La Secretaría de Energía de la Nación planea lanzar en febrero una normativa que permita a las generadoras de fuentes renovables realizar las obras necesarias para incrementar la capacidad de estaciones (ET) y subestaciones (SET) transformadoras y líneas de alta tensión.
La iniciativa surgió a partir de una presentación que le hizo la compañía YPF Luz en octubre ante la falta de capacidad de transporte en el Sistema Argentino de Interconexión (SIDI), que amenaza con paralizar el crecimiento de este sector.
Su presidente, Martín Mandarano, le ofreció al subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Santiago Yanotti, realizar estas obras en zonas del país donde la compañía tiene interés de construir nuevos parques eólicos y solares.
A cambio, le pidió que los nuevos proyectos que desarrolle y se conecten o utilicen esas instalaciones reciban prioridad de despacho en forma directa de parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), sin tener que pasar por las licitaciones trimestrales.
Las zonas en la que está más interesada son la de Bauchaceta, cerca de la ET de Rodeo-Iglesias, en la provincia de San Juan, donde está construyendo su planta fotovoltaica Zonda I (53 MW). A esto, se suma la localidad bonaerense de Azul, donde cuenta en operación con el eólico Los Teros (172 MW) y la de General Levalle, en la de Córdoba, donde está levantando el eólico Levalle I (128 MW).
Antes de presentarle esta propuesta al gobierno, YPF Luz había comentado el tema con la empresa Genneia, que también estaba interesada en realizar obras similares para poder seguir ampliando sus proyectos renovables.
Cuando sus directivos se enteraron de que la unidad de la petrolera controlada por el Estado le había realizado de la oferta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, solicitaron una reunión con Yanotti.
Entonces, su CEO, Bernardo Andrews, y su director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y de Sustentabilidad ESG, Gustavo Castagnino, le plantearon al funcionario que la compañía también estaba interesada en realizar ampliaciones similares para sus proyectos.
“Estamos dispuestos a hacer obras, como las hicimos en Puerto Madryn. Veremos bajo qué marco se pueden llevar a cabo para que nos permita recuperar la inversión que hagamos”, afirma una fuente cercana a la empresa.
Las principales zonas de interés de Genneia son las Rodeo y Tocota, en San Juan, donde está construyendo los solares Sierras de Ullum (64 MW) y Tocota III (14 MW) y cuenta con proyectos como Ullum Alfa (100 MW). A esto, se le suma la de Puerto Madryn, en Chubut, donde tiene sus principales operaciones eólicas (360 MW) y el sur de la de Buenos Aires, donde está levantando La Elbita (140 MW) y opera Villalonga I y II (55 MW).
La compañía australiana Fortescue Future Industries también le comentó a Yanotti su interés en esta alternativa. Esto le permitiría desarrollar la infraestructura que precisa para levantar las plantas fotovoltaicas que necesita potenciar su futura fábrica de hidrógeno verde en Río Negro, explica una fuente cercana a la Secretaría de Energía de la Nación.
Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) también podría sumarse a esta propuesta si se aprobara la normativa, ya que es algo en lo que viene bregando desde el gobierno de Mauricio Macri para poder expandir sus parques eólicos El Mataco I, II y III (214 MW), en la provincia de Buenos Aires.
La empresa ya instaló un transformador auxiliar que le permitirá ampliar sus proyectos hasta los 280 MW y construyó una segunda terna para la línea de 132 kV entre las plantas y la localidad de Bahía Blanca y desde allí hasta la línea de 500 kV.
Si bien aún no se ha reunido con Yanotti para conversar el tema, desde CAMMESA que esto no mejora la capacidad de evacuación del corredor que va hasta la ciudad de Buenos Aires, sostiene una fuente cercana a la compañía.
Tras los encuentros con las compañías, el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación comenzó a trabajar con su equipo para ver qué posibilidades legales y técnicas existían para llevar adelante esta iniciativa.
El primero de los problemas que tuvo que enfrentar era cómo hacer para que las empresas pudieran traspasarles las nuevas instalaciones (ET, SET o líneas) a las transportadoras provinciales o privadas una vez terminadas para que las pudieran operar, explica la misma fuente.
A su vez, la Subsecretaría quiere aprovechar las propuestas de los privados y ofrecerles hacerlas de un mayor tamaño para cubrir las futuras necesidades de evacuación y transporte del país.
En estos casos, el Estado se haría cargo de financiar la parte restante de la obra civil y de los equipos necesarios para llevarlos a cabo en cada uno de los casos. Esto es la principal cuestión que está trabando el avance de la normativa porque deberán resolver cómo se hará para girarle el dinero a las empresas para un proyecto manejado por privados, pero con participación del Gobierno.
