Máxima tensión por Portezuelo del viento

La tensión entre los empresarios de la construcción y el gobierno de Mendoza por la licitación para levantar la central hidroeléctrica Portezuelo del viento, de 210 MW, no ha parado de escalar en los últimos días y ha llegado a su punto más alto en la jornada de ayer tras un intercambio epistolar en el que ambas partes se repartieron presiones y acusaciones.
Por la tarde, el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia había publicado la circular 10 con la que extendía el plazo para la presentación de propuestas. Con esto, parecía tratar de distender el clima enrarecido que se había creado tras los cruces que habían mantenido los funcionarios locales con los presidentes de las principales compañías del sector.
Sin embargo, era todo lo contrario. La medida posterga 30 días la fecha límite para que los interesados en participar de la licitación envíen sus ofertas hasta las 10 del 3 de julio, muy lejos de los 5-6 meses que le requerían públicamente los empresarios.
“Se discutió si era conveniente sacar la circular al día siguiente de que la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) le escribiera una carta al gobernador. Se priorizó la buena salud del proceso – afirma una fuente cercana al gobierno mendocino que conoce de cerca el desarrollo del proceso -. Los planteos no apuntaban a 30 días, sino que querían que hiciéramos borrón y cuenta nueva, pero esta vez digitada por ellos mismos”.
Con la circular 10, el gobernador Rodolfo Suárez redobló una vez más la apuesta y volvió a marcarles la cancha a las compañías y a mostrarse firme en que mantendría intacto su esquema de trabajo, como se lo había hecho saber más temprano al presidente de la CAC, Iván Szczech, en la carta que le envió en respuesta a la misiva que el directivo le había hecho llegar el día anterior para que aplazara la presentación de las propuestas.
El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública accedió a la postergación de la fecha “por última vez” a “raíz de solicitudes realizadas por empresas locales, nacionales e internacionales que trabajan en la presentación de ofertas para licitación” para que “puedan atender problemas frecuentes que surgen en la última etapa de preparación de ofertas para obras de esta magnitud”.
“Este es un gesto para quienes efectivamente vienen trabajando y nos lo pidieron porque no llegan a tiempo con los papeles, las firmas debido a los problemas que les está trayendo la cuarentena”, explica la misma fuente.
Como adelantó Desarrollo Energético, por ahora, sólo el consorcio conformado por IMPSA, Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) y Obras Andinas ya tiene listo el modelo hidráulico, para el que invirtieron cerca de medio millón de dólares. Mientras negocia sumar a un socio chino como cabeza de la UTE, ya acordó con siete PyMEs provinciales, entre ellas Cartellone Ingeniería, para que sean proveedoras de parte de los equipamientos metalmecánicos.
La circular 10 sorprendió a los empresarios al igual que lo hizo la rapidez y dureza con la que Suárez respondió a la carta (a la que consideró ex temporánea) que le había enviado Szczech el martes, en la que criticaba ciertas condiciones incluidas en los pliegos que “les impiden” a sus asociados “presentar ofertas y pondrían en serio riesgo el éxito del llamado, pues existiría una muy escasa concurrencia de ofertas válidas”.
“Es muy probable que tengamos más de una oferta con lo que le terminaremos de tapar la boca a todos estos tipos que apostaron al fracaso del proyecto y, ahora, se quieren meter por la ventana – resalta la misma fuente -. A todos les pedimos opinión y les preguntamos, aunque no tomamos todas, pero todos tuvieron tiempo suficiente de armar su estrategia y presentarse, si hubieran tenido voluntad. Ahora, se acuerdan tarde. A llorar a la viña, como decimos acá”.
Hasta el momento, 42 compañías de diferentes rubros, incluidas varios miembros de la CAC, mostraron un interés concreto en el proceso ya que participaron en las dos visitas guiadas obligatorias al lugar donde se levantará la represa hidroeléctrica.
