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22 febrero, 2021
Finanzas

YPF: un mal canje que violó las normas del BCRA

La petrolera obtuvo un resultado ínfimo frente al daño que generó en la confianza y credibilidad en los mercados internacionales para lograrlo.

Las leyes están hechas para ser cumplidas, salvo en la Argentina donde una y otra vez los diferentes gobiernos, a lo largo de las últimas décadas, encuentran la forma para tomar atajos y evitar ajustarse a las normas que, muchas veces, ellos mismos han redactado.
Eso ha empujado al país a un clima de una inseguridad jurídica general, especialmente para quienes buscan hacer negocios en estas tierras, que llevará muchos años poder revertir.
Hasta ese entonces, sólo vendrán inversores que buscan tomar altos niveles de riesgo o aquellos que logren asegurarse grandes retornos en un corto plazo para recuperar rápidamente el dinero que desembolsaron.
El canje de deuda que realizó YPF la semana pasada es un nuevo ejemplo esto. La petrolera controlada por el Estado informó el 11 de febrero que logró el consentimiento del 59,79% de los tenedores de su bono 2021 para cambiarlo por uno nuevo con finalización en 2026.
Esto viola expresamente lo estipulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su Comunicación A 7106 del 15 de septiembre de 2020 que establece que quienes registraren vencimientos de capital programados (con acreedores privados, con bancos u bonos) entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo 2021 deberán refinanciar un 60% con una nueva emisión, con vida promedio de dos años, para acceder a los dólares para pagar un monto que “no superará el 40%” restante en efectivo.
Incluso, existen inconsistencias en los valores informados en la operación ya que YPF reportó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que “los Tenedores Elegibles de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes que representan el 59,79% del monto de capital en circulación de dichas obligaciones negociables han presentado válidamente sus obligaciones negociables a la Oferta de Canje aplicable”.
Sin embargo, en la misma nota señala que este monto equivale a 246.735.000 dólares (60% del circulante) por lo que el remanente es de 165.917.000, como figura en su portal web. Los cálculos no cierran ya que la petrolera había informado en la primera oferta, enviada a los acreedores el 7 de enero, que el total del circulante de ese título era de 412.652.000, por lo que el 59,79% sería, en realidad, de 246.724.630,80 y el saldo pendiente de cancelación, de 165.927.369,20.
YPF estuvo cerca de lograr la meta impuesta por el BCRA, pero no lo consiguió. Por esa razón, la entidad monetaria no debería haberle permitido acceder a la compra de los billetes verdes que necesita para pagarle al 40,21% de los que no participaron de la operación.
Sin embargo, la compañía informó a la CNV y a la SEC que el “el Banco Central ha aprobado los resultados agregados de las Ofertas de Canje como un plan de refinanciación válido bajo la Comunicación ‘A’ 7106 incluyendo el acceso por parte de YPF al mercado de cambio para realizar el pago en efectivo a los Tenedores Elegibles que presentaron su Obligaciones Negociables 2021 Existentes de acuerdo con las Ofertas de Canje y para amortizar las Obligaciones Negociables 2021 Existentes que no sean canjeadas de acuerdo con la Oferta de Canje en su fecha de vencimiento”.
El vocero de la entidad monetaria, Fernando Alonso, sostiene que lo actuado se ajustó a lo que establecen sus normativas ya que la petrolera controlada por el Estado logró refinanciar más del 60% de todos sus vencimientos de 2021 por lo que esto lo habilita a comprar los dólares en el mercado oficial.
