IMPSA dejó de ser una empresa privada para convertirse técnicamente en una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal (SAPEM) luego de que el gobierno Alberto Fernández y el Rodolfo Suárez concretaran el aporte de capital con el que se habían comprometido para rescatarla financieramente.
Tras la inyección de 1.362,90 millones de pesos, el Estado Nacional se quedará con el 63,70% de las acciones de la compañía, mientras que la provincia de Mendoza controlará el 21,20% tras aportar 454,300 millones.
En tanto, los acreedores de IMPSA, nucleados en un fideicomiso surgido tras la primera restructuración de su deuda que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Export Development Canada, Corporación Andina de Fomento, el fondo de inversión chileno Moneda Asset Management, el Banco de la Nación Argentina y el BICE, reducirán su posición al 9,80% y la familia Pescarmona recortará su presencia al 5,30%.
Como ninguno de estos últimos decidió poner la cantidad de efectivo equivalente para mantener sus tenencias, ambos terminaron licuando sus posiciones. Era parte de la estrategia para salir elegantemente de un negocio que a los acreedores no les interesa y darle paso a una estatización que les asegure cobrar la deuda de la empresa que tienen en sus carteras.
En una misma jugada, también reducen al mínimo la presencia de la familia Pescarmona, a quienes los bonistas y, especialmente el BID, señalan como los principales responsables de la caída de la empresa.
La inyección total del estado nacional y el mendocino alcanzó 1.817,20 millones de pesos, equivalentes a 20 millones de dólares, por lo que recibieron a cambio el 84.90% de la compañía, lo que terminó valuando a la compañía en un total de 2.149,40 millones de pesos, 22,65 millones de dólares.
Como informó Desarrollo Energético, varios grupos empresarios como Vila-Manzano y Pampa Energía analizaron la posibilidad de comprar IMPSA a lo largo de los últimos años, pero lo descartaron por su valuación, ya que sostenían que no era mayor al de su deuda.
En la actualidad, la compañía cuenta con una deuda de 560 millones de dólares correspondiente a su bono internacional con tasas del 1,50% anual y vencimiento en 2036, que comenzará a abonar cupones a partir de 2025 y amortizará capital en diez cuotas desde 2028.
Este pasivo, ahora, deberá ser respaldado por el Estado nacional y el gobierno de la provincia de Mendoza si la empresa no logra generar los suficientes fondos para cubrir con los pagos en los próximos años.
IMPSA planea utilizar el dinero inyectados para recomponer su capital de trabajo e intentar mantenerse a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos para la generación de energía y poder competir en mercados como Asia, Europa y África, en los que tenía presencia en el pasado.
“Con esta capitalización completamos el Plan de Recomposición de la Estructura de Capital que lanzamos el año pasado y que le permite a IMPSA posicionarse con sus productos nuevamente en los principales mercados del mundo, exportando tecnología de alto nivel. Agradecemos al Gobierno nacional y al Gobierno de la provincia de Mendoza por el gran apoyo que nos han brindado para concretar este importante objetivo para Argentina, Mendoza, la compañía, sus trabajadores y las PyMEs que trabajan con ella”, afirma su CEO, Juan Carlos Fernández
Para salir de su situación actual, deberá hacerse con nuevos contratos en el país y en el exterior. El más cercano es la de la represa Portezuelo del Viento, en cuya controvertida licitación presentó la única oferta como parte del consorcio Malal-Hue, conformado por la china Sinohydro y las locales Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) y Obras Andinas (OASA).
Como informó Desarrollo Energético, IMPSA también ganó otro concurso de precios para proveer tres turbinas Francis que serán instaladas en la represa Tekai, de 170 MW, en Malasia. Sin embargo, el proceso está paralizado a la espera que su gobierno consiga el fondeo y pueda adjudicarle el contrato.
En paralelo, la firma WAPDA la preseleccionó, en sociedad con la china Norinco, para proveer seis rodetes Francis para la central hidroeléctrica Warsak, de 243 MW, en el río Kabul en el valle de Peshawar en Paquistán. En la licitación, obtuvieron una buena calificación en la tecnología que presentaron para quedarse con las obras valuadas en 40 millones de dólares.
IMPSA también se encuentra en la última etapa del proceso de selección que están llevando a cabo The Arab Contractors y Elsewedy Electric, para comprar nueve turbinas Francis, de 234 MW cada una, para instalarlas en la represa Rufiji, de 2,10 GW, que están construyendo en Tanzania. Este negocio podría alcanzar los 200 millones de dólares e incluye todos los componentes hidro-electromecánicos.
Finalmente, la compañía mendocina planea participar de la licitación para la rehabilitación de la central hidroeléctrica Baygorria, de 108 MW, en Uruguay, que cuenta con tres turbinas Francis de 36 MW cada una.
Actualmente, la empresa se encuentra trabajando en el diseño y la fabricación de las nuevas turbinas para la represa Yacyretá, en los aerogeneradores del Parque Eólico Arauco, en los equipamientos para la central hidroeléctrica El Tambolar y para YPF y en la construcción del primer reactor nuclear argentino para generación de energía (CAREM).
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