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22 febrero, 2021
Energía Petróleo y Gas

Generación eléctrica: un sector que pende de un hilo

Por el momento, las centrales térmicas pueden abastecer la demanda, pero si se recupera la situación económica el sistema podría colapsar.

El sector energético en la Argentina pende de un hilo que aún no se ha cortado tan sólo debido a la caída que ha sufrido la economía del país en estos últimos tres años y, especialmente, durante la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández durante 2020, fruto de la pandemia de COVID-19.
Actualmente, la generación eléctrica está pudiendo abastecer la demanda sin problemas a pesar del incremento en el consumo que suele darse durante el verano por el alza de las temperaturas.
Sin embargo, el derrumbe del nivel de actividad económica (cerca del 12%) que ha sufrido el país el año pasado hace temer que, en un futuro no tan lejano, esta situación se torne compleja si se recupera el sector industrial y comienza a crecer nuevamente el PBI local.
Durante 2020, el consumo eléctrico fue de 127.306 GWh, pero bajó un 1,27% en comparación con el año anterior, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), lo que lo sitúa en niveles similares a los que se alcanzaron en 2015, de acuerdo con los cálculos del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.
Las últimas licitaciones de proyectos de generación realizadas por el Estado datan de 2017 en lo que respecta a térmica (cogeneración y cierres de ciclo combinado) y de 2018 para las renovables (se hizo también una de pequeños proyectos en 2019).
Desde ese entonces, no se ha hecho ningún otro intento por incrementar en gran escala los posibles aumentos en la demanda futura. Incluso, durante la administración de Mauricio Macri quedó en carpeta un concurso de precios para la construcción de grandes ciclos combinados que nunca llegó a materializarse.
Algunos de los proyectos que se licitaron en 2017 y 2918 ya están en operación o cerca de hacerlo, pero la mayoría de ellos se encuentran paralizados debido a la crisis financiera que arrastra la Argentina desde hace casi tres años.
En tanto, el gobierno de Alberto Fernández aún no ha dado señales de qué hará con estos contratos, ya que muchos de ellos (especialmente los de energías verdes) han incumplido todos los hitos que tenían por delante.
A esto hay que sumarle que, si el gobierno decidiera llamar a nuevas licitaciones para la generación eléctrica, deberá afrontar previamente un problema mayor: la falta de capacidad de transporte que existe en el país.
Si se ponen en funcionamiento todas las plantas térmicas y renovables que están pendiente de construcción, se agotará completamente el espacio disponible en el actual tendido de líneas de alta tensión, tal como estaba previsto.
El gobierno de Alberto Fernández, al igual que el anterior, tiene en claro esto por lo que cuenta en carpeta con un programa para desarrollar al menos doce líneas de 500 kV y 50 de 132 kV y para ampliar estaciones transformadoras en todo el país que preparó el por entonces secretario de Energía, Sergio Lanziani, y que requerirá de una inversión total de 5.484,27 millones de dólares.
Ante este panorama, la administración Macri había lanzado una licitación para levantar una línea de 500 kV entre la provincia de Mendoza y la de Buenos Aires en 2019 bajo la modalidad de Participación Público Privada (APP). Todo quedó paralizado por la crisis financiera y la sucesión presidencial y, finalmente, fue dada de baja en marzo de 2020.
El principal escollo que tiene el gobierno argentino para llevar adelante esto es la falta de fondeo, una situación similar a la que padecen las empresas locales cuyas obras en sus plantas térmicas y renovables se encuentran paralizadas.

Un país no tan verde
Las energías renovables han quedado, al menos por ahora, afuera de la agenda del gobierno de Fernández. El presidente primero degradó la Subsecretaría de Energías Renovables a Dirección Nacional apenas asumió y la dejó sin poder de decisión autónoma, como había tenido durante los años de Macri.
Luego, mantuvo el cargo vacante durante cinco meses y cuando nombró un funcionario, duró unos meses y, finalmente, recién en octubre cubrió el puesto. Pese a esto, todo sigue igual que como lo dejó la gestión pasada, a pesar de que ya transcurrieron más de 14 meses desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales.
La visión oficial sobre este sector la sentenció el propio secretario de Energía, Darío Martínez en una entrevista con Econojournal cuando sostuvo: “Las energías renovables son lo que vienen y vamos en ese sentido, pero no es a cualquier costo. Países desarrollados te exigen precios de la energía que ellos pueden pagar, pero no todos pueden pagar ese costo de la energía”.
La Argentina debe cumplir con la Ley 27.191 de Energías Renovables que estipula que los grandes consumidores locales tendrán que adquirir al menos el 8% de su electricidad de fuentes renovables a partir de 2018, un valor que se irá incrementando anualmente un 2% hasta alcanzar el 20% en 2025.
El año pasado, la demanda local fue abastecida en un 9,70%, en promedio, por fuentes de energía verde e, incluso, alcanzó picos de hasta el 23,30% el 8 de diciembre, según CAMMESA. Sin embargo, la normativa establece que debería haberse ubicado entre el 12% y el 14% para esta fecha, según cálculos de BNamericas.
Como informó Desarrollo Energético, quedan 12 grandes plantas renovables en construcción que podrían sumar 823,95 MW más durante 2021. En tanto, se encuentra paralizado el desarrollo de 23 parques eólicos, por un total de 1.011,50 MW, y 47 solares, por un total de 1.069,77 MW, que fueron adjudicados con PPAs en las diferentes ediciones de la licitación RenovAr y en las rondas de asignación de prioridad de despacho realizadas por la mayorista estatal de electricidad.
Todos ellos han incumplido con cada uno de los hitos establecidos en los contratos (cierre financiero, llegada de equipos, inicio de obra y COD), debido a la crisis financiera que vive la Argentina desde comienzos de 2018. Por eso, les resultó imposible conseguir el fondeo necesario para desarrollarlos.
Hasta el momento, el gobierno no ha tomado ninguna medida sobre lo que hará con esos PPAs. Más allá de esto, hasta que no se resuelvan los problemas financieros del país, difícilmente puedan avanzar con las obras.
A esta situación, se le suman los nuevos impuestos que colocó el municipio de Puerto Madryn a la generación eólica, lo que ha provocado una mayor inestabilidad y desconfianza en un sector que ya viene golpeado por la crisis económica local y la falta de incentivos oficiales.
Si la administración de Alberto Fernández sigue sin avanzar con el desarrollo de las energías renovables y no resuelve los incumplimientos que tienen las plantas que aún están pendientes de construcción difícilmente pueda cumplir con las metas estipuladas en la Ley 27.191.
En un país donde no se respetan las normas y el propio Estado las viola constantemente ¿la Justicia se hará cargo de exigirle al gobierno que respete lo estipulado por la legislación aprobada cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidente?

