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21 octubre, 2020
Energía

El plan del gobierno para avanzar con Chihuido I

El Ministerio de Economía ya incluyó la obra en el Presupuesto Nacional 2021

El gobierno argentino busca poner en marcha la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido I, de 637MW, en la provincia de Neuquén, después de seis años de dilaciones en el proceso. Este es uno de los grandes proyectos adjudicado durante la presidencia de Cristina Kirchner que nunca consiguió ejecutarse.
El primer paso para en ese sentido lo dio el Ministerio de Economía a mediados de septiembre, al incluir las necesidades de financiamiento para la represa en las planillas de Operaciones de Crédito Público del proyecto de Presupuesto Nacional 2021, que se está empezando a analizar en la Cámara de Diputados.
Esto le permitirá al titular de esa cartera, Martín Guzmán, poder terminar de cerrar el fondeo comprometido por un grupo de bancos alemanas y españoles para la construcción de la central hidroeléctrica, que había quedado paralizado desde el 10 de julio de 2018.
En esa oportunidad, la administración de Mauricio Macri había decidido suspender el proceso, cuando estaba todo pronto para la firma, como parte del programa de reducción del déficit fiscal que había implementado para tratar de obtener la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente Alberto Fernández tomó el proyecto como uno de sus objeticos desde que asumió su cargo. Incluso, se comprometió a seguir adelante con Chihuido I con la canciller alemana Ángela Merkel, durante la reunión que mantuvieron en el marco de su visita a Berlín en febrero.
La mandataria germana es la gran responsable de que el financiamiento para la central hidroeléctrica neuquina haya avanzado ya que se encargó personalmente de que esto ocurriera. Por eso, ha presionado para que tanto Macri como el gobierno actual siguieran adelante con el proceso e incluyeran a la fabricante de turbinas de su país, Voith Hydro, como proveedora de las cuatro turbinas verticales Francis que potenciarán la represa.
Como informó Desarrollo Energético, Merkel le había ofrecido a la Argentina dos créditos para fondear los 2.200 millones de dólares que se necesitan para la construcción de Chihuido durante su visita a Buenos Aires para participar de la reunión del G20, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.
El préstamo sindicado de 1.900 millones de dólares sería otorgado por el Banco Santander, el ING Bank, el Bayerische Landesbank y el Landesbank Baden Wurttemberg (LBBW) y contaría con una tasa del 6,62% (luego de cargos y comisiones) y un vencimiento en 20 años (con cinco de gracia) y serviría para cubrir el 85% de las necesidades del proyecto.
Este crédito también estaba garantizado por Euler Hermes Group con tasas cercanas al 12%. Para esto, debía incluirse a Voith Hydro como proveedora, ya que la ECA alemana sólo respalda productos o empresas de su país.
Para los cerca de 330 millones de dólares restantes, correspondientes al 15% que debía aportar el gobierno argentino, según lo establecido en el contrato de la obra, Merkel consiguió que los mismos bancos le otorgaran al país un segundo préstamos puente con un plazo que cubrirá los cuatros años que demandarán la construcción de la represa.
La canciller germana le reiteró esta propuesta a Fernández durante el encuentro que mantuvieron en febrero en Berlín. En esa misma visita, el Presidente se reunió también con el titular de Voith Hydro, como informó Desarrollo Energético.
La decisión del gobierno de incluir el proyecto en el Presupuesto para el año próximo está vinculada en una buena parte con la necesidad de contar con los votos de Alemania para aprobar la restructuración de la deuda con el FMI.
La ayuda de Berlín es de vital importancia dentro de este proceso, si los Estados Unidos decidieran no apoyar la propuesta que planea presentar el país, ya que es la cuarta potencia dentro entidad multilateral de crédito y cuenta con un 5,32% de los sufragios totales.
“La Argentina no se encuentra en una situación económica fácil, y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarle, y ayudarles”, había afirmado Merkel tras la reunión con Fernández en febrero.
En tanto, una fuente cercana a la Casa Rosada que conoce de cerca el proceso señaló a la agencia BNamericas que “avanzar con Chihuido es una cuestión de decisión política. Los alemanes están dispuestos a poner el 100% de los fondos”.
Esta es una de las grandes disyuntivas que enfrenta Alberto Fernández ya que, para contar con los votos germanos en el FMI, precisaría sumar al proyecto a la fabricante de turbinas Voith Hydro y dejar de lado a la local IMPSA, que se encuentran en una delicada situación financiera y de la que el gobierno es uno de sus principales accionistas, a través del Banco Nación.
Esto entraría en contradicción con la visión que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo de la empresa mendocina, a la que considera estratégica para el país, y con sus promesas de ayudarla a salir de su actual crisis, como informó Desarrollo Energético.
Por otro lado, esto también pone en una situación compleja a IMPSA, ya que la compañía tenía pensado impulsar una denuncia en la Justicia por las “irregularidades que se habían cometido durante la licitación”, en caso de que se siguiera adelante con la construcción de Chihuido I.
Incluso, le había presentado un documento con todos sus argumentos al por entonces presidente Mauricio Macri, pero que nunca movilizó luego de la paralización del proyecto en 2018, como adelantó Desarrollo Energético.
Si hiciera esto complicaría al gobierno nacional, a quien necesita pasa salir de la delicada solución financiera que atraviesa la compañía fundada por la familia Pescarmona y actualmente controlada por sus acreedores, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nación.

