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29 marzo, 2024
Energía

Un proyecto que podría traerle dolores de cabeza al gobierno

IMPSA le presentó oficialmente a la provincia de Neuquén la propuesta para construir la represa hidroeléctrica Chihuido II, de 234 MW.

IMPSA podría generarle un nuevo dolor de cabeza al gobierno nacional si decide avanzar con el proyecto que le presentó oficialmente a la provincia de Neuquén para construir la represa Chihuido II, de 234 MW.
Si esta propuesta siguiera adelante, podría generarle un conflicto al presidente Alberto Fernández con su par alemana, Ángela Merkel, ya que le había prometido continuar con el desarrollo de la central hidroeléctrica Chihuido I, de 637MW, en febrero de 2020 durante su gira por Berlín.
Como adelantó Desarrollo Energético, esta obra es una de las monedas de cambio que el gobierno nacional le ofreció a los germanos para que apoyaran el plan argentino para la restructuración de la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este proyecto, que fue adjudicada al consorcio Helport, Panedile Argentina, José J. Chediack, Eleprint e Hidroeléctrica Ameghino en 2014, cuenta con un crédito preaprobado 2.200 millones de dólares con una tasa del 6,62% (después de cargos y comisiones) a 20 años y con un período de gracia de cinco años del Banco Santander, ING Bank, BayernLB y Landesbank Baden Wurttemberg (LBBW) y el respaldo de la ECA germana Euler Hermes Group con tasas cercanas al 12% a cambio de que las turbinas sean suministradas por Voith Hydro.
El conflicto podría desatarse debido a que el gobierno nacional está impulsando, en forma indirecta, el desarrollo de una represa que postergaría durante varios años la construcción de Chihuido I, a través de la recientemente estatizada IMPSA, ya que ambas no se pueden levantar en paralelo.
Si bien el proyecto fue presentado a la provincia de Neuquén en marzo, cuando todavía la empresa era privada, la administración de Alberto Fernández, ahora, no solo controla la compañía, sino que, además, deberá ser el garante del crédito necesario para su construcción y firmar el PPA para comprarle la energía que genere, para que la propuesta avance.
En octubre, la propia IMPSA y el consorcio conformado por Power Construction Corporation of China (PowerChina), HydroChina Corporation, Rovella Carranza, Holdec Inversora y CPC le escribieron al primer mandatario explicándole que el actual contrato estaba caduco porque no se habían cumplido con los tiempos establecidos para el cierre financiero, entre otras irregularidades, y que debía darlo de baja y reasignarlo a los otros contendientes.
Desde ese entonces, la UTE liderada por las empresas chinas vienen haciendo campaña en la prensa para que le adjudiquen la obra, para la que aseguran tener disponible el financiamiento necesario con los mismos términos y condiciones que ofrecieron en 2014.
Sin embargo, Powerchina nunca aclaró públicamente que su gobierno pone como condición para liberar cualquier tipo de fondeo para la Argentina que Alberto Fernández llegue primero a un acuerdo con el FMI, lo mismo que le exigen los alemanes.
El gobierno neuquino le envió el expediente de Chihuido I al Ministerio de Economía en marzo para que decidiera cómo avanzar con el financiamiento, pero hasta el momento no ha tomado ninguna medida al respecto.
“Hemos hablado con el secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), pero nadie nos responde qué es lo que harán”, afirma una fuente cercana a la administración de Omar Gutiérrez.
Este es el segundo dolor de cabeza que le traería IMPSA al gobierno nacional desde que se efectivizó su estatización hace una semana. El primero está vinculado con la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en Mendoza.
Allí, el Presidente debe laudar en el conflicto entre La Pampa y la provincia cuyana y decidir si se debe llevar a cabo un nuevo estudio de impacto ambiental, como pide la administración Sergio Ziliotto o continúa con el que ya fue aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), lo que permitiría comenzar con las obras cuando sea adjudicado el contrato.
En el caso de que Alberto Fernández opte por la primera opción como se lo solicita su aliado político, el inicio del desarrollo de Portezuelo del Viento quedaría paralizado durante cerca de dos años hasta que se termine el nuevo relevamiento y sea aprobado por el organismo.
Esto perjudicaría a IMPSA, que forma parte del consorcio Malal Hue, junto con Sinohydro, Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) y Obras Andinas (OASA), que presentó la única propuesta en la licitación lanzada por el gobierno mendocino, con una oferta que superó el 45% el presupuesto oficial.
La empresa recientemente estatizada está necesitada de contratos y Portezuelo del Viento es uno de los que más cerca tiene de concretarse en el rubro hidroeléctrico en el país. Por esa razón, un laudo presidencial en favor de La Pampa sólo perjudicaría a la compañía que ahora está en manos del propio gobierno. Alberto Fernández tendrá que resolver este dilema, que de cualquier forma le traerá dolores de cabeza.

