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28 junio, 2022
Minería

El kirchnerismo metió la cola en el litio

La Dirección General de Aduanas estableció un precio de referencia para las exportaciones del metal y creó incertidumbre en el sector.

El kirchnerismo encontró, finalmente y de forma inesperada, la manera de empezar a controlar el negocio del litio en la Argentina, un mercado que se le venía tornando un tanto díscolo y en el que había intentado entrometerse de diversas formas en los últimos años.
Sin saberlo, el gobierno de Catamarca, una provincia que lucha por desarrollar la minería masiva, le abrió la puerta para que creara un mecanismo del que, por el momento, nadie se anima a calcular los daños que causará en el corto, mediano y largo plazo: la instauración de un valor de referencia para las exportaciones del metal a 53 dólares por kilo (53.000 por tonelada).
La medida de la Dirección General de Aduanas (DGA), entidad que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), causó revuelo entre los empresarios, inversores y funcionarios provinciales.
Nadie se esperaba una reacción de esta manera, más aún porque el sector tenía una relación fluida con el gobierno a través del por entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien venía intentando promover la minería en el extranjero. Una batalla más de la interna entre el albertismo y el kirchnerismo.
“No pueden tomar una decisión sin consultar con el merado”, afirma un funcionario de una de las provincias productoras de litio. En tanto, una fuente de una de las empresas que cuenta con proyectos en el sector sostiene que “la postura es de suma preocupación porque fue una decisión inconsulta. Tiraron la bomba atómica”.
La instauración de un precio de referencia para las exportaciones de litio perjudica directamente a dos empresas, en el corto plazo: Livent Lithium y Sales de Jujuy, que son las únicas dos que tienen proyectos en funcionamiento en el país en la actualidad.
La primera es una unidad de la estadounidense Livent, mientras que la segunda está controlada 66,50% por la australiana Allkem, 25% por la japonesa Toyota Tsusho y 8,50% por la local Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
El nuevo precio de referencia para las exportaciones de carbonato de litio grado batería también perjudicará a todas las compañías, en su gran mayoría chinas, que actualmente están construyendo sus proyectos y comenzarán a producir a lo largo de este año y el siguiente.
El impacto de la medida tomada por la DGA/AFFIP se debe a que los 53 dólares por kilogramo fijados por el gobierno se encuentran por debajo de valor al que lo están vendiendo las empresas con sus clientes en el extranjero.
En su tercer trimestre fiscal, al 31 de marzo, Sales de Jujuy lo comercializó a un promedio de 27,24 dólares y prevé que para el período abril-junio sea de aproximadamente 35 dólares.
Como el carbonato de litio no es considerado un commodity ya que su composición no sólo se define por su pureza (más del 99,50%) sino también por la caracterización de las impurezas que integran el 0,50% restante. A su vez, su proceso de pre-calificación a los fines de su adquisición suele ser de doce y dieciocho meses, debido a los envíos de muestras y certificación de los procesos de calidad.
Por esta razón, carece de una cotización internacional pública, a diferencia de lo que ocurre con otros metales como el oro, la plata, el cobre u otras materias primas como el petróleo, la soja o el maíz, por citar algunos.
Su valor se cierra entre el vendedor y el comprador, quienes firman contratos de largo plazo (mayores a un año de vigencia) que establecen volúmenes y precios de acuerdo con el mercado en donde se comercializa.
En muchos casos, también dependen de las condiciones existentes al momento en el que se cierra el acuerdo. Por esta razón, las productoras tienen en sus carteras una diversidad precios que difieren de uno a otro en plazos, circunstancias y países.
Ante el desconocimiento sobre cómo manejarse en este mercado, la DGA le pidió ayuda a la Secretaría de Minería de la Nación, quien la “asesoró sobre cuestiones técnicas: en los grados de pureza, el funcionamiento de los contratos a futuro y del precio spot”, sostiene una fuente cercana a esta dependencia y resalta que, luego, “el análisis lo hizo la AFIP viendo el mercado”.
El organismo conducido por Silvia Brunilda Traverso decidió, entonces, tomar el precio spot de referencia que marca la consultora británica Fastmarkets, junto con el de la última exportación de 200 toneladas, también a precio spot, que se realizó a cerca de 53 dólares para fijar el valor de referencia para las exportaciones, según explica el mismo funcionario provincial.