Cambio de estrategia
El Ministerio de Economía modificó el plan original para el financiamiento de Chihuido I, que estipulaba que el gobierno nacional se haría cargo de la totalidad de su fondeo y, en su lugar, decidió trasladarle a la provincia de Neuquén la responsabilidad de llevar adelante las obras, quien ahora deberá responsabilizarse de una parte de los préstamos con los bancos alemanes.
Según consta en el Presupuesto Nacional 2021, el Estado nacional tomará un crédito de 1.800 millones de dólares mientras que la administración de Omar Gutiérrez recibirá uno de 450 millones, que contará con el aval de la Casa Rosada.
Esta una estrategia similar a la que propuso implementar la gestión de Mauricio Macri, luego de que los alemanes le ofrecieran la totalidad del financiamiento para el proyecto a fines de 2018, como informó Desarrollo Energético.
Sin embargo, la decisión del gobierno Alberto Fernández sorprendió al equipo de Gutiérrez porque, hasta ahora, nadie los consultó ni los notificó sobre la decisión de traspasarles las obras ni sobre los términos en los que se realizará este proceso.
Los neuquinos recién se enteraron de esto cuando vieron las planillas adjuntas del Presupuesto Nacional que el Ministerio de Economía envió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a mediados de septiembre.
“¿No podemos terminar de renegociar y llegar a un acuerdo por la deuda de 900 millones de dólares que tenemos en la provincia y vamos a agarrar una obra como esta?”, afirma una fuente cercana al gobierno neuquino.
En tanto, la fuente cercana al Presidente sostiene que cuando el mandatario volvió de Alemania la idea original era que la Nación se hiciera cargo del “100% del crédito”, pero, luego, decidieron cambiar de plan y, ahora, buscan que “la provincia tome un crédito” de 450 millones de dólares.
En caso de que el gobierno no llegue a un acuerdo con los bancos germanos para financiar el 15% del presupuesto de Chihuido I que le corresponde a la Argentina, la UTE entre Helport (41%), Panedile Argentina (31%), Jose J. Chediack, Eleprint e Hidroeléctrica Ameghino, que fue adjudicada con el proyecto, cuenta con otras dos alternativas.
La primera sería con un fondo de inversión estadounidense que estaría dispuesto a respaldar las obras, pero para eso exige que le entregue como garantía de repago el flujo de caja obtenido con la generación eléctrica de la central, más un aval del consorcio y otro del Estado argentino, afirma el presidente de una de las constructoras.
La UTE también maneja una segunda alternativa que incluye la posibilidad de sumar como socia del proyecto, para realizar parte de la obra civil, a una empresa privada o estatal China, entre las que se encuentra PowerChina, que aportaría el 15% faltante.
“Los alemanes no quieren saber de nada con esta opción porque no confían en los chinos. Además, dicen que el préstamo para la obra solo puede ser para una empresa alemana o con bienes que se fabrican en su país y que por eso Euler está garantizando el 85% de los fondos – explica el presidente de la constructora -. Lo que ellos quieren es encabezar el consorcio y que les cedamos el cobro de lo que genere la central hidroeléctrica y con lo que quede, ellos nos pagan a nosotros”.
En 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri ya había suspendido el proceso, el consorcio había barajado la posibilidad de sumar a China State Construction Engineering como socia para que realizara parte de la obra civil a cambio de un préstamo de casi 200 millones de dólares para completar con el fondeo que le faltaba.
Sea cual fuere la decisión que tomen, el gobierno argentino debe noticiar a la ECA alemana antes del 31 de diciembre que tiene aprobado el financiamiento para que puedan otorgarle las garantías e iniciar el proceso para que los bancos le den el crédito para Chihuido I.

