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23 abril, 2021
Finanzas Infraestructura

El gobierno cerca de terminar con los contratos PPP

Vialidad Nacional ya acordó la recisión de cuatro de los seis contratos que había adjudicado la administración de Mauricio Macri en 2018.

El gobierno argentino está cerca de terminar de rescindir los contratos de Participación Público-Privada (PPP) para la construcción de rutas y autopistas que firmó la administración de Mauricio Macri en julio de 2018.
De esta manera, culminará con la primera de las batallas que ha decido librar contra los diferentes contratos de obra pública que adjudicó Cambiemos y que aún no se han ejecutado en su mayoría por la crisis financiera que padece el país desde hace tres años.
Vialidad Nacional firmó el 30 de noviembre la cancelación de la concesión del corredor A con el consorcio compuesto por las locales Paolini Hermanos, Vial Agro e INC y la del corredor Sur con la UTE entre las argentinas Rovella Carranza, JCR y la portuguesa Mota-Engil Latin America.
Los términos y condiciones fueron similares a los que había alcanzado el organismo en septiembre con la sociedad entre Helport, Panedile Argentina, Eleprint y S.A. de Obras y Servicios (COPASA) para la recisión de los contratos PPP por los corredores E y F, afirma una fuente cercana al Vialidad Nacional.
De esta forma, el gobierno les devolverá las garantías que habían depositado para respaldar el desarrollo de las obras principales, el cierre financiero y los servicios principales, más dos millones de dólares a cada una de las UTEs.
A su vez, se comprometió a seguir conversando para encontrar una salida intermedia o bien recurrir a un tribunal arbitral independiente (el CIADI para quienes tienen una empresa extranjera dentro del consorcio) para la restitución de lo invertido por las compañías.
La forma en la que se resolverán los dos contratos que aún quedan pendientes de rescindir será diferente a los anteriores debido a las particularidades que tiene cada uno de las UTEs en su relación con el gobierno, explica la misma fuente.
En el caso del corredor C, que fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles para construir 413,80 kilómetros en las rutas 7 y 33, Vialidad Nacional ejecutó las garantías porque consideró que estaban incumplidos los hitos de cierre financiero pactados en la concesión.
El Banco de Galicia, que fue el encargado de emitir la caución que establecía el contrato PPP, ya fue notificado de la medida por parte gobierno, señala una fuente que conoce el proceso.
Sin embargo, Cartellone aún no recibió ninguna comunicación oficial de la recisión. Incluso, desde la compañía sostienen que la ejecución de las garantías no es una causa suficiente ni directa para la cancelación de la concesión.
En el gobierno, están descontentos con la actitud que tuvo la empresa de recurrir a la Justicia, que falló a su favor, para paralizar el proceso que estaba llevando a cabo del Ministerio de Obras Públicas para terminar con los PPP. “Esto va a terminar dirimiéndose en los tribunales”, afirma la fuente cercana a la Vialidad Nacional.
La constructora mendocina era una de las empresas que más avanzado tenía el proceso de financiamiento entre los consorcios que habían sido adjudicadas con los contratos viales en julio de 2018.
Como adelantó Desarrollo Energético (https://desarrolloenergetico.com.ar/cartellone-planea-emitir-deuda-para-la-construccion-de-rutas/), Cartellone había recibido la aprobación de un crédito 400 millones de dólares a 15 años de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), la actual U.S. International Development Finance Corporation (DFC), para respaldar los 801 millones que precisaba para el proyecto.
La compañía pensaba financiar la parte restante con un crédito 100 millones de dólares que le otorgaría el fideicomiso especial de 1.000 millones de dólares creado por Gobierno Nacional y administrado por el BICE que iba a fondear BID Invest y un consorcio de bancos compuesto por JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, UBS, y Nomura Holdings.
Incluso, Cartellone analizaba emitir un bono local por hasta 200 millones de dólares para cubrir el saldo restante, a lo que le sumaría su propio flujo de caja. Todo esto quedó paralizado debido a la crisis financiera que padece el país desde 2018 y que recrudeció durante 2019.
Finalmente, el último contrato que el queda pendiente de resolver al gobierno es el del corredor B que fue adjudicado originalmente al consorcio conformado por China Construction America (CCA) Civil Panamá y la local Green para la construcción de 534 kilómetros sobre la ruta 5. La empresa asiática luego se quedó con la parte de la argentina en la UTE.
“Las conversaciones están avanzadas y se están llevando a cabo estado-estado”, explica la misma fuente. Las negociaciones están focalizadas en rescindir la concesión vigente, que Vialidad Nacional se haga cargo de la ruta y, luego, contrate a la misma compañía para realizar la obra, pero con los precios actuales que está pagando el estado, detalla.
Según los cálculos de la entidad comandada por Gustavo Arrieta, el gobierno se ahorraría un 60% del costo si decidiera construir los corredores A y Sur, que fueron cancelados el 30 de noviembre, ya que bajo la modalidad PPP valían 3.152 millones de dólares frente a los 1.960 millones que abonaría si lo hace por su cuenta.
“Estos mismos porcentajes podrían repetirse en el caso del corredor B”, señala la misma fuente, con el aliciente de que los chinos estarían dispuestos a financiar la construcción de este proyecto.
El representante de CCA, David Wang, le escribió una carta al canciller Felipe Solá para comunicarle que el gobierno de su país está dispuesto a fondear los 1.150 millones de dólares que requiere el desarrollo de las obras.
La idea de la administración de Alberto Fernández es contratar a esta misma compañía para llevar adelante los trabajos, que se realizarán con financiamiento chino y que pagará el Estado, pero sin entregarla la concesión de los peajes, como estaba estipulado en las APP, explica la fuente de Vialidad Nacional.
“Esto muestra que quienes tuvieron una moneda de intercambio pudieron llegar a un acuerdo con el gobierno para rescindir los contratos, como fueron los casos de Helport, que su casa matriz obtuvo la extensión de la concesión de la mayoría de los aeropuertos en el país, y CCA, que se quedará con la obra de la ruta. Los que no tuvieron nada para recibir a cambio terminaron perdiendo”, afirma una fuente de la industria que conoce de cerca el proceso.
Corporación América consiguió el 30 de noviembre la extensión del contrato de concesión de 35 aeropuertos en todo el país, a cargo de su unidad Aeropuertos Argentina 2000, hasta 2038 a cambio de una promesa de inversión de 2.500 millones de dólares.
La UTE Helport, Panedile, Eleprint y COPASA había acordado rescindir el contrato de concesión de los corredores E y F el 24 de septiembre. Como informó Desarrollo Energético (https://desarrolloenergetico.com.ar/el-gobierno-busca-evitar-una-batalla-judicial-por-las-ppp/), Eduardo Eurnekian sentía sobre sus hombros la presión de que si no firmaba podrían verse amenazadas las operaciones de Aeropuertos Argentina 2000, una de sus principales empresas.
La administración de Alberto Fernández viene negociando con los consorcios desde mediados de febrero para cancelar las concesiones adjudicadas por Mauricio Macri ya que considera que son demasiado caras.
“Encontramos un sistema de PPP que de haberse desarrollado hubiera endeudado al país en 10.000 millones de dólares y generado un sobrecosto de obra pública del 40% por cada kilómetro de ruta construido”, explicó Katopodis a El Cronista.

Por Hernán Dobry

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