José Cartellone Construcciones Civiles analizar emitir un bono local de 200 millones de dólares en moneda estadounidense, para financiar parte de la construcción de 413,80 kilómetros en las rutas 7 y 33, si mejoran las condiciones políticas y económicas del país con la llegada de un nuevo gobierno, afirma una fuente.
La operación dependerá de las medidas que tome el próximo presidente respecto a los contratos de participación público privada (PPP) y a la deuda soberana y si se abren los mercados para las empresas argentinas, señala. Si se dan las condiciones, la compañía espera buscar vencimientos superiores a los 48 meses para su título, destaca.
En caso de que no pueda llevar adelante la operación, Cartellone analizará otras alternativas, que incluyen negociar préstamos bancarios con entidades locales e internacionales para respaldar la construcción del Corredor C, que le fue adjudicada en la licitación realizada por el Ministerio de Transporte de la Nación en junio de 2018.
La compañía acaba de recibir la aprobación de un crédito 400 millones de dólares a 15 años de parte del Overseas Private Investment Corporation (OPIC) para respaldar los 801 millones que precisa para el proyecto. La entidad estadounidense desembolsará los fondos trimestralmente a cambio de los certificados de avance de obra (TPI) que emitirá el Gobierno Nacional para pagar los trabajos realizados, explica la misma fuente.
La administración de Mauricio Macri creó un fideicomiso especial con lo recaudado con el impuesto al gasoil y los peajes de las autopistas 9 y Ricchieri para abonarlos. Los TPI están emitidos en dólares mientras que lo obtenido para respaldar su cobro está en pesos.
Los desembolsos estarán supeditados a que el BID Invest preste el dinero comprometido a otro fideicomiso especial de 1.000 millones de dólares creado por Gobierno Nacional y administrado por el BICE para ayudar a las compañías que obtuvieron contratos PPP y que tienen problemas para obtener financiamiento para el desarrollo de las rutas debido a que sus dueños y/o directivos figuran en la causa de los cuadernos, explica la fuente.
Esto se debe a que los bancos comerciales internacionales han enfrentado trabas para otorgarles fondos en forma directa por cuestiones de cumplimiento (compliance) debido a la incerteza sobre el resultado de la investigación judicial.
BID Invest planea aportar 200 millones de dólares al fideicomiso, mientras que un grupo compuesto por JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, UBS, y Nomura Holdings suministrarán los restantes 800 millones, asegura la segunda fuente. De esos fondos, Cartellone venía negociando con la entidad multilateral un crédito de 100 millones de dólares para su proyecto.
Por el momento, la unidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene paralizado el desembolso del dinero a la espera de que se conozca el resultado de las elecciones y las medidas que tomará el nuevo gobierno, afirman las primeras dos y una tercera fuente.
Otra opción que le plantea OPIC para efectivizar el préstamo es que la entidad multilateral de le otorgue un crédito directamente a Cartellone, por mínimo que sea el monto, lo que le daría el aval necesario para seguir adelante con la operación, resalta la primera fuente y agrega que el BID es el auditor de la transacción.
Con los 400 millones de dólares del organismo estadounidense, la compañía planea acelerar las obras en las rutas que ya está llevando a cabo, pero a un ritmo más lento del esperado porque cuenta con fondos reducidos para este fin, explica la fuente. La firma comenzó con los trabajos en febrero, incluyendo el mantenimiento de rutas y la construcción de una planta que se utilizará en el proceso, entre otros.
Mientras tanto, estuvo financiando la primera etapa del proyecto con un préstamo a corto plazo de 15 millones de dólares con tasa del 17% con Nomura. Esto es parte de una línea de 54,70 millones de dólares que acordó con el banco japonés a cambio de los TPIs, resalta. En la actualidad, es imposible volver a recurrir a esta alternativa ya que las tasas que están pidiendo son prohibitivas, agrega.
Cartellone hizo uso de esta opción, que ya consideraba cara en su momento, mientras concluía con las negociaciones con el Bando de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por un crédito de 15 millones de dólares con tasa del Libor + 8% y vencimiento a 18 meses para fondear su capital de trabajo, explica.
Por el momento, sólo obtuvo un desembolso de 4,2 millones de dólares con estas características el 6 de agosto, pero los siguientes, que debían hacerse mensualmente, fueron paralizados debido a que cambiaron las condiciones del mercado tras el resultado de las PASO, afirma la segunda fuente.
En primer lugar, el Directorio de la entidad estatal paralizó este y otros préstamos que estaban listos para su aprobación, ya que le resulta difícil estimar cuánto deberían pagar las empresas por el dinero, debido a las turbulencias políticas y económicas que vive el país, sostiene la primera y la segunda fuente. De esta forma, los funcionarios buscan resguardarse de posibles demandas judiciales en el futuro por haber otorgado dinero a tasas bajas, resalta la segunda fuente.
Luego, le notificó a la constructora que los créditos no podrían ser otorgado en dólares, como lo habían estipulado, debido a las restricciones impuestas por el Banco Central para los movimientos con la divisa estadounidense, explica la primera y la segunda fuente. Como alternativa, les ofrecieron dárselo en pesos a tasa de mercado, lo que hacía la operación imposible, destacan. Incluso, se barajó la posibilidad de que le comprara los TPI, con un sistema similar al que había implementado con Nomura, pero no llegaron a un acuerdo, señala la segunda fuente.
Como parte del acuerdo entre el BICE y las empresas constructoras, parte de los ingresos del préstamo del fideicomiso especial comandado por BID Invest serán usados para cancelar los préstamos que el banco estatal de desarrollo planea otorgarles para llevar a cabo las obras, concluye la segunda fuente.
Por Hernán Dobry