dio su opinión en una conferencia de prensa que se realizó el 5 de junio en Santa Rosa. “No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel (sic)” y en cierta forma adelantó su fallo cuando sostuvo que “no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega”, sostuvo.
Sin embargo, el gobierno mendocino confía en que esto se podría revertir si prospera la postura de Río Negro y Neuquén, quienes plantean que deben fusionarse los estudios de impacto ambiental regional y local, que fueron realizados por universidades Del Litoral y La Plata y la de Cuyo, respectivamente en lugar de hacer uno nuevo, explica la fuente cercana a la administración de Suárez.
Este nuevo documento se lo presentarían al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para su aprobación, lo que permitiría que Alberto Fernández pueda laudar sobre el tema y continuar con el proceso, señala.
“Esta postura también la aceptaría Buenos Aires ya que es la provincia que más se beneficia con esta obra, porque le permite regularizar la cantidad de agua para riego que tendrá durante todo el año. Por eso, el gobernador es optimista con la decisión que va a tomar el Presidente”, destaca la misma fuente.
Esta es una estrategia similar a la que Mendoza quiso llevar adelante sobre finales de la gestión de Mauricio Macri, pero el Sergio Bergman, quien estaba al frente de esa cartera, se negaba a firmar cualquier documento de ese tipo luego de la derrota en las PASO, resalta.

Una cuestión de dinero
Otra de las grandes preocupaciones de la administración de Suárez es si Alberto Fernández seguirá pagando las Letras del Tesoro (Letes) intransferibles por un total de 1.023.362.922 dólares que le depósito a Mendoza en una cuenta en el Banco Nación, cuyos fondos son enviados a medida que van venciendo (el último día hábil de enero, abril, julio y octubre de cada año) a un fideicomiso constituido para el desarrollo del proyecto.
Si bien el 28 de julio le abonaron los 29,99 millones correspondiente a la cuarta cuota, los temores sobre una posible suspensión siempre están latentes luego de la amenaza que lanzó el Presidente en Santa Rosa el 5 de junio.
“El gobierno que me precedió busco un acuerdo con Mendoza para financiar la obra lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré – advirtió -. Si puedo entender la preocupación de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde llegue el río Atuel (sic). No quiero financiar una obra del estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel (sic)”.
Técnicamente, el gobierno nacional no podría hacerlo ya que no está fondeando las obras sino pagando un acuerdo extra judicial al que llegó Néstor Kirchner con el por entonces gobernador de la provincia, Julio Cobos, el 29 de agosto de 2006, para terminar con una disputa entre ambas partes que los cuyanos estaban llevando a cabo en la Corte Suprema, por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial que superaban los 7.000 millones de dólares, y que fue ratificado por ambas partes y por el Tribunal el 15 de diciembre de 2009.
El 23 de diciembre de 2016 el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, y el mandatario cuyano Alfredo Cornejo firmaron un convenio para la ejecución de la obra que incluía el esquema de pagos a través de Letes.
El esquema incluía un primer desembolso de 6.995.785 de dólares en 2019, que fue abonado por la administración de Cambiemos el 31 de octubre y, luego, otros cuatro que debía realizarlo Fernández a lo largo de 2020. Hasta ahora, cumplió con el de 16.339.783, el 31 de enero, y el de 18.579.735, el 28 de abril, y el de 29.990.796, el 31 de julio, y aún le queda pendiente el de 78.826.151, el 30 de octubre.
En los siguientes años, deberá pagar en cuatro cuotas 232.981.393 dólares en 2021; 211.223.484 en 2022; 448.025.782 en 2023 y, por último 45.310.327 en 2024 cuando se pensaba originalmente que debía estar terminadas las obras.
Incluso, si el COIRCO decidiera que Portezuelo del Viento no se puede construir por cualquier tipo de razón, el Tesoro debería seguir abonando los vencimientos de los títulos de deuda ya que el acuerdo que firmaron ambas partes establece los fondos son para este proyecto y/u “otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
En caso de que el gobierno nacional decidiera tomar esa decisión, incurriría en una cesación de pagos, por lo que la administración de Suárez recurriría a la Corte Suprema para intimarla a cumplir con sus obligaciones, lo que postergaría todos los tiempos de la licitación o, en caso de hacerlo una vez que esté adjudicada, paralizaría las obras.
Lo que sí podría hacer Alberto Fernández es reperfilar estos títulos como lo hizo con el resto de los bonos, aunque el 5 de abril los dejó afuera del decreto 346, del 5 de abril, que firmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el que estableció el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional en moneda extranjera.
Si bien el Presidente sostuvo en su visita a La Pampa que no lo hizo porque “no está en el mercado, es un pagaré”, desde la administración de Suárez consideran que esto es incorrecto ya que se tratan de un bono. Por esa razón, están preocupados por la posibilidad de que pudiera modificarse la norma y sumarlos a las demás obligaciones negociables que ya fueron postergadas, lo que paralizaría todo el proceso.

Por Hernán Dobry

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