En ellas se encuentran, Power Construction Corporation of China (PowerChina), Synohydro, China Gezhouba Group Corporation (CGGC), China International Water & Electric Corporation (CWE), Sumec Complete Equipment, Camargo Correa Infra Construcciones, Techint Ingeniería y Construcción, OHA Construcciones, IMPSA, Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE), José J. Chediack, Distrocuyo, Temec, Green, CEOSA, Decavial, Centro Construcciones, Obras Andinas, Nihuil Construcciones, Pamar, Panedile Argentina, Laugero, JyG Servicios, Arauca III, Ayfra-Triunfo-Vialagro, Bauer, Corporación de Sur, Genco, 1830, Rocau, TransBap, Campamentos, RM ARQ, Agrimensura y Servicios, Ingeniería y Construcciones Eléctricas, ACED, Bahamonde-Cavagnaro, Oeste Surtidores, Universo, FrioLatina, Frettes Hermanos, RIEC, y New Panel.
Por la complejidad de las obras y los requisitos técnicos que incluyen los pliegos, ninguna de las constructoras argentinas tiene las maquinarias del tamaño pedido (compactadoras de rodillos) para llevarlas adelante, ni la experiencia que se pide en este tipo de represas, por lo que deberán asociarse con algunas extranjeras.
La carta, impulsada por los miembros más “rebeldes” de la CAC, también señala que la poca cantidad de participantes “podría implicar un consecuente deterioro del nivel de la competencia, con seguro perjuicio para las arcas públicas” y que “los aspectos observados forman parte de las condiciones a evitar para conducir procesos de contratación pública transparentes, según las recomendaciones de diversos organismos internacionales especializados”.
Resulta paradójica este último argumento viniendo de una institución en la que buena parte de sus miembros fueron acusados, estuvieron presos, procesados o confesaron haber pagado sobornos para conseguir contratos durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, en el marco de la cauda de los cuadernos. La corrupción, sin nombrarla, quedó implícita entre línea en la respuesta del gobernador.
“Es entendible que algunas empresas contratistas se sientan más cómodas trabajando con un proyecto y planificación realizado por el comitente y un sistema de costos por unidad de medida, ya que ellos les permitiría generar abultados sobrecostos y mayores permanencias en obra, como ha sido la tradición en la obra pública argentina – señala Suárez -. Conociendo esta experiencia la forma de contratación de Portezuelo del viento será hecha bajo la modalidad ‘llave en mano’ [que] implica ahorros de más del 50% a la finalización del mismo”.
Según la CAC, hay cinco puntos que afectarán la participación de empresas argentinas en el concurso de precios. Por un lado, señaló como un problema “la venta del pliego a valores muy elevados (100.000 dólares), valor fijado luego de una importante reducción reciente, pero aun desproporcionado”.
“Resulta increíble que no estén dispuestas a pagar ese precio para obtener un contrato de más de 1.000 millones de dólares. Además, no necesitan hacerlo con anticipación porque lo pueden comprar el último día ya que toda la información está subida en la web”, explica el ejecutivo de una compañía que participará del proceso.
Por otro lado, Szczech remarcó “la excesiva onerosidad de la presentación de cada oferta, en particular por la exigencia de presentar el proyecto de una alternativa técnica obligatoria y el plazo muy breve para el estudio y formulación de propuestas técnicas y económicas, lo que conspira contra su seriedad y obligaría a considerar, en la formación del precio, márgenes de riesgo adicionales”.
Suárez desacreditó estas acusaciones. “Los ochos meses transcurridos desde la apertura del proceso licitatorio y nueve hasta la presentación de las ofertas, son un tiempo más que suficiente para analizar y costear el proyecto, tanto el básico, que no requiere modificaciones a la ingeniería publicada, como a la alternativa obligatoria que implica únicamente una modificación a la toma de la casa de máquinas […] proyecto muy menor frente al resto de la obra y que en todo caso resultará en una reducción de los costos y riesgos de la misma. Es altamente probable también que aquellas empresas que iniciaron el proceso a tiempo tengan posibilidad de presentar variantes opcionales que les permitan mejorar aún más los costos del proyecto, maximizando de esa manera sus beneficios”, afirma en la carta.
Por otra parte, la CAC resaltó como una limitación a para la participación de sus socias “las exigencias, para ser precalificado, de antecedentes específicos desproporcionadas; y el criterio de adjudicación según un valor ajustado, según diversos factores, varios de ellos de valuación subjetiva”.