“Es algo normal que la AFIP controle y fije un precio de referencia. Desde 2020, se ha hecho con muchos productos. En el litio, somos nosotros y Chile los productores y con esto, somos casi pioneros en esto en el mundo – sostiene la fuente de la Secretaría de Minería de la Nación -. Todo lo que se innove va a hacer ruido. Si queremos que esto se desarrolle tiene que hacerse igual que en las demás industrias. Esta medida beneficia a los compradores porque te fija precios mínimos de comercialización”.
De esta forma, la Dirección General de Aduanas pasó por alto la realidad con la que opera el sector que se maneja con contratos a futuro a largo plazo que se fijan entre compradores y vendedores muy por debajo de esos valores.
“Este precio no tiene que ver con la realidad de hoy. Son válidos con el spot, pero no condice con los contratos que están hechos a menor precio. Normalmente, no se hacen operaciones a valor spot. Esto lo hizo gente que no conoce el mercado”, afirma el consultor independiente y ex CEO de Minera Exar, Gabriel Rubacha.
Otro consultor concuerda. “No sé en base a qué se tomó ese valor. Es como que le dijese a la soja que vale 200 dólares. El precio lo regula el mercado: Asia, los Estados Unidos. No lo podemos regular nosotros”, sostiene.
La aplicación de esta nueva medida amenaza con perjudicar a este sector ya que trae una mayor inestabilidad para la industria, un nuevo episodio de falta de reglas del juego claras para los inversores y la preocupación sobre cuál será el uso final que se le dará a este instrumento.
“Desde la empresa vemos con preocupación este tipo de medidas ya que no generan reglas claras, son arbitrarias y poco contribuyen a seguir favoreciendo escenarios de inversiones y planificación de esta industria que está en crecimiento”, afirman desde Sales de Jujuy.
Nadie sabe, hasta ahora, cómo se implementará el precio de referencia y, en el gobierno, reina el silencio. Las productoras han mantenido reuniones con funcionarios para conocer su alcance y la forma en la que procederán con los contratos preexistentes, pero, por el momento, nadie se lo ha podido explicar con claridad.
“Cuando haya un contrato efectivo va a pasar igual. Si está bien y cumple con todo lo que se le pide, no debería haber problemas. Si tenés los contratos entre compañías que no condice con lo que fija la AFIP, se frena el cargamento, justificás los papeles y el contrato y la Aduana lo va a dejar pasar”, sostiene la fuente de la Secretaría de Minería de la Nación.
La nueva medida implica un nuevo cambio en las reglas del juego para los inversores ya que la fijación de un precio máximo para las exportaciones podría transformarse en un nuevo impuesto encubierto. Las empresas temen que puedan utilizarlo como base para calcularles el IVA, Ganancias, regalías y retenciones que tendrán que pagar por sus ventas, a pesar de que sus valores de comercialización sean inferiores.
“Es como si fuera una retención, un costo operativo. Con esto, va a pasar exactamente lo mismo. La Aduana no tiene límite. Puede llegar a ser un riesgo porque sienta un precedente”, afirma el ex ministro de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone.
A esto, se le suma la preocupación de las empresas sobre cuál será la flexibilidad que tendrá el gobierno con los cambios en el precio de referencia ante los movimientos que pudieran llegar a surgir en los mercados internacionales.
Su desconfianza se sustenta en la experiencia del sector de hidrocarburos. Allí, el “barril interno” de petróleo se mantiene casi inalterado en 60-65 dólares a pesar de que el Brent cotiza en el exterior a cerca de 123 dólares.
“Mete un poco de ruido. Es como si te dijeran que este es tu precio al que vas a tener que vender. Los precios van a caer. Esto está lejos de la realidad ya que van a llegar a 15 dólares y en los próximos años a 12-14 por kilogramo”, explica Daniel Chávez Díaz, CEO de Eramine Sudamericana, la empresa controlada por la francesa Eramet y la china Tsingshan, que está desarrollando el proyecto de Centenario-Ratones en Salta.
Todos los especialistas, funcionarios y empresarios consultados concuerdan en que el valor del carbonato de litio caerá en los próximos años, aunque todos difieren en el nivel que finalmente alcanzará. “Nadie cree que el precio del litio vaya a estar por debajo de 20 dólares, porque la demanda va a ser mayor que la oferta”, detalla Rubacha.