La nueva propuesta
El proyecto que le presentó IMPSA, en sociedad con China Gezhouba Group Corporation (CGGC), al gobierno neuquino consiste en la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido II con una potencia instalada de 234 MW, con la que podría generar un total de 1.200 GW/h anuales y una línea de ultra alta tensión de 500 kV de 130 kilómetros de largo para conectarla con el troncal Chocón Oeste.
Esta obra le permitirá erogar un caudal de 11.500 metros cúbicos por segundo (m3/s) durante la crecida máxima probable del río Portezuelo Grande de 25.000 m3/s y, así evitar que queden anegados las zonas aledañas en las que se encuentran los yacimientos de petróleo y gas de Vaca Muerta, de la misma forma que lo ofrece Chihuido I.
El proyecto requerirá de una inversión de 847 millones de dólares (con IVA incluido), lo que implica un costo de 3,62 millones por MW instalado. De esta forma, resultaría más barato que la construcción la otra represa de 637 MW, cuya inversión será de 2.200 millones para generar 1.750 GW de electricidad al año, aunque esta última requerirá de un desembolso por MW de 3,28 millones.
La propuesta incluye el financiamiento de parte de bancos comerciales y de desarrollo chinos, con un respaldo de su propia ECA. Para esto, Neuquén deberá conseguir la garantía del gobierno nacional, ya que es uno de los requisitos que siempre exigen los asiáticos para este tipo de operaciones, tal como debió hacerlo Jujuy en su momento para levantar los parques solares Cauchari I, II y III.
El proyecto de IMPSA-CGGC consiste en construir la represa llave en mano y que, luego, la provincia patagónica se haga cargo de su operación y mantenimiento, además de tener que negociar el contrato para la venta de la electricidad con CAMMESA para el repago de la inversión.
Esto ya ha generado cortocircuitos dentro del gobierno neuquino, ya que hay sectores que se oponen a avanzar con la obra bajo estas condiciones. “Es una locura, vamos a tener que conseguir el aval y la tarifa y hacernos cargo de la operación el mantenimiento sin saber si la represa funciona bien, para que ellos la construyan. Que tomen ellos el crédito”, explica la misma fuente.

Un largo proceso
Este es un proyecto en el que IMPSA viene trabajando desde hace varios años y que ya se lo había presentado oficialmente a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación en febrero de 2019, pero quedó paralizado luego de que Cambiemos perdiera la elección en octubre de ese mismo año.
Como adelantó Desarrollo Energético, la propuesta era una alternativa para reemplazar la construcción de Chihuido I que, en ese momento, se encontraba totalmente paralizada luego de que la administración de Mauricio Macri suspendiera el proceso el 10 de julio de 2018 como parte del programa de reducción del déficit fiscal acordado con el FMI para recibir más asistencia financiera.
Ante este panorama, IMPSA decidió redireccionar el proyecto y presentárselo a Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del Neuquén (EMHIDRO) a principios de 2021 para intentar que el gobierno de Gutiérrez lo aprobara como iniciativa privada, lo que le permitiría avanzar con su desarrollo sin pasar por una licitación.
La entidad lo evaluó con el comité hídrico y le pidió información más detallada ya que la documentación carecía del flujo de fondos y tan sólo tenía 33 páginas con datos técnicos, además de acordar los borradores con las etapas que debían cumplirse para avanzar con el proyecto y, así, elevárselo al gobernador.
Frente a estos planteos, la empresa decidió evitar este proceso y dirigirse directamente al Ministerio de Economía provincial y presentarles la propuesta tal como la habían enviado a EMHIDRO, lo que molestó a sus autoridades.
Ahora, el gobierno de Gutiérrez deberá conformar una unidad técnica, que incluirá legisladores y otros funcionarios, para que evalúe el proyecto y decida si sigue adelante, además de ser aprobados por la autoridad de cuencas. Luego, tendrá que ser votado por el Congreso local para convertirse oficialmente en iniciativa privada.
Más allá de esto logre avanzar, Chihuido II deberá competir con los proyectos de las centrales hidroeléctricas Cerro Rayoso y La Invernada, de 560 MW cada una sobre el río Neuquén, que fueron presentados Powerchina y CGGC, con los que también se busca suplantar a Chihuido I.
Cada una de estas propuestas requerirá de una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares, que serían financiados por bancos comerciales y de desarrollo chinos y respaldados por una ECA de ese mismo país.
Como adelantó Desarrollo Energético, la Secretaría de Energía de la Nación había analizado la posibilidad de avanzar con la firma de un PPA para la primera de estas propuestas a fines de 2019, antes del cambio de gobierno, a pedido de EMHIDRO. Sin embargo, luego, todo quedó paralizado.
“Los chinos no van a avanzar hasta que no se arregle cómo van a entrar y salir los dólares de la inversión que requiere la obra y que no se firme un acuerdo con el FMI”, concluye la misma fuente.

Por Hernán Dobry

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