¿Térmica o renovable?
Apostar a las fuentes de generación de energías verdes o las producidas en base al gas natural es una disyuntiva que se viene planteando no sólo el gobierno de Alberto Fernández, sino que también ya lo venía haciendo el de Macri.
En 2018, cuando la Argentina presidió el B20 de Energía, propuso oficialmente que los países productores de gas natural pudieran hacer una transición hacia las renovables con plantas térmicas potenciadas con este fluido.
Esta es una postura que también vienen defendiendo públicamente los principales referentes del sector dentro del gobierno de Alberto Fernández, incluso desde antes de haber ganado las elecciones.
La caída en el precio del gas natural ha reforzado más aún esta teoría ya que ha tornado más barata aún la electricidad proveniente de las centrales térmicas frente a las producidas de fuentes renovables. A esto, se le suma que estas plantas están disponibles en cualquier momento del día.
El mayor problema es que para lograr esto el país primero debe revertir el declino del 8,45% en la producción de gas natural que ha tenido el año pasado. Luego, tendrá que incrementarla para abastecer no sólo el consumo local actual sino, también, los aumentos futuros en el consumo que precisará cuando se reactive la economía.
Esta situación ha llevado a que durante el año pasado y, nuevamente en enero de 2021, diversas centrales térmicas han tenido que recurrir al gasoil, fuel oil y carbón mineral para poder generar la electricidad necesaria para cumplir con la demanda ante la falta del fluido y la menor inyección de las represas hidroeléctricas (-29,10% y las plantas nucleares (-14,30), según datos de CAMMESA.
El uso de estos combustibles durante el mes pasado ha incrementado los niveles de contaminación ya que se aumentó un 43,10% el uso de motores a diesel para producir energía, a lo que se le sumó una caída del 20,80 de los turbovapor y un 20,30% de las potenciadas a gas.
De esta forma, las generadoras eléctricas tuvieron que subir sus compras de fuel oil un 328,57% a 90.000 toneladas, el 92,68% las de gasoil a 79.000 de metros cúbicos por día (M3/d), un 294,11% las de carbón mineral a 67.000 toneladas, en comparación con lo adquirido en enero de 2020.
En tanto, el suministro de gas natural aumentó tan solo el 0,48% a 1,67 millones de metros cúbicos por día (MM3/d) debido a escasez que hay de fluido en el país. Para revertir esta situación el gobierno lanzó el Plan Gas 4 a fines de 2020, que empezó a implementarse a partir del 1 de enero. Sin embargo, su alcance es mínimo ya que recién permitirá alcanzar en cuatro años los niveles de producción registrados a fines de 2019.
Por el momento, los objetivos no se han conseguido en este rubro ya que el país generó 115,20 MM3/d en enero de 2021, un 11,54% menos que en el mismo mes del año anterior cuando registró 130,233 MM3/d.
A esto, se le suma que la Secretaría de Energía de la Nación debió lanzar una segunda rueda del Plan Gas 4 para intentar incentivar la generación local y tener que importar menos fluido entre mayo y septiembre, para evitar tener que usar dólares, que escasean en el mercado local.
Esta medida debió tomarla luego de haber fracasado en la primera ronda en conseguir que las empresas ofertaran para proveerle a CAMMESA de gas natural durante la temporada invernal. En esa oportunidad, sólo tres compañías (YPF, Total Austral y Tecpetrol) propusieron suministrarle 3,60Mm3/d a un precio promedio de 3,58 dólares por millón de BTU.
Incluso, este invierno el gobierno deberá utilizar nuevamente un barco regasificador para inyectar GNL importado en el puerto de Bahía Blanca para lograr abastecer la demanda ya que Bolivia ha reducido sus ventas y la producción local no alcanza para cubrir el consumo interno.
Para esto, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) lanzará en los próximos días una licitación para contratar una nave que inyecte el fluido que deberá importar durante el invierno para cubrir los 10,80 MM3/d de déficit que tendrá el país en su producción (14 MM3/d vendrán de Bolivia) frente a la demanda de 133,70 MM3/d esperada para 2021.
El gran problema es que para pagar estas compras en el extranjero el gobierno necesitará contar con divisas, de las que carece, ya que actualmente las reservas líquidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son negativas. Por eso, aún quedará por verse cómo hará para cumplir con sus proveedores, algo que deberá resolver antes de junio.

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