El Gobierno decidió posponer la firma de acuerdos con bancos comerciales, de desarrollo y multilaterales para sumarlos al fideicomiso de USD 1.200 millones, que creó para ayudar a las constructoras a financiar la primera etapa de los contratos de Participación Público Privada (PPP) de rutas, hasta que bajen las tasas, afirma una fuente de la administración de Mauricio Macri.
Las instituciones le estaban pidiendo cerca del 15% para fondear el nuevo instrumento, algo que a las empresas les resultaba inaceptable, explica. Según una fuente de la industria, incluso alcanzaban el 19%.
A mediados de octubre, Citibank, Itaú BBA, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, UBS, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) mostraron interés en participar del fideicomiso con préstamos de corto plazo durante un viaje que realizaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la secretaria de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez, y el secretario de PPP, José Luis Morea por Washington y Nueva York.
El 19 de diciembre, el gobierno decidió posponer las otras licitaciones bajo la modalidad de PPP durante 2019, incluyendo el tren a Vaca Muerta, más rutas y autopistas, proyectos de saneamiento y vivienda, debido a las altas tasas.
El mismo día, el Ministerio de Economía de la Nación decidió cambiar la estructura financiera de la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento de PPP a fondeo del gobierno y préstamos bilaterales y multilaterales por la misma razón.
El Gobierno planea esperar hasta que baje el riesgo país para firmar los acuerdos con los bancos, algo que podría ocurrir en enero, debido a que los inversores abrirán nuevos libros y tienen buenas perspectivas sobre la Argentina, explica la fuente.
La crisis cambiaria y la investigación judicial sobre los pagos de sobornos durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner y la posibilidad de que la ex presidenta gane las elecciones en octubre-noviembre hicieron que el riesgo país se disparara a 804 puntos básicos, su mayor nivel durante la administración de Macri.
Mientras tanto, las empresas deberán financiar la construcción de las rutas con su propio dinero, explica la misma fuente. Los consorcios ganadores comenzaron con las obras de pavimentación y restauración en octubre con su caja, afirma Morea. El grueso del gasto, incluyendo la compra de máquinas, comenzó en noviembre y requerirá de fondeo externos, dice.
José Cartellone Construcciones Civiles cuenta con capacidad para financiar parte de los 120 millones de dólares que precisa para los trabajos hasta comienzos de 2019. La empresa está terminando negociaciones por un crédito de 250 millones para respaldar parte de los 801 millones que necesita para desarrollar 413,80 kilómetros en las rutas 7 y 33, que forman parte del corredor C.
A su vez, la UTE entre Helport, Panedile Argentina, Eleprint, y la española SA Obras y Servicios (COPASA) planean usar fondeo proveniente de Corporación América para hacer los 1.024,80 kilómetros de los corredores E y F, resalta una fuente del sector. La holding desembolsará el dinero si el consorcio tiene posibilidades de conseguir financiamiento de largo plazo para la segunda etapa, explica.
Finalmente, la sociedad entre CCA Civil Panamá y Green acaba de comenzar la construcción de 534 kilómetros sobre la ruta 5, que forma parte del corredor B, con respaldo proveniente desde China, destaca una segunda fuente de la industria.
En tanto, la UTE Rovella Carranza-JCR-Mota-Engil Latin America-Paolini Hermanos SA-Vial Agro-INC también fue adjudicada con un contrato a 15 años para realizar los trabajos en el corredor A.
El fideicomiso fue creado para ayudar a los consorcios con problemas para fondear el inicio de las obras debido a la investigación judicial porque los bancos locales e internacionales tienen problemas de “conformidad” a la hora de prestarles dinero directamente debido a la incerteza sobre el resultado de las causas que lleva Comodoro Py.
Este instrumento le prestará el dinero a las compañías con la misma tasa de interés que lo recibió y estará respaldado con los mismos requerimientos que los bancos suelen pedirles a las compañías, incluyendo garantías corporativas.
Los certificados de avance de obra (TPI), emitidos en dólares, serán entregados por el Gobierno para pagar trimestralmente los trabajos luego del cuarto año del proceso. Para garantizar su cobro, el Ministerio de Transporte de la Nación creó otro fideicomiso con fondos del impuesto al gasoil y lo recaudado en los peajes de las autopistas 9 y Ricchieri.
En caso de que la Justicia condene a alguna de las constructoras y que no puedan continuar pagando los créditos, el fideicomiso ser hará cargo de la deuda y, luego, recuperará el dinero ejecutando las garantías y con los TPIs.
Hasta el momento, sólo el Banco Nación oficialmente se sumó con entre 200 y 300 millones de dólares, a manera de inversor ancla, para allanarle el camino a sus pares privados para hacer lo propio. A su vez, planea ofrecer a los consorcios una línea de crédito a largo plazo de 30.000 millones de pesos para este fin, que podrán ser repagados con TPIs.
Los seis corredores requerirán de un total aproximado de 8.000 millones de dólares de fondeo. El fideicomiso podría financiar entre 200 y 1.200 millones por entre seis y diez meses. Debido al retraso en la firma de los acuerdos con los bancos su vencimiento podría extenderse tres meses más hasta octubre, destaca la fuente del gobierno.
Algunos consorcios le pidieron al gobierno extender este plazo por hasta 18 meses porque están encontrando dificultades para conseguir respaldo para los contratos PPP hasta después de las elecciones.
Las compañías cuentan con un año, a partir de julio de 2018, para reportar el cierre financiero de los proyectos. Luego, deberán conseguir otras alternativas de largo plazo para poder completar los trabajos durante cerca de cuatro años.