La incertidumbre creada en torno a esta nueva medida está haciendo ruido entre los inversores, quienes ya están pensando en qué hacer con sus proyectos en el país, especialmente los que ya tenían algunas dudas. Desde las casas matrices de muchas multinacionales, incluso, empezaron a consultar a sus ejecutivos locales para entender las consecuencias que les traerá a sus operaciones.
“Las empresas serias, las que van a hacer los proyectos, están preocupadas. Sigue creciendo la incertidumbre. Esto puede demorar los proyectos. Si alguno estaba en duda, lo va a parar. Te quita credibilidad”, afirma el funcionario provincial.
En tanto, Martín Perez del Solay, managing director y CEO de Allkem, sostiene que “el dialogo con las entidades regulatorias, los gobiernos provinciales y las autoridades a nivel nacional, son esenciales para la construcción, el conocimiento y entendimiento de esta pujante industria y para poder continuar con los planes de inversiones”.
Sales de Jujuy, su controlada, está llevando adelante una ampliación de su planta en el salar de Olaroz, para producir 42.500 toneladas por año de carbonato de litio equivalente (CLE) que requerirá de una inversión de 285 millones de dólares. A su vez, se encuentra realizando el estudio de factibilidad para realizar una tercera etapa, que la convertiría en la mayor fabricante de la Argentina.
La incertidumbre que se desató en el sector fue de tal magnitud que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) salió a mostrar su preocupación por la decisión del gobierno y a insistir en la necesidad de respetar las reglas del juego para que se pueden concretar los cerca de 5.000 millones de dólares en inversiones que se esperan para la producción de litio en la Argentina en los próximos años.
“Es fundamental que el país sea capaz de sostener un marco estable de reglas claras y seguridad jurídica que permita la planificación de inversiones de carácter productivo – resaltó la entidad en un comunicado -. La noticia de la creación de esta nueva norma genera un impacto negativo en las empresas con inversiones en la Argentina y en el desarrollo de otros proyectos en carpeta. Para consolidar la llegada de inversiones mineras y el crecimiento productivo, es esencial que el país pueda garantizar la estabilidad de sus reglas y normas. Los cambios en las condiciones perjudican las planificaciones de largo plazo que requieren este tipo de inversiones”.
Rubacha concuerda con este análisis y destaca que “tiene que haber señales de no cambio de reglas del juego y las siguen modificando. La Argentina no es confiable y el inversor sabe adónde mete la plata. Tienen que pasar veinte años sin cambios en las reglas para que volvamos a ser confiables”.
Si bien desde la Secretaría de Minería de la Nación son conscientes del impacto que tienen estos cambios constantes en las normativas en las empresas, minimizan el alcance que podría tener esto en las futuras inversiones.
“El mensaje es no sé con qué me van a salir mañana. Sin embargo, hoy las empresas del sector no tienen muchas otras opciones para producir litio. Entonces, incluso con esa inseguridad, vienen igual”, resalta la fuente del organismo.

La punta de lanza
La DGA estableció el 27 de mayo la resolución general 5197/2022 mediante la cual fijó un precio de referencia de 53 dólares el kilogramo de carbonato de litio grado batería para las exportaciones a Canadá, los Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Sur, China, Filipinas, Japón, Taiwán y Tailandia, los principales consumidores y productores de baterías del mundo.
“La medida es el resultado del trabajo conjunto con las áreas especializadas de fiscalidad internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarticular irregularidades detectadas e investigadas a lo largo de los últimos dos años en las exportaciones del carbonato de litio – sostuvo el organismo en un comunicado -. La normativa tiende a transparentar las operaciones del sector. Los valores de referencia son una herramienta que permite evitar maniobras abusivas que afectan los ingresos fiscales y la correcta liquidación de divisas”.
Las exportaciones de carbonato de litio superaron las 27.000 toneladas y alcanzaron montos de 185 millones de dólares durante 2021. Estas cifras podrían incrementarse este año con la puesta en marcha de proyectos que se encuentran en construcción.
Con esta medida, la Aduana busca “fortalece su capacidad de fiscalización del comercio exterior y evita maniobras de subfacturación en las ventas al exterior”. Esto ya lo viene haciendo desde 2020 en rubros como la carne vacuna y de cerdo, el mosto concentrado, el aceite esencial de limón, las colas de langostinos, el maní blancheado, las ciruelas secas, las limas y limones, los langostinos, los calamares, los cueros y pieles, las peras, las manzanas, el ajo, el tomate perita, los arándanos, la leche en polvo, la cebolla, la papa, las pasas de uva y la corvina.
