La licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, de 210 MW, ha generado controversias desde el día mismo de su lanzamiento, pero ahora se apresta a provocar un escándalo político en Mendoza con consecuencias difíciles de calcular.
Todas las alarmas se encendieron en el gobierno de Rodolfo Suárez cuando, el 31 de marzo, se abrió el sobre 3, correspondiente a la oferta económica, presentada por el consorcio Malal-Hue, conformado por la china Sinohydro (46%), las locales IMPSA (22%), Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) (16%) y Obras Andinas (OASA) (16%).
La propuesta del único participante de la licitación sobrepasó en 394.271.319,69 dólares los 884.042.000 dólares establecidos en el presupuesto oficial para la construcción de Portezuelo del Viento. O sea, es un 44,60% más cara de lo que planeaba gastar la provincia en su desarrollo.
Los 1.278.313.319,69 dólares ofertados por Malal-Hue incluso superaron en 254.950.397,69 dólares (24,91%) los 1.023.365.992 dólares con los que cuenta el gobierno de Suárez para financiar estas obras y otras complementarias como la inspección y supervisión de los trabajos, cuestiones ambientales y expropiaciones.
Los funcionarios provinciales sabían que estas cifras generarían un escándalo público por lo que intentaron esconder los números reales en el comunicado oficial que emitieron tras la apertura del sobre 3. Allí, señalaron que los montos ofertados iban en un rango de “884 millones de dólares hasta 1.063 millones de dólares”.
Sin embargo, omitieron decir que a estos valores había que sumarles el IVA, por lo que había que adicionarles un 21% más a los anunciados en la gacetilla. De haberlo hecho, el resultado hubiera mostrado que las propuestas de Malal-Hue se ubicaron entre los 1.070.377.308,66 y los 1.286.325.487,15 dólares.
Desde el gobierno provincial buscaron quitarle dramatismo a la diferencia en los precios ya que consideraron que las diferencias en los montos se debieron al riesgo político actual y a las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri.
“Cuando se preparó la oferta, no se sabía si el pago iba a ser en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial, por la incertidumbre de cómo iba a hacer los desembolsos el gobierno nacional. Esto desapareció hace pocos meses cuando el Ministerio de Economía empezó a depositar los dólares en la cuenta”, explica una fuente cercana a la administración de Suárez.
El gobierno nacional acordó en 2019 que le pagaría a Mendoza una deuda que mantenía con la provincia con Letras del Tesoro (Letes) intransferibles denominadas en dólares con vencimiento trimestral por un total de 1.023.365.992 dólares para la construcción de Portezuelo del Viento y/u otros emprendimientos hídricos.
Sin embargo, una segunda fuente que conoce de cerca el proceso licitatorio señala que “las empresas siempre tuvieron claro cómo iban a ser los pagos y que los desembolsos se realizar al consorcio ganador serían en pesos al tipo de cambio oficial del día fijado en el cronograma”.
Por el momento, el Ministerio de Economía de la Nación lleva desembolsados 151.273.328 dólares en el fideicomiso constituido especialmente para respaldar la construcción de la represa, correspondiente a las cuotas de octubre de 2019, enero, abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.
El gobierno de Alberto Fernández deberá realizar el próximo pago, de 64.088.534 dólares el 28 de abril, al que le seguirán otro de 46.319.402 el 28 de julio y uno de 57.122.065 el 28 de octubre.
Luego, Martín Guzmán tendrá que desembolsar en forma trimestral un total de 211.22.484 dólares en 2022; 448,0257.782 en 2023 y un saldo final de 30.901.391 el 28 de enero de 2024.
“La otra razón de la diferencia de precios es que el presupuesto oficial es demasiado bajo y la provincia se vio forzada a ponerlo así en su momento por funcionarios del gobierno de Macri que querían mostrar que se bajaban los precios de la obra pública”, explican la misma fuente y una tercera que conoce de cerca el proceso.
Las cifras oficiales de Portezuelo del Viento se calcularon en septiembre de 2010 cuando se realizó el proyecto ejecutivo, que incluía sólo la construcción de la presa y de la central hidroeléctrica.
