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21 octubre, 2020
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El gobierno busca evitar una batalla judicial por las PPP

Las empresas piensan recurrir a los tribunales si la administración de Alberto Fernández las fuerza a rescindir los contratos.

El gobierno nacional podría enfrentar una catarata de juicios locales e internacionales si no logra llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes para rescindir los contratos de participación público-privada (PPP) para la construcción de rutas y autopistas adjudicados en julio de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Si bien el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, planea ofrecerles a los consorcios una propuesta similar a la que firmó con la UTE Helport, Panedile Argentina, Eleprint y Obras y Servicios (COPASA), el resultado podría ser muy diferente al obtenido esta semana con los corredores E y F.
Las compañías extranjeras están decididas a recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, si el gobierno no les abona la totalidad de las inversiones que realizaron y les libera las garantías que presentaron, para rescindir los contratos, señala el presidente de una de las constructoras que ya logró salir de las PPP.
Sin embargo, no todas podrán hacerlo ya que los documentos de adjudicación de las obras viales establecían que podrían recurrir a tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras aquellos empresas que tengan accionistas extranjeros, con el porcentaje mínimo que se establezca en los pliegos de cada proyecto, o en los casos que el o los beneficiarios del Fideicomiso Individual PPP RARS sean residentes en el exterior.
De esta forma, sólo tendrán habilitada esta instancia el consorcio conformados por la china Civil Panamá y la local Green (corredor B) y el que reúne a las argentinas Rovella Carranza, JCR y a la portuguesa Mota-Engil Latin America (corredor Sur).
Quienes puedan recurrir a esta alternativa, guardan una esperanza de recuperar lo invertido ya que el CIADI ha fallado en contra de la Argentina en todas las causas que se abrieron en los últimos años, muchas de las cuales no llegaron a sentencia porque el gobierno formalizó un acuerdo extrajudicial con su demandante.
“La Argentina siempre pierde en el CIADI así que las empresas recurran a esta corte van a cobrar lo que pusieron”, señala el directivo de una de las constructoras, que ya ha resuelto la recisión pero que aún podría tener que dirimir las diferencias en esta instancia si no logran limar las últimas asperezas que aún quedan por resolver.
En cambio, en el país, la cuestión será bien diferente ya que los tribunales locales suelen tomarse varios años para fallar y, luego, hay que lidiar con las apelaciones, al punto de que aún está pendiente de conclusión el diferendo por otras concesiones viales iniciado en 2003.
Así, la UTE Paolini Hermanos-Vial Agro-INC (corredor A) y la empresa José Cartellone Construcciones Civiles (corredor C) deberán encarar una estrategia diferente para poder recuperar las garantías y las inversiones realizadas desde que le fueron adjudicados los contratos.
Por eso, si el gobierno planea usar la misma táctica que empleó con Helport, Panedile, Eleprint y COPASA para dar de baja el convenio para el desarrollo de los corredores E y F, los resultados podrían ser diferentes.
Por un lado, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación cuenta con una ventaja a la hora de sentarse en la mesa de negociaciones: ninguna de ellas tiene un fallo judicial que obligue a la administración de Alberto Fernández a devolverles las garantías, tal como había ocurrido con la UTE liderada por la constructora de Eduardo Eurnekian.
Sin embargo, otros magistrados podrían tomar como precedente el fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal del 1 de septiembre para decidir al respecto sobre las medidas cautelares presentadas por los otros cuatro consorcios.
La resolución del tribunal obligaba al gobierno nacional a devolverle a la UTE Helport-Panedile-Eleprint-COPASA dos de las garantías que había puesto para el corredor E por un total de 33,50 millones de dólares y mantenía vigente una tercera.
En caso de que la Cámara falle de la misma forma, la administración de Alberto Fernández quedaría, una vez más, en una situación incómoda, tal como ocurrió a comienzos de mes y volvería a desatar las internas entre los sectores duros y blandos que participan de las negociaciones.
Por eso, la premura de Katopodis por resolver este problema, ya que sin una resolución judicial a su favor y con el precedente del acuerdo firmado con Helport, Panedile, Eleprint y COPASA, los otros consorcios se encuentran en una posición más débil.
Sin embargo, las compañías están resueltas a dar pelea si no las satisface la propuesta oficial o si el gobierno decide ejecutar las garantías que están en poder del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que presentaron cuando fueron adjudicadas con los contratos.

