Los empresarios del sector energético entraron en un clima de pánico y confusión luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara el martes por la noche un ajuste aún mayor a las restricciones a la compra de divisas, en un intento desesperado por cuidar sus escasas reservas disponibles y evitar que sigan drenando a través del pago de capital de la deuda corporativa contraída en el exterior y la compra de dólares por parte de ahorristas minoristas.
“Se trata de un proceso de destrucción de capital. Es un golpe a la economía terrible. Con esta medida, nadie va a querer nunca más invertir en la Argentina. Si siguen así, en breve se viene un nuevo corralito para los depósitos en dólares. Vamos al modelo venezolano”, afirma el CEO de una compañía energética local, que pidió mantenerse en el anonimato a BNAmercias.
La intranquilidad que han mostrado en los últimos días no es para menos. La comunicación “A 7106” del BCRA podría forzar a muchas compañías locales a la cesación de pagos de su deuda emitida en dólares en el país y en el exterior si no logran acordar con los inversores una restructuración forzada de sus obligaciones negociables (ON) y créditos bancarios en tiempo récord ante la imposibilidad de acceder a la compra de la moneda estadounidense, que hasta el martes tenían asegurada.
“Con este cambio de reglas del juego que hizo el Banco Central, las empresas no van a poder pagar sus vencimientos”, explica el director asociado de una calificadora de riesgo internacional en la Argentina.
Por eso, todas ellas debieron salir a anunciarles a sus inversores, a través de comunicados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que están analizando las medidas de la entidad monetaria para ver cómo resuelven el entuerto que les han creado, sin siquiera preverlo.
La normativa establece que quienes registren vencimientos de capital programados (con acreedores privados, con bancos u bonos) entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo 2021 deberán refinanciar un 60% con una nueva emisión, con vida promedio de dos años, para acceder a los dólares para pagar el 40% restante en efectivo.
Sólo quedan exceptuadas de esta resolución aquellos créditos tomados con organismos internacionales, sus agencias asociadas, agencias oficiales de crédito o que estén garantizados por ellos, aunque fijó el monto máximo para acceder a la compra libre de divisas en un millón de dólares por mes.
Las empresas que deban cancelar sus ON antes del 31 de diciembre, además, tendrán que presentarle al BCRA un plan detallado de cómo harán para restructurarlas antes del 30 de septiembre, para obtener el permiso para adquirir las divisas, según establece la nueva normativa.
Esto resulta virtualmente imposible ya que las compañías carecen del tiempo suficiente para contratar a los bancos que organicen el proceso, autorizar la transacción en una reunión de directorio, anunciarla en la CNV con suficiente antelación, convocar a los inversores, presentarles una propuesta y que la aprueben.
Entre las energéticas, se encuentran en este grupo Genneia, que habían emitido el 27 de agosto dos bonos dólar-linked por un total de 26 millones de dólares en el mercado local para cancelar parte de la última amortización de sus ON Clase XVIII por 6,67 millones el 20 de noviembre, las Clase XXI por 51,50 millones y las Clase XXIII por 6,84 millones el 20 de diciembre. Ahora, deberá refinanciar en menos de dos meses el 60% de sus vencimientos a pesar de contar con los fondos en pesos para pagarlos en su totalidad.
En tanto, la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) tiene que abonar la sexta cuota de capital de sus títulos Clase II, serie I, de 9,75 millones de dólares el 14 de diciembre y, seis meses después, la última de 26 millones.
En una situación similar, se encuentra AES Argentina Generación quien deberá pagar el vencimiento de sus bonos verdes Clase B de 22,16 millones de dólares el 18 de noviembre, que había colocado ocho meses antes.
Por su parte, Central Puerto tendrá que pagar la primera cuota de 36 millones de dólares correspondiente a la amortización del crédito de 180 millones que le otorgaron Citibank, JP Morgan Chase y Morgan Stanley en 2019 para la compra de la central térmica Brigadier López.
Además de las empresas energéticas, otras compañías locales deberán abonar los vencimientos de sus ON como IRSA (181,52 millones de dólares el 11 de noviembre), Cresud (73,61 millones el 14 de noviembre), John Deere (4,99 millones el 21 de diciembre y 23,24 millones el 23 de diciembre), Plaza Logística (27,06 millones el 18 de diciembre), San Miguel (17,76 millones el 20 de diciembre), Newsan (17,59 el 19 de diciembre), Agrofina (1,26 millones el 5 de noviembre), Petroagro (3,12 millones el 9 de noviembre) y Celulosa Argentina (3 millones el 4 de diciembre), sin contar otras que puedan tener deudas con entidades bancarias en la moneda estadounidense.
En tanto, el Banco Hipotecarios se encuentra en una posición confusa frente al alcance de la normativa ya que está en pleno proceso de canje de sus ON internacionales Clase XXIX por 279,80 millones de dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2020.
La propuesta que le envió a los inversores el 8 de septiembre ofrecía entregarles 650 dólares en bonos Clase 4 por cada 1.000 de los otros y 350 en efectivo para quienes la acepten antes del 21 de septiembre y de 850 y 150, respectivamente, para quienes lo hagan entre esa fecha y el 5 de octubre.
Esto sería insuficiente para que la empresa pueda cumplir con los requisitos del BCRA para acceder a los dólares necesarios para realizar el desembolso y, a su vez, tampoco podría cumplir con los plazos establecidos en la normativa.