Un proceso complejo
Los problemas de Chihuido I no sólo tienen que ver con el financiamiento. La central hidroeléctrica aún carece de un plan certero de cómo será desarrollada ya que el consorcio aún no ha presentado el diseño ejecutivo revisado (DER) a pesar de que han pasado seis años desde que fue adjudicada con el contrato.
“El diseño actual está basado en los parámetros que nos dio el Estado, pero aún no se ha hecho la ingeniería. Tenemos que revisar el proyecto con los criterios nuevos y presentar un DER nuevo que lo que lo tiene que aprobar un tribunal de expertos”, afirma el presidente de la constructora.
Estos cambios podrían modificar los costos originales de Chihuido I con los que fueron adjudicados en la licitación realizada por el gobierno de Cristina Kirchner en 2014. Incluso, la Argentina debería cubrir la diferencia en los montos si la nueva revisión superara los 2.250 millones de dólares.
“Aún no se sabe cuál va a ser el costo económico final que tendrá el proyecto porque nadie presentó el nuevo presupuesto. No sabe si va a valer lo mismo que se aprobó en 2014. Puede salir más barato, pero si es más caro el Estado tendrá que ver de dónde saca el dinero”, señala la fuente cercana al gobierno neuquino.
En tanto, desde el consorcio, señalan que las nuevas tecnologías y criterios de construcción de presas le permitirá que “se produzca un ahorro” cuando presenten el DER, pero también señalan que esa “diferencia quedará para las empresas”.
Otra de las cuestiones que aún quedan por definir es quién se hará cargo de pagar los costos de los trabajos de inspección de las obras (el gobierno nacional o el neuquino o ambos), que representan entre el 3 y el 5% de total del presupuesto de Chihuido (68 y 110 millones de dólares), como informó Desarrollo Energético..
A su vez, tampoco terminó de definirse si la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) pagará los 162 dólares por MW estipulados en el contrato o si esta tarifa sufrirá modificaciones, señala la fuente cercana al gobierno neuquino.
Finalmente, la administración del Alberto Fernández aún no ha conformado el nuevo comité mixto que decidirá sobre Chihuido I, compuesto por representantes del Ministerio de Economía, del del Interior, de Obras Públicas, del gobierno de Neuquén y de Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del Neuquén (EMHIDRO). “Sin eso no se puede avanzar con el proceso”, señala la misma fuente.
Desde el consorcio, estiman que el proyecto recién podría arrancar a partir de abril-mayo del año que viene. En ese caso, están analizando solicitarle al gobierno desarrollar también la central hidroeléctrica Chihuido II, para la que piensan contratar a IMPSA como proveedora de las turbinas.
Como adelantó Desarrollo Energético,  la empresa mendocina le había presentado a EMHIDRO y a la administración de Mauricio Macri un plan para levantar esa misma represa en 2019, pero no logró avanzar debido a la crisis financiera del país y a la derrota electoral de Cambiemos en las PASO.

Una historia llena de dilaciones
La UTE Helport-Panedile-Jose J Chediack-Eleprint-Hidroeléctrica Ameghino estuvo cerca de obtener el fondeo para la central hidroeléctrica en dos oportunidades, con préstamos de bancos rusos y chinos.
La oferta original incluía un préstamo de 1.660 millones de dólares a 20 años, con 66 meses de gracia, con el Vnesheconombank (VEB) e incluía la participación de empresas como Inter RAO Group y OSJC Power Machines como proveedoras de las turbinas y generadores.
La transacción fracasó en 2016 luego de que el gobierno de Mauricio Macri optó por no aceptar la propuesta que estaba respaldada por el premier Vladimir Putin y tenía una tasa del 6,50%.
En mayo de 2017, Helport llegó a un acuerdo para obtener un crédito sindicado de 2.200 millones de dólares con una tasa del 3-3,50% liderado por el Bank of China (BOC), pero el Beijing decidió suspender el proceso luego de que la Argentina paralizara la construcción de las represas Condor Cliff y La Barrancosa, que estaban en manos de China Gezhouba Group Corporation (CGGC).
Chihuido I había sido adjudicada originalmente en 2010 al consorcio liderado por la brasileña OAS y financiado por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
En la contienda había superado a IMPSA, a la UTE Electroingeniería-CGGC, y a la sociedad entre Power Construction Corporation of China (PowerChina), HydroChina Corporation y varias firmas locales.
El proceso fracasó porque el gobierno argentino no logró fondear su parte del proyecto con dinero de la ANSES. La obra fue licitada nuevamente en 2014 por el gobierno de Cristina Kirchner y quedó en manos de Helport.

Por Hernán Dobry

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