Una victoria parcial
El Ministerio de Obras Públicas logró desactivar esta semana la primera de las bombas que amenazaban explotar en su camino tras llegar a un acuerdo con el consorcio integrado por Helport, Panedile, Eleprint y COPASA para rescindir los contratos PPP correspondientes a los corredores E y F tras siete meses de ideas y vueltas.
Estos eran los de más fácil resolución para el gobierno ya que el titular de Corporación América, Eduardo Eurnekian, sentía sobre sus hombros la presión de que si no firmaba la recisión podrían verse amenazadas las operaciones de Aeropuertos Argentina 2000, una de sus principales empresas.
Por eso, la amenaza de ejecutarle la garantía de Servicios Principales surtió efecto rápidamente sobre el empresario, quien decidió convocar a sus socios en el consorcio y les propuso hacerse cargo de todos los costos que podría acarrear la medida con tal de dar por terminada esta historia, que había empezado mal desde su inicio, ya que habían pasado precios demasiado bajos, lo que tornaba el negocio poco rentable.
“La decisión de aceptar la recisión la tomó Eurnekian porque quiere cuidar los otros negocios que tiene con el Estado. Por eso, nos comunicó a los demás miembros del consorcio que él iba a hacerse cargo de todo lo que esto implicaba, para evitar que suframos perjuicios”, explica el mismo empresario.
Como parte del acuerdo, el gobierno nacional le devolverá a la UTE las garantías por cerca de 190 millones de dólares correspondientes a las de las Obras Principales, las de Cierre Financiero y las de Servicios Principales que establecía el contrato de PPP.
A su vez, ambas partes incluyeron en el documento una serie de ítems que cada una le reclama a la otra que debe cumplir para dar por concluido el convenio. El consorcio le pide al Estado que le restituyan cerca de 21 millones que invirtió desde que se hizo cargo de los corredores, mientras que la administración de Alberto Fernández sigue sosteniendo que deben ser las empresas las que tienen que hacerse cargo de esto porque incumplieron con los todos los hitos, destaca el presidente de la constructora.
Por eso, se comprometieron a seguir conversando para encontrar una salida intermedia que deje a todos conformes, explica el directivo y agrega que en caso de que esto no se consiga, podrán recurrir a un tribunal arbitral internacional para dirimir la cuestión, ya que COPASA tiene su sede en España.
Pese a esto, desde el consorcio se muestran pesimistas frente a la posibilidad de recuperar, aunque sea, una parte de esos fondos ya que esta clase de diferendos en la Argentina suelen muchos años, por lo que los dan por perdidos.

En busca de una solución
La administración de Alberto Fernández convocó a las constructoras a mediados de febrero para anunciarles que pensaba dar de baja los acuerdos firmados por Mauricio Macri. A partir de allí, se vienen desarrollando negociaciones en la que no faltaron las amenazas de ejecución de las garantías y las medidas cautelar para evitarlas.
Las compañías están solicitando que la cancelación sea por cuestiones del gobierno, lo que implicaría que deberían abonarles los costos de mantener las garantías (20 millones de dólares para todos los consorcios) y los gastos de desarrollo inicial, como la contratación de un asesor financiero, consultores, abogados que estaban estipulados en la adjudicación de los corredores, y los 200.000 dólares que les reclama el BICE a cada uno de los consorcios.
En tanto, la administración de Fernández pretende basar la rescisión en los incumplimientos de los contratistas (cierre financiero, garantías, avance de las obras, entre otros), lo que implicaría que el Estado recuperaría los corredores sin pagarles nada a las empresas, quienes, a su vez, perderían todo lo que gastaron desde que se hicieron cargo de las rutas.
Las constructoras decidieron recurrir a la Justicia a mediados de junio luego que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) les enviara la nota NO-2020-34533542-APN-DNV#MOP el 27 de mayo con la que les daba 30 días para ampliar la garantía de cierre financiero del 2% al 2,50% del monto total del contrato PPP.
A principios de julio, los empresarios le presentaron a Katopodis una propuesta de rescisión que incluía mantener el contrato de operación y mantenimiento (O&M) de los corredores viales, y el cobro de peajes, hasta que saldaran los montos invertidos.
El ministro la elevó al Departamento de Legales de Obras Públicas el 17 de julio para que lo analizara, pero no hubo respuesta. Sin embargo, pocos días después los “invitaron a firmar una carta con un acta de inicio de negociaciones con ciertos temas en el plazo de 30 días”, que rechazaron.
Por el momento, las compañías han avanzado cerca del 5% en total de los trabajos y el gobierno deberá comenzar a pagar los primeros certificados de avance de obra (TPI), denominados en dólares, el 20 de noviembre.

Por Hernán Dobry

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