Gran parte de estos controles habían sido eliminados durante el gobierno de Mauricio Macri, como una forma de promover el incremento de las exportaciones argentinas y mejorar su competitividad.
La resolución general 5197/2022 fue tomada en las vísperas del XI Seminario Internacional Litio en la Región de Sudamérica, el evento más importante de la industria en la Argentina, lo que el sector lo tomó como una provocación.
A su vez, se convertirá en uno de los temas centrales que deberán afrontar los funcionarios nacionales y provinciales y las empresas que participen esta semana de la convención de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), el principal congreso del sector minero a escala mundial.
La resolución general 5197/2022 se convirtió en el primer paso que logró dar el kirchnerismo para controlar el mercado del litio. Sin embargo, había habido intentos anteriores que resultaron infructuosos.
El año pasado, los diputados nacionales del Frente de Todos Marcelo Koenig y Carlos Heller trabajaron en un proyecto de ley para nacionalizar el metal. Si bien finalmente fue desestimado, creó incertidumbre en el mercado.

El huevo de la serpiente
La resolución general 5197/2022 es la consecuencia final de una investigación que comenzó la DGA el 31 de julio de 2020 sobre una posible subfacturación en las exportaciones de carbonato de litio que realizó Minera del Altiplano entre el 10 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.
Esta es una vieja disputa que viene manteniendo Catamarca con la empresa estadounidense Livent Lithium y con su predecesora FMC, a la que le reclamaba haberles vendido a sus propias unidades en el exterior su producción a un precio menor al que se lo comercializaba en el mercado.
De esta forma, la compañía pagó menos regalías y otros gravámenes a la provincia y, al mismo tiempo, hizo lo propio con otros impuestos (IVA, Ganancias y retenciones) al Estado nacional.
Como las negociaciones con Livent estaban estancadas, el gobernador Raúl Jalil recurrió a la administración de Alberto Fernández en 2020 para que lo ayudaran a destrabar este problema, en lugar de hacerlo por su cuenta y mantenerlo en el ámbito local.
Sin embargo, los estadounidenses ya eran conscientes de que deberían pagarle al Estado una multa por su accionar y lo dejaron documentado. “La compañía acordó asumir cualquier posible responsabilidad por este asunto según los términos del Acuerdo de Asuntos Fiscales que celebró con FMC en relación con la separación” de ambas firmas, sostuvo la empresa en su balance del primer trimestre, el 31 de marzo.
Finalmente, la DGA/AFIP hizo su aparición y tras dos años de investigaciones terminó resolviendo un problema puntual con una medida que no sólo afectará a Livent sino a todo las demás que operan actualmente en el país y las que lo harán en los próximos años.
En el interín, el gobierno catamarqueño llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense para compensar las regalías y los aportes mensuales adicionales no abonados en los últimos dos años.
Si bien, se descubrió que Livent vendía a un precio nueve veces menor al que se producía en la provincia de Jujuy, el gobierno catamarqueño decidió que deberá pagarle 127 millones de pesos (1,04 millones de dólares a la cotización oficial de hoy) y destinar 500.000 dólares para el hospital de Antofagasta de la Sierra para concluir con el litigio, un valor demasiado bajo para las consecuencias que podría generar la escalada que se originó por este tema.
“Se tomaron los últimos dos años, pero debería haberse estudiado, al menos, lo que pasó con los precios en los últimos cuatro desde que se firmó el último acuerdo con la compañía – afirma un ex funcionario catamarqueño -. En realidad, habría que haber investigados los precios a los que vendió el litio desde 1994, que es cuando empezó a producir en la provincia para ver realmente de cuánto fue el monto de subfacturación”.
Incluso, el haber escalado el conflicto hasta el gobierno nacional le abre ahora la puerta a la AFIP para que realice una investigación de oficio contra la empresa ya que, el acuerdo no hace más que ratificar que la subfacturación existió y que ambas partes lo firmaron para no tener que dirimir el tema en la Justicia.
De esta forma, la compañía también le habría pagado menos IVA, Ganancias y retenciones al fisco, además de las regalías provinciales, por la venta del carbonato de litio en forma interna a un precio menor al real. Si esto se comprobara, el problema se profundizaría, más aún para una firma que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Por Hernán Dobry

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