Los desencuentros entre el consorcio argentino que debe construir la represa Chihuido I, de 637 MW, en la provincia de Neuquén y sus nuevos socios alemanes de Voith Hydro han llegado a tal nivel de intensidad que podrían hacer fracasar definitivamente el proyecto, que ya lleva siete años inactivo.
Esto podría hacer naufragar todos los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández por llevar adelante esta obra, que fue adjudicada en 2014 durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y para la que llegó a un acuerdo con la canciller germana Ángela Merkel para financiar su desarrollo.
El trato incluía sumar a la fabricante de turbinas Voith Hydro como proveedora de todos los equipamientos para desarrollar la parte electromecánica de la central hidroeléctrica sobre el río Neuquén.
Pero las exigencias de la empresa alemana han creado un clima de tensión entre las partes e, incluso, entre los propios miembros del consorcio conformado por Helport (41%), Panedile Argentina (31%), Jose J Chediack, Eleprint e Hidroeléctrica Ameghino que podría hacer inviable avanzar con la represa.
“No hemos podido llegar a un acuerdo con Voith Hydro y dudo que podamos logarlo”, afirma una fuente cercana a la UTE argentina que conoce de cerca las negociaciones y que pidió mantenerse en el anonimato.
Existen dos puntos fundamentales que molestan a los miembros del consorcio: el monto que piden los alemanes por su parte del trabajo y el manejo de los fondos que recibirán para financiar el desarrollo de Chihuido I.
El primero es central en las negociaciones que están manteniendo las partes ya existe una diferencia de 200 millones de dólares en juego. El presupuesto original es de cerca de 500 millones de dólares mientras que Voith Hydro exige cobrar 700 millones por los equipamientos electromecánicos, que incluyen la fabricación e instalación de cuatro turbinas verticales Francis, de 160 MW cada una.
“Voith Hydro está avanzado sobre el grupo civil y no quiere respetar el precio que habíamos incluido en la oferta con la que ganamos la licitación. Lo que ofrecen es mucho más alto de lo que podemos aceptar”, señala la misma fuente.
Esto ha generado una interna entre los líderes de la UTE: Helport y Panedile. Eduardo Eurnekian, dueño de la primera, sostiene que hay que llegar a un acuerdo con los alemanes, mientras que Hugo Dragonetti, titular de la segunda, se opone, explica.
Como las decisiones dentro del consorcio se deben tomar por unanimidad y Voith Hydro se mantiene inamovible en su postura, el proceso se encuentra totalmente paralizado en la actualidad.
Las tensiones llegaron a tal punto que Dragonetti les propuso a sus socios vender su parte, pese a que Panedile no puede abandonar el consorcio porque el contrato le fue adjudicado a todas las empresas. Sin embargo, nada de esto se concretó.
El segundo punto también es álgido y tienen que ver con el manejo de los 1.800 millones de dólares que aportará un grupo de bancos europeos para respaldar el desarrollo de las obras.
Los trabajos serán financiados con un crédito sindicado con tasa del 6,62% (luego de cargos y comisiones) a 20 años (con cinco de gracia) del Banco Santander, el ING Bank Bayerische Landesbank y el Landesbank Baden Wurttemberg (LBBW). Este, a su vez, estará garantizado por la ECA alemana Euler Hermes Group con tasas cercanas al 12%.
Los 450 millones de dólares restantes serán aportados por el gobierno argentino y surgirán del Fondo Hídrico de Infraestructura, sostiene la misma fuente. Este instrumento fue creado en 2006 para el desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones y de protección de infraestructura vial y ferroviaria.
“El tema financiero está arreglado. Incluso se lograron mejorar mínimamente las tasas que se habían ofrecido en un comienzo, gracias a haber conseguido las garantías de Euler”, explica.
Estas diferencias llevan cerca de un año, pero se intensificaron desde comienzos de octubre luego de que la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (Utmes) para la construcción el Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I aceptara el fondeo impulsado por el gobierno de Merkel, que estaba paralizado desde 2018 cuando la administración de Mauricio Macri había decidido congelar el proceso.
Voith Hydro sostiene que los bancos le exigen que los fondos los manejen ellos porque se los aportarán a una empresa germana. Luego, serán ellos los encargados de ir distribuyéndolos a medida que la obra lo vaya necesitando.
Por eso, exigen que la UTE les ceda no sólo esa responsabilidad sino también la del control de los precios y de la calidad de la obra, en base a un proyecto ejecutivo aprobado por conjunto de constructores internacionales.
Si esto se concretara, la caja del proyecto quedaría fuera del alcance de los miembros del consorcio, quienes deberían pedirles a los alemanes que les realicen transferencias cada vez que necesiten un desembolso.
Incluso, los pagos serán diferenciados, ya que los germanos recibirán dólares en su país para abonarles los equipos que provean, mientras que los argentinos pesos por los billetes verdes que le correspondan convertidos al tipo de cambio oficial.
A esto, se le suma la decisión del gobierno nacional de intentar sumar de alguna forma a la recientemente estatizada IMPSA al proyecto, en un terreno que los alemanes quieren para ellos en su totalidad y en el que los mendocinos son sus competidores: la parte electromecánica de la obra.
“Estamos buscando ahora el diálogo entre la empresa alemana Voith Hydro e Impsa, y la red de proveedores de esta empresa. Queremos que dialoguen para que haya posibilidades de intercambio no solo en infraestructura sino también en tecnología”, sostuvo el canciller Santiago Cafiero a comienzos de noviembre.
Hasta que estos puntos no se resuelvan, el proyecto seguirá paralizado no sólo por la falta de fondos sino porque, además, los miembros de la UTE no quieren seguir adelante ante la posibilidad de que finalmente todo quede en la nada, como ha ocurrido tantas veces en el pasado.
Incluso, si lograran ponerse de acuerdo llevará bastante tiempo hasta que se pueda iniciar al proceso ya que aún tienen que negociar quién dirigirá los trabajos, quién realizará los controles y quién pondrá las garantías.
A su vez, el gobierno nacional todavía debe decidir si actualizará el monto en pesos de la obra que le fue adjudicado al consorcio en el contrato firmado en 2014 o si lo mantendrá sin cambios. La diferencia que está en juego es de cerca de 250 millones de dólares.
Por el momento, la UTE aún no ha presentado el diseño ejecutivo revisado (DER) a pesar de que han pasado siete años desde que fue adjudicada con el contrato. Estos cambios podrían modificar los costos originales de Chihuido I con los que fueron adjudicados en la licitación.
Originalmente, el consorcio planeaba quedarse con la diferencia que pudiera surgir entre el precio original y el que se alcanzara con el nuevo estudio, como informó Desarrollo Energético. Sin embargo, las discusiones con Voith Hydro echaron por tierra esta idea.
“Una solución para el problema con los alemanes es que nos actualicen los costos ya que esa diferencia es equivalente a los mayores precios que nos quieren cobrar”, explica la misma fuente.
Si bien la mano de obra necesaria para la construcción de la represa ha caído en dólares en la Argentina debido a la depreciación que ha sufrido el peso en estos últimos siete años, desde el consorcio sostienen que más de la mitad de sus costos son en la moneda estadounidense.
Más allá de esto, el proyecto se encuentra aún en una etapa incipiente ya que todavía quedan muchas cuestiones que deben ser resueltas antes de pensar en iniciar cualquier tipo de trabajos en la zona, como informó Desarrollo Energético.
Por el momento, nadie se ha sentado a conversar con la población que tienen que relocalizar ni han asignado quién se hará cargo y abonará la inspección de la obra, entre otros detalles.
Por Hernán Dobry