Luego, entre octubre de 2018 y febrero de 2019, se fueron ajustando los valores hasta alcanzar los 884.042.000 dólares establecidos en los pliegos como valor de referencia, tras haberle agregado las obras en las rutas, la línea y la nueva Villa Las Loicas
Sin embargo, la tercera fuente señala que el gobierno mendocino decidió incluir otras obras a realizar (dos hoteles y un centro médico de alta complejidad en este poblado gran cantidad de personal y equipamiento para la inspección, entre otros) luego de haber fijado ese número.
La segunda fuente, que conoce cómo se llevó a cabo este proceso, rechaza ese argumento y señala que todos estos detalles ya habían sido incluidos en la actualización del presupuesto oficial en febrero de 2019.
“A partir de allí, los costos para las empresas no sólo subieron poco en lo que respecta a los equipamientos que se necesitan para construir la represa, sino que por el contrario muchos de ellos bajaron medidos en dólares, en especial la mano de obra local, debido a la depreciación del peso de los últimos dos años”, explica.
De adjudicarse el contrato con estos precios, esta licitación se convertiría en la única que no consiguió un ahorro frente al presupuesto original en los últimos años en lo que respecta a las subastas para la construcción de una represa en el país que cuentan con financiamiento propio de la entidad que la realiza.
La que mejor desempeño mostró fue la que organizó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en 2019 para levantar la central hidroeléctrica Aña Cuá (270 MW), en la provincia de Corrientes, con una diferencia del 51,98% frente a lo estimado inicialmente.
Allí, el consorcio Aña Cuá compuesto por la italiana Astaldi, la puntana Rovella Carranza y la paraguaya Tecnoedil se quedó con la obra civil, mientras que la alemana Voith Hydro obtuvo el contrato para la parte electromecánica.
En segundo lugar, se ubicó la licitación organizada por la Empresa Provincia Sociedad del Estado (EPSE) para la construcción de la segunda etapa de la central hidroeléctrica El Tambolar (70 MW), en la provincia de San Juan, con un ahorro del 35,52% frente al presupuesto original, también en 2019.
En esa oportunidad, el consorcio conformado por las argentinas Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE), Panedile Argentina y Petersen Thiele y Cruz y la china Sinohydro Corporation se quedó con el contrato para llevar adelante los trabajos en la represa.
“Esto es algo nunca visto en la Argentina. Si Yacyretá fue el monumento a la corrupción, este es el robo del siglo”, resalta el presidente de una de las principales empresas del sector que desistió de participar en la licitación por las condiciones que impuso el gobierno mendocino en el pliego para “beneficiar a IMPSA”.
El empresario sostiene que su consorcio, que había conformado con compañías locales y un socio chino, tenía previsto presentar una oferta de 720 millones de dólares con IVA incluido. Incluso, pensaba dejarla en una escribanía para que constara como prueba, pero finalmente desistió de hacerlo.
“La palabra que define esta licitación es sobreprecios”, resalta el presidente de otra de las firmas que pensaba participar de la licitación, pero desistió de hacerlo por razones similares a las de su competidora.
Su compañía tenía conformado un consorcio con dos empresas chinas y había realizado todos los estudios necesarios que habían derivado en una propuesta de cerca de 850 millones de dólares con IVA incluido que prefirió no presentar.
“Llama la atención los incrementos en los valores. Me preocupa muchísimo porque se trata de la única propuesta y con esos números entramos en un terreno complicado porque implica que la provincia va a tener que salir a buscar recursos externos. Esta obra hay que hacerla porque es importante para algún día hacer el trasvase al río Atuel”, afirma Germán Gómez, presidente del bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de Mendoza.
Pese a esto, tanto los empresarios como los políticos locales han decidido dar marcha atrás con su idea original de lanzar impugnaciones sobre la licitación una vez que se adjudique el contrato.
Las constructoras sostienen que esa estrategia no servirá para nada, como ya ha quedado demostrado en los resultados obtenidos con las presentaciones de medidas cautelares en el concurso de precios de Aña Cuá.
En tanto, los políticos locales, tanto oficialistas como opositores, buscan evitar de cualquier forma quedar vinculados con una posible caída de la licitación de Portezuelo del Viento, porque eso los llevaría a perder las elecciones de octubre y sepultaría sus aspiraciones para suceder a Suárez, explica una cuarta fuente, que conoce las internas locales.