Por otra parte, el Banco Central estableció que las compañías que tengan vencimientos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 deberán enviar su plan de refinanciación como mínimo 30 días antes de la fecha en la que debe realizarse el pago.
Dentro de este grupo, se encuentra, entre otras, la energética y cementera local Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que tendrá que abonar su ON Clase 2 por 36,96 millones de dólares el 17 de febrero, y las amortizaciones mensuales (octubre-marzo) por 11,65 millones correspondientes al crédito que le otorgó Itau Unibanco Holding (sucursal Nassau) en 2018 para construir sus parques eólicos.
A su vez, Albanesi deberá pagar un total 29,21 millones de dólares de las cuotas de capital de sus bonos Clase X (19,71 millones) el 16 de febrero, de su bono privado internacional (de 8 millones) en el mismo mes y del crédito con BLC Asset Solutions (de 1,50 millones) en marzo.
También, Compañía General de Combustibles (CGC) tendrá que abonar un total de 20 millones de dólares correspondientes a la cuarta cuota de las amortizaciones de sus ON Clase X (5 millones) el 12 de enero y del crédito que le otorgaron el Banco Galicia, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Santander y Citibank (15 millones) en febrero.
El caso más confuso es el de YPF ya que el 31 de julio había refinanciado el 58,40% de su bono de 1.000 millones de dólares con vencimiento el 8 de marzo de 2021, por lo que le quedaría un remanente de 412,65 millones para pagar en esa fecha. La duda es si deberá lanzar un nuevo proceso para conseguir acceder a los dólares para saldarlo.
“Estamos analizando internamente la normativa y vamos a hacer consultas al Banco Central para ver si estamos alcanzados o no por la resolución. Hasta el momento, deberíamos canjear nuevamente el 60%”, afirma una fuente cercana a la petrolera controlada por el Estado.
La dificultad que deberá atravesar YPF es que la mayoría de los tenedores de estos bonos son inversores minoristas que, en su momento, ni se enteraron de la restructuración que había lanzado la compañía, explica una fuente del mercado que conoce en detalla la operación.
Además de las empresas energéticas, otras compañías locales deberán abonar los vencimientos de sus ON en el primer trimestre de 2021 como Agrofina (1,26 millones de dólares el 5 de febrero), Petroagro (3,12 millones el 9 de febrero), Celulosa Argentina (3 millones el 4 de marzo) y Rizobacter (4,28 millones el 19 de febrero), sin contar otras que puedan tener deudas con entidades bancarias en la moneda estadounidense.
El caso de YPF y otros puntos de la normativa han generado confusión en las empresas, por lo que esperan que, en las próximas dos a cuatro semanas, el Banco Central saque circulares aclaratorias con mayores precisiones, basadas en las consultas que le irán realizando los afectados.
Problemas a futuro
El BCRA tomó esta medida para intentar cuidar los cerca de 3.300 millones de dólares en reservas líquidas disponibles que aún le quedan disponibles de los 42.643 millones que tiene en total. En la normativa, también incluyó una tasa del 35% que le cobrará a quienes deseen comprar los 200 dólares que están permitidos por mes, para desincentivar que sigan haciéndolo y, así, frenar el drenaje de divisas.
Sin embargo, los empresarios, analistas y economistas dudan que esto pueda detener la sangría ya que el tipo de cambio oficial sigue siendo más barato que en el mercado negro y las compañías y provincias seguirán pagando los intereses.
Con esta resolución “no ganó ni el Estado, ni los emprendedores, perdimos todos, y lo peor es que no estamos estudiando las medidas para salir del laberinto económico en que estamos metidos desde 2011 a la fecha”, afirma el economista Salvador Di Stéfano.
Las dudas que tienen los empresarios son si el Banco Central prolongará la medida o restringirá más aún el mercado de cambio si para el 31 de marzo de 2021 no ha logrado controlar el éxodo de sus reservas. En la Argentina, ya hay experiencia en este tema porque, en 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde prohibió el giro de divisas al exterior y provocó la cesación de pagos de la deuda de las empresas locales.
“No pueden continuar con esta normativa por mucho tiempo. O presentan un plan de sustentabilidad que permita el ingreso de reservas, sino explota”, destaca el gerente financiero de otra generadora eléctrica.
Para esto, es necesario que los inversores tengan en claro cuál es el rumbo económico y político que piensa llevar adelante el gobierno de Alberto Fernández en el mediano plazo, algo que, hasta ahora, nadie tiene del todo claro.
“Tienen aclarar quién manda, qué van a hacer y adónde quieren ir. La confianza es un problema del Presidente, de Cristina Kirchner y de Juntos por el Cambio. Esto va a seguir así hasta que haya un cambio de régimen”, explican desde una de las distribuidoras de energía.
La resolución del Banco Central, a su vez, va a terminar de cerrar el acceso al mercado de capitales local que tenían las empresas y la posibilidad de hacerlo en el exterior que se había abierto después de la restructuración de la deuda soberana que había conseguido el gobierno de Alberto Fernández.
“Se corta el crédito a cero porque nadie puede refinanciar todos sus vencimientos, por lo que se rompe la cadena de pagos. Esto te condena a que haya más salida de dólares”, señala el presidente de la energética.
En tanto, desde otra de las generadoras eléctricas, sostienen que “si había alguna posibilidad de que se abriera una ventana después de la restructuración de la deuda soberana, la acaban de sepultar”.
Por Hernán Dobry