A esto, se le suma cómo se implementará la amortización del IVA a los privados y quién será el encargado de seleccionar a los contratistas y adquirir los materiales necesarios para las obras, ya que si lo hace el gobierno tiene que ser mediante licitación pública, resalta la fuente cercana a la Secretaría de Energía.
Yanotti dividió las consultas entre sus directores de Transporte y Generación, pero cada uno opinó en forma diferente, focalizado en los intereses de sus propios sectores. Por eso, les solicitó que le remitiera un documento detallado con las posibilidades de llevarlo adelante y las alternativas para hacerlo.
En la actualidad, la Subsecretaría de Energía Eléctrica está analizando estos textos, junto con la respuesta que le envió CAMMESA, para elaborar una resolución que le permita viabilizar estas propuestas. El objetivo es lanzarla durante febrero, sostiene la misma fuente.
“Si hay una normativa que asegure que es viable realizar las obras, las vamos a hacer”, afirma la fuente cercana a Genneia. En tanto, una fuente cercana a YPF Luz sostiene que “con el Estado, hablando bien, se pueden hacer cosas”.
Una situación delicada
La falta de espacio en las líneas de alta tensión fue analizada numerosas veces por el actual gobierno y por el de Mauricio Macri. Incluso, lanzaron planes ampliar su capacidad tanto bajo el formato de participación público-privada (PPP), como mediante el Plan Quinquenal Federal III de Redes Eléctricas. Sin embargo, poco y nada se ha hecho en este rubro en los últimos ocho años.
Incluso, la Cámara Eólica Argentina (CEA) le presentó al Consejo Federal de Energía Eléctrica, a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación y Cammesa un estudio con un plan alternativo para la “Ampliación en el Sistema de Transporte”, que permita resolver parcialmente este problema, como detalla Desarrollo Energético.
Si el gobierno no toma una medida al respecto, podría resultarle cada vez más difícil cumplir con los niveles de producción de energías renovables que establece la ley 27.191, algo que ya viene ocurriendo en los últimos dos años.
En 2021, este sector generó el 13% del total, cuando debería haber alcanzado el 16%, mientras que, en los primeros diez meses de 2022, se ubicó en el 17,88%, apenas por debajo de la meta del 18% fijada para el 31 de diciembre de 2023.
Mientras tanto, la industria de energías renovables se ha mantenido conectada a un respirador artificial de la mano de las migajas que viene inyectando la CAMMESA a través de las licitaciones de prioridad de despacho que realiza trimestralmente.
Esto proviene de los contratos firmados en las rondas de las RenovAr y bajo la resolución 202 que las empresas han ido dando de baja desde el 27 de diciembre de 2021, cuando la Secretaría de Energía de la Nación emitió la resolución 1260/2021. Con esta normativa, el Gobierno buscó recuperar el espacio en los nodos de interconexión que estaban ocupando estos proyectos que no habían podido construirse desde 2018.
Esta política es limitada tanto en cantidad como en tiempo, ya que cada vez queda menos lugar para ofrecerle a las compañías a medida que van avanzando las licitaciones que realiza CAMMESA.
A esto se le suma que la Secretaría de Energía de la Nación llegó a un acuerdo con las provincias de Jujuy, La Rioja y Neuquén, a las que podría sumársele Chubut, para cederles parte de este espacio para que puedan construir parques de energías renovables, como adelantó Desarrollo Energético. Estos proyectos contarán con un PPA en dólares a 20 años, a diferencia de lo que ocurren con los que ofrecen desarrollar los privados.
Por eso, CAMMESA apenas pudo poner en juego sólo 35 MW en la ronda del cuarto trimestre que está actualmente en curso. Estos provienen de las regiones del Noroeste (NOA), Cuyo y Centro, ya que las del Comahue y Buenos Aires carecen de espacio disponible.
A estos, se le suman otros 220 MW que están disponibles en la zona del Noreste (NEA), donde los factores de aprovechamiento son mucho menores. Las empresas, en tanto, presentaron propuestas en las que requirieron un máximo de 208,98 MW y un mínimo de 88,44 MW, para proyectos por un total de 632,73 MW.
En la licitación correspondiente al tercer trimestre de 2022, CAMMESA asignó prioridades de despacho por un total de 444 MW, en la del segundo, por 244 MW, y en la del cuarto trimestre de 2021, por un total de 322,40 MW.
Más allá de los problemas vinculados con el texto de la futura resolución, la Secretaría de Energía de la Nación primero deberá resolver un tema más complejo que es cómo hará para que las empresas puedan acceder al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para ingresar los equipos que necesitan para llevar adelante estas obras y a los dólares necesarios para comprarlo.
Como informó Desarrollo Energético, el gobierno de Alberto Fernández planea paralizar la construcción de nuevos proyectos de energías renovables hasta que se normalicen los niveles de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Por Hernán Dobry