Tanto la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner, como el senador provincial Lucas Ilardo, del mismo partido, evitaron hacer declaraciones al respecto cuando fueron consultados por Desarrollo Energético.
Precios demasiado altos
Las diferencias entre los montos establecidos en el presupuesto oficial y las 11 variantes propuestas por Malal-Hue fueron de tal magnitud que el propio gobierno mendocino salió aclarar en el comunicado oficial que “seguramente se pedirá mejorar dicha oferta, como es habitual en los procesos licitatorios con un único oferente”.
Sin embargo, nada de eso está establecido en los pliegos de Portezuelo del Viento, que hablan siempre del procedimiento cuando se cuenta con más de una propuesta y nunca de lo que se debe hacer cuando hay una sola.
“La Administración, antes de notificar a los Oferentes el Adjudicatario del Contrato de Obra, podrá, a su sola decisión, convocar a MEJORA DE OFERTAS, de la que participarán todas aquellas ofertas incluidas en el Orden de Mérito Provisorio cuyos precios corregidos se encuentren dentro del CINCO POR CIENTO (5%) de diferencia con respecto a la que ocupe el primer lugar, que conformarán la denominada ‘Lista Corta’ o Short – List”, estipula en el capítulo VI, cláusula 1 (modificado por Circular N° 7, art. 37).
A su vez, el artículo 25 de la Ley 4416, de Obras Públicas, de Mendoza establece que “cuando se presentaren DOS (2) o más ofertas y estas fueren igualmente convenientes, se podrá llamar a mejora de ofertas entre los proponentes en tales condiciones; si resultare nueva paridad se resolverá sobre la que acredite mejores antecedentes no tenidos en cuenta en la calificación del Registro de Constructores. La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la adjudicación, si se la considera conveniente”.
Desde la Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA), que forma parte del comité organizador de la licitación, salieron a aclarar cómo será el proceso. “Hay muchas cuestiones en las que probablemente la Comisión Evaluadora pida aclaraciones sobre tratamientos impositivos, algunos descuentos que se ofrecen financieros, de plazos y cronogramas de trabajo. El pliego prevé un mecanismo de mejoras de ofertas que cobra mucho más sentido por ser una oferta única. Vamos a utilizar este recurso”, le detalló a BNamericas su presidente, Pablo Magistocchi.
Desde las constructoras, señalan que, normalmente, las rebajas en los precios en las licitaciones de obras públicas “suelen rondar entre el 5% y el 6%” de lo presentado en la propuesta.
Pese a esto, la fuente cercana a la administración de Suárez se muestra confiada en que Malal-Hue realizará un descuento “importante” en los montos porque “debió incluir en su oferta una especie de seguro para cubrirse por el tipo de cambio y ahora que tiene Mendoz/a está recibiendo los dólares eso no existe”.
La tercera fuente coincide en que el consorcio Malal-Hue tiene posibilidades de ajustar los montos que podrían terminar dejando la propuesta final cerca de los 1.023 millones de dólares con los que cuenta la provincia.
Sin embargo, tanto los dos empresarios consultados como la segunda fuente destacan que si el consorcio decidiera rebajar los precios un 50% para estar por debajo del presupuesto oficial se desataría un “escándalo”.
“Eso demostraría que se trata de una estafa, porque nadie puede pasar un precio y, luego, hacer un descuento tan alto. Eso implicaría que los estaban cagando”, afirma la segunda fuente.
Desde el consorcio Malal-Hue prefirieron no hacer comentarios ante las consultas realizadas por Desarrollo Energético. Por el momento, sólo ha propuesto dentro del sobre 3 un descuento del 1,67% en los precios de cada una de las alternativas por terminar la construcción 30 días antes de los 1.853 estipulados en los pliegos y por solicitar sólo el 10% del monto total del contrato como anticipo financiero.
En la actualidad, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas continúa estudiando la documentación presentada por la UTE y aún no le ha solicitado ninguna aclaración o pedido de ajuste en los precios.
Problemas financieros
El valor de las ofertas recibidas le generará un problema financiero a la provincia, además del costo político que deberá pagar si adjudica el contrato con esos niveles de precios en medio de un año electoral.
El principal inconveniente es que carece de los fondos necesarios para cubrir con la diferencia de 254.950.397,69 dólares que hay entre la propuesta básica del consorcio Malal-Hue y lo que recibirá del gobierno nacional.