“Están mirando el vencimiento de un bono puntual. El BCRA mira el efecto real a lo largo del plan que presentan. Este año, y hacia adelante, logran el efecto pedido por el BCRA”, afirma.
¿Habría actuado igual el BCRA si hubiera ocurrido lo mismo con alguna de las decenas de grandes y medianas empresas que se vieron forzadas a refinanciar sus deudas por la normativa impuesta por la entidad monetaria cuando muchas de ellas tenían los pesos reservados para abonar sus bonos y no pudieron comprar los dólares por causa del cepo?
Es difícil saberlo, pero hasta el momento a la única compañía que está ayudando es a la petrolera. “YPF que no tuvo ningún trato preferencial. El plan que presentó YPF cumple con lo que pidió el BCRA (la norma habla de presentar un plan de refinanciación) incluso extiende la vida de la deuda a 3,5 años y no dos”, explica Alonso.
Para permitirle la compra de dólares, la entidad monetaria no sólo ha violado una vez sus propias reglamentaciones, como ya se ha explicado, sino que lo ha hecho en dos oportunidades.
La segunda también fue detallada en el mismo comunicado que envió la petrolera a la CNV y a la SEC. Allí, dice que el BCRA le permitirá acceder a los dólares para “el pago en efectivo a los Tenedores Elegibles que presentaron su Obligaciones Negociables 2021 Existentes de acuerdo con las Ofertas de Canje y para amortizar las Obligaciones Negociables 2021”.
O sea, YPF podrá comprar la divisa estadounidense no sólo para abonarle a quienes no entraron en el canje (el 40,21% del total) tal como lo establece la Comunicación A 7106 (si la hubiera cumplido) sino que además lo hará para desembolsar el endulzante que les ofreció a los acreedores para que aceptaran sumarse a la operación, algo que no está contemplado en la normativa.
La propuesta que le presentó la petrolera a los inversores fue pagarles en efectivo 408 dólares por cada 1.000 nominales e intereses devengados de su obligación negociable (ON) con vencimiento en 2021 en forma anticipada para tentarlos a participar de la transacción.
Si bien no fue detallado oficialmente, esta suma se dividía en 375 dólares por el capital y 33 por cada 1.000 en concepto de los días transcurridos como parte al cupón que debía abonarse el 23 de marzo (cupón corrido).
De esta forma, YPF se comprometió a pagarles a los acreedores 92,52 millones y 8,14 millones de dólares respectivamente a modo de endulzante el 12 de febrero. Estos son los 100,66 millones que le vendió el BCRA el 11 de febrero, según informó la compañía en el comunicado enviado a la CNV y a la SEC.
Sin embargo, la entidad monetaria también deberá autorizarle a la empresa a comprar el 23 de marzo otros 165,93 millones de dólares para abonarle el 100% del capital de la ON 2021 a aquellos acreedores que no ingresaron en el canje.
Si no lo hiciera, estaría forzando a la compañía a entrar en cesación de pagos, algo que pareciera ser improbable luego del esfuerzo que realizó la petrolera para conseguir la adhesión a la transacción.
Para permitirle comprar los dólares, el BCRA deberá volver a violar lo establecido en la Comunicación A 7106. De esta forma, le terminaría habilitando para adquirir 258,45 millones de dólares, lo que representa el 62,63% del total capital circulante de la ON 2021, cuando su propia norma establece que no debía superar el 40%.
La entidad monetaria disiente con esta visión. “Dentro de ese plan de refinanciación, YPF necesitan hacer un pago ahora y otro en marzo. Eso se habilita. No se habilita en función del vencimiento de un bono sino en función de la reestructuración global”, resalta Alonso.