“Mendoza intenta invertir en una obra que justamente apunte a recuperar la capacidad de ingeniería, construcción y fabricación de este tipo de emprendimientos a mediano y largo plazo, fundamentalmente en la provincia donde tales perjuicios se produjeron – concluye Suárez -. Por ende, siendo esta una obra provincial, ejecutada con fondos provinciales y bajo la ley provincial, es potestad de la provincia definir cuáles son los objeticos a corto, mediano y largo plazo y la estrategia de contratación velando por la seguridad de la obra, el cumplimiento de los plazos y precios contratados, así como el desarrollo de la cadena de valores, mendocinos en primer lugar y del resto del país en segundo lugar para la ejecución de este tipo de proyectos”.
Con esta respuesta, en la que consideró falaces los argumentos de la CAC, y la publicación de la circular 10, el gobernador quemó las naves. Ya no quedan más lugares para las negociaciones, con lo que queda descartada la reunión que pensaban mantener esta semana Panedile, Techint, PowerChina y SACDE con el mandatario provincial para plantearle todos estos inconvenientes que están teniendo para participar del proceso, como adelantó Desarrollo Energético.
A las constructoras sólo les queda por jugar una última carta para intentar torcerle el brazo a Suárez: que los empresarios más cercanos a Alberto Fernández le pidan al Presidente que interceda para que se extiendan los tiempos y se flexibilicen los términos de la licitación, señalan desde una de las compañías.
Sería una jugada compleja porque este proyecto también resulta estratégico para la administración de Frente de Todos ya que será la mayor obra pública que se adjudicará en el mediano plazo, que generará al menos 4.000 empleos directos y un número similar entre los proveedores en tiempos de desocupación récord y que le saldrá muy barato y lo pagará en cuotas.
La apuesta es tentadora: está en juego un contrato de cerca de 1.023 millones de dólares, que cuenta con financiamiento propio, en medio de la parálisis económica que está sufriendo la Argentina. Por eso, ninguna empresa quiere quedarse afuera.
El gobierno nacional cuenta con una herramienta de presión que podría doblegar a los mendocinos: debe pagarle trimestralmente hasta 2024 las Letras del Tesoro (Letes) en dólares que emitió en 2019 la administración de Mauricio Macri para financiar la construcción de Portezuelo del viento.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, le dio una señal positiva a Suárez cuando decidió que estos títulos quedaran al margen del diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional en moneda extranjera que anunció el 5 de abril, ya que fueron incluidos en las excepciones establecidas en el artículo 2 del decreto 346.
Hasta el momento, la gestión de Alberto Fernández ha cumplido con las dos primeras cuotas que vencieron este año. Los próximos pagos de este año deberán ser realizados el 28 de julio (18,58 millones) y el 28 de octubre (29,99 millones). En tanto, el gobierno mendocino deberá recibir del Tesoro 232,98 millones en 2021; 211,22 millones en 2022; 448,03 millones en 2023 y 45,40 millones en 2024.
La administración de Suárez está al tanto de la llegada que tienen algunos empresarios y de la posibilidad de que intenten realizar una jugada de este tipo, pero confían en la buena relación que han trabado ambos mandatarios en los últimos meses y en el interés que mostraron los funcionarios nacionales por el avance del proyecto.
El consorcio que resulte adjudicado con el contrato deberá construir una represa de 176 metros de alto y 529 metros de largo, instalar tres turbinas Francis de 72,20 MW, además de realizar trabajos de campo, tres rutas, líneas de transmisión de alta tensión y relocalizar el poblado de Las Loicas.
Bajo el nuevo esquema, la primera oferta se conocerá a las 10.30 del 3 de julio, mientras que las propuestas técnicas, que incluyen una básica, una alternativa obligatoria y variantes, se abrirán el 11 de agosto, y las económicas (que constan de estas mismas opciones), el 16 de noviembre.
El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública espera tomarse un par de meses para analizar los documentos, antes de dar a conocer el ganador de la licitación, aunque esto va a depender de la cantidad que haya que estudiar. Con este nuevo cronograma, resultará difícil que el gobierno de Rodolfo Suárez pueda cumplir con su objetivo original de anunciar al consorcio vencedor antes de fin de año.

Por Hernán Dobry