Esta brecha incluso se incrementaría aún más si la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas decide optar por la variante 1, que fue la que mejor puntaje obtuvo en el análisis de las propuestas técnicas.
En este caso, el monto a cubrir sería de 256.592.953,33 dólares, que podría reducirse a 235.217.690,21 si el gobierno decide aceptar los términos y condiciones del primer descuento propuesto por el consorcio.
Incluso, las necesidades serían aún mayores ya que la administración de Suárez había decidido separar 139.320.922 dólares de lo que recibirá del gobierno nacional para abonar los gastos de inspección y supervisión de las obras, tareas ambientales y expropiaciones vinculados con la construcción de Portezuelo del Viento.
De esta forma, la brecha entre la oferta y los fondos que cuenta Mendoza serían de 394.271.319,69 dólares si opta por la propuesta básica y de 395.913.875,33 si escoge la variante 1. Estos montos podrían reducirse a 372.923.487,25 y 374.538.612,21 respectivamente si se aceptara el primer descuento ofrecido por el consorcio.
Para poder financiar esto, el gobierno de Suárez deberá pedir autorización al Congreso provincial para endeudarse, algo que le resultará difícil teniendo en cuenta las diferencias entre el presupuesto original y el precio final de la obra.
La segunda dificultad reside en la imposibilidad de conseguir fondeo internacional en tiempos donde el riesgo país local ronda los 1.600 puntos y los mercados se encuentran totalmente cerrados para la Argentina.
Los problemas financieros de la provincia la llevaron a restructurar el año pasado su bono de 530 millones de dólares con tasa del 8,375% y vencimiento el 19 de mayo de 2024 y canjearlo por tres títulos con tasas del 2,75% 4,25% y 5,75% por un total de 590 millones y vencimiento el 19 de marzo de 2029.
“Entramos en un terreno complicado porque la provincia no está bien financieramente y nos estaríamos endeudando por algo que no sabemos si se va a poder hacer por los problemas con La Pampa y la Nación”, resalta Gómez.
Las propuestas
El consorcio Malal-Hue presentó 8 ofertas con 11 opciones diferentes de precio en la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en la que fue la única participante.
La UTE realizó una propuesta básica con pavimento flexible de 1.278.313.319,6 9 y otra con pavimento rígido de 1.280.473.041,43 y una alternativa obligatoria de 1.283.550.435,64 y 1.286.325.487,15 respectivamente.
En la primera de las variantes, ofreció realizar la misma obra, pero con una nueva traza más baja y menos sinuosa de la ruta nacional 145 con pavimento flexible por 1.279.955.875,33 dólares y con pavimento rígido por 1.286.285.063,47.
Su segunda alternativa incluyó construir la represa, pero sin la ruta provincial 226 por 1.230.070.565,24, mientras que la tercera dejaba afuera la línea de alta tensión de 220kV y la estación transformadora por lo que su precio era de 1.070.377.308,66.
Finalmente, en la sexta variante el consorcio ofreció levantar la central hidroeléctrica con una nueva traza más baja y menos sinuosa de la ruta nacional 145 y un paquete estructural diferente con un costo de 1.273.304.038,27.
Malal-Hue había realizado otras dos propuestas más (la 2 y 3) que incluían unificar el campamento de los operarios con la nueva villa Las Loicas y que los gastos relacionados con la inspección de obra quedaran a cargo de la provincia, pero fueron descartadas por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas tras el análisis de las propuestas técnicas.
En esa misma instancia, además, realizó una calificación de las restantes variantes y armó un ranking ordenado según el puntaje que obtuvo cada una de ellas. La lista quedó encabezada por la alternativa 1 (77,0435 puntos), seguida por la 6 (77,0435 puntos), la básica (76,8435 puntos) y la obligatoria (76,8435 puntos).
En tanto, las variantes 4 y 5 fueron dejadas sin valuación porque realizan una “mejora en los costos” ya que excluyen obras que estaban estipuladas en los pliegos de la licitación.
El gobierno mendocino ya anunció que espera tener terminado todo el proceso de estudio de las propuestas antes de fines de mayo para poder adjudicar el contrato durante junio.
Por Hernán Dobry