Un proceso fallido
Si bien YPF salió a anunciar la transacción como exitosa, en realidad fue un rotundo fracaso no sólo por lo volúmenes totales alcanzados en la operación sino, también, por el desgaste que sufrió la empresa en términos de credibilidad y confianza en el mercado para llegar al acuerdo y por las turbulencias que le trajo al sector corporativo local durante el mes que duraron las negociaciones.
La petrolera había anunciado unilateralmente el 7 de enero una oferta para canjear siete de sus nueve bonos internacionales por un total de 6.227,62 millones de dólares por otros tres títulos con vencimiento en 2026, 2029 y 2033 con dos años de gracia en los que no pagaría intereses.
La propuesta incluía eliminar de las viejas ON la cláusula de cross default, con lo que si no abonaba la deuda que quedaba remanente se evitaba una aceleración de los nuevos títulos y los acreedores deberían recurrir a tribunales internacionales para poder cobrar.
La excusa era que utilizaría los fondos que debía desembolsar en 2021 y 2022 en concepto de capital e intereses para cumplir con su plan de inversión de 2.700 millones de dólares (1.300 irán destinados a Vaca Muerta) y así poder alcanzar una producción promedio de 35 millones de metros cúbicos de gas natural y 208.000 barriles de petróleo por día durante este año.
La compañía debió recurrir a esta instancia porque tiene cerradas todas las fuentes de financiamiento externo. Su gerente financiero, Alejandro Lew, ya lo había adelantado en diciembre en una reunión con analistas cuando explicó que la estrategia de la empresa sería recurrir al mercado local para conseguir “buena parte de las necesidades de 2021”.
Sin embargo, tenía otras opciones como vender activos no estratégicos o negociar inversiones con sus socios en diferentes áreas petroleras y gasíferas en el país. Una alternativa podría haberles ofrecido a las empresas con las que explota estos bloques que desembolsaran el dinero a cambio de una participación en el negocio, como lo hizo con Shell en el bloque CAN 100 ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino.
Otra posibilidad, era utilizar el sistema que implementa Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) en Vaca Muerta: cede sus beneficios en la producción de los yacimientos a cambio de la inyección de dinero que realizan las firmas operadoras hasta que cubre el monto en cuestión.
En cambio, prefirió volcarse por el dogmatismo ideológico del gobierno que estipula que el esfuerzo siempre deben hacerlo los demás, “los verdaderos culpables”, en lugar de asumir la realidad y realizar los ajustes necesarios para resolver el problema.
La propuesta cayó como un baldazo de agua fría entre los acreedores que, en seguida, la rechazaron porque la consideraron innecesaria. Para ellos, el inconveniente que debía resolver YPF era el vencimiento de su bono 2021, ya que no tenía problemas de caja para pagar los intereses de los demás títulos.
Una semana más tarde, tuvo que modificar su propuesta original y aceptar que la mayoría necesaria para aprobar los cambios en los términos y condiciones de los títulos sería del 50% del capital de cada serie y no del 60% del total como pretendía originalmente la compañía.
Esto tampoco logró conformar a los inversores quienes le quitaron el quorum en la asamblea de bonistas del 25 de enero. Por eso, YPF debió salir a realizar una segunda enmienda de su oferta que incluyó el pago de intereses en los primeros dos años de vida de los nuevos instrumentos, ajustes en los plazos de amortizaciones del capital y en las fechas de vencimientos de los nuevos bonos.
Sin embargo, los acreedores consideraron que esto seguía siendo insuficiente ya que el endulzante que proponía para ingresar en el canje de la ON 2021 era baja. Estaban dispuestos a torcerle el brazo, utilizando el mismo método que ya les había surtido efecto en la “exitosa” restructuración de la deuda soberana con el gobierno nacional.
Así, YPF contaba el 5 de febrero con un apoyo de no más del 30% de los tenedores del título que vence en marzo, el 42% del bono Clase XXVIII (2024), un 34,40% del Clase XIII (2025), el 23,93% del Clase XXXIX (2025), un 18,61% del Clase LIII (2027), un 19,64% del Clase I (2029) y un 27,26% del Clase LIV (2047).
Los tiempos se acortaban y la compañía debía resolver el pago de capital de la ON 2021, por lo que aceptó mejorar una vez más su propuesta incrementando el desembolso de efectivo adelantado que proponían los acreedores, con lo que logró destrabar el canje.
Finalmente, el 10 de febrero logró el apoyo del 43,12% de los tenedores del bono 2024 (656,38 millones de dólares), 37,15% del de marzo de 2025 (201,67 millones), 24,55% del de julio de 2025 (368,23 millones), 19,07% del 2027 (190,70 millones) 20,21% del 2029 (101,03 millones) y 28,45% del 2047 (213,39 millones).
De esta forma, consiguió canjear 1.978,13 millones de dólares de capital, lo que representa un 31,76% del total. Sin embargo, esta cifra se reduce a 1.731,39 millones si se excluye la ON 2021 que era el único problema que necesitaba realmente resolver, por lo que el porcentaje sería del 29,77%.
Este resultado le permitirá a la petrolera controlada por el Estado dejar de pagar unos 142,65 millones de dólares en intereses durante este año, a lo que habría que sumarle los 146,06 millones del bono que vence el 23 de marzo.
Así, el beneficio final que consiguió fue de 288,71 millones y tan sólo una postergación del 37,37% del capital de la ON 2021, una cifra que podría resultar ínfima si se considera el daño que generaron sus autoridades en la confianza y credibilidad de la empresa en los mercados internacionales para poder lograrlo.

Por Hernán Dobry

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