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29 enero, 2023
Petróleo y Gas

Algo huele mal en el gasoducto Néstor Kirchner…y no es gas

ENARSA incurrió en una serie de irregularidades a la hora de adjudicar dos renglones de la licitación de la obra civil.

La adjudicación de los contratos de los renglones 3 y 4, correspondientes a la obra civil de los gasoductos Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y el Mercedes-Cardales, estuvo cargada de irregularidades por la forma en la que se llevó a cargo el proceso y amenaza con transformarse en un nuevo escándalo para el gobierno de Alberto Fernández.
La conducción de Energía Argentina SA (ENARSA) quedó en la mira tras haber acomodado deliberadamente los números de su presupuesto para que los precios ofertados por la UTE Techint-SACDE y la empresa BTU encajaran en los parámetros establecidos en los pliegos de la licitación y pudieran ser consagrados como ganadores. Sus autoridades no respondieron las consultas de Desarrollo Energético para esta nota.
El problema surgió después de que se abrieron los segundos sobres correspondientes a las obras de la última etapa del GPNK y del gasoducto Mercedes-Cardales), el 26 y 28 de julio, respectivamente, ya que las dos propuestas superaron el 20% del monto estimado por la empresa energética estatal para cada uno de ellos.
ENARSA había fijado este límite mediante el apartado 10 de la circular modificatoria 02/2022 del 5 de julio, un mes después de haber lanzado el concurso de precios y tres días antes de abrir los sobres, ya que se “había olvidado” de incluirlo en el pliego original.
Allí, establecía expresamente el 20% como techo máximo que no podía ser sobrepasado por la propuesta más barata para que la empresa estatal de energía pudiera adjudicarle el contrato en forma directa.
La compañía BTU había ofertado 55.300,05 millones de pesos (408,40 millones de dólares al tipo de cambio oficial de hoy) más IVA por el renglón 3, lo que implicaba que era un 32% más alta que los 41.894,94 millones (309,40 millones de dólares) más IVA previstos en el presupuesto de ENARSA.
A esto, habría que sumarle que la empresa de Carlos Mundín fue la única oferente ya que la UTE Techint-SACDE había quedado eliminada porque había ganado las dos etapas primeras de la licitación. O sea, no sólo fue cara, sino que tampoco hubo competencia.
Una brecha aún mayor fue la que se dio en el renglón 4, que la ENARSA se la adjudicó al consorcio entre Techint y SACDE a pesar de que propuso construir el gasoducto Mercedes-Cardales por 45.114,40 millones de pesos (333,18 millones de dólares) más IVA, un 60,35% por encima de los 28.134,42 millones (207,78 millones de dólares) más IVA del presupuesto oficial.
Esta diferencia era aún mayor (67,91%), pero la UTE decidió hacerle un segundo descuento del 4,50% a pedido de la compañía energética estatal, ya que originalmente le había ofrecido hacer la obra por 47.239,50 millones de pesos (348,87 millones de dólares) más IVA.
«Con referencia a los montos ofertados y adjudicados a la UTE, en su conjunto los valores corresponden a un descuento de 16,4% sobre el presupuesto oficial ajustado (POA). El POA es la actualización del presupuesto oficial al momento de la publicación de la licitación para hacerlo comparable con los valores al momento de ofertar por los oferentes – sostiene una fuente cercana al consorcio -. Siendo que los renglones 1 y 2 se encuentran un -21,3% y un -27,9% por debajo de esta referencia, mientras que el renglón 4 es un 16,40% mayor que la referencia, pero un -3% menor al valor de admisibilidad establecido por el propio procedimiento de licitación en un parámetro igual al POA más un rango del 20%.

Las irregularidades
Los problemas comenzaron después de que se conocieron las propuestas porque ENARSA no tenía justificativo alguno para adjudicar ambos contratos con esas diferencias de precios.
Si les pedía un descuento a las empresas, como lo establecía el apartado 10 de la circular modificatoria 02/2022 y se lo concedían, se hubiera desatado un escándalo ya que BTU tendría que haberle reducido el precio al menos un 9,10% y el consorcio Techint-SACDE un 28,53% para ajustarse al techo del 20% fijado en los pliegos. Estos porcentajes son muy superiores a los que suelen ofrecerse en esta clase de licitaciones públicas.
La otra salida era rechazar ambas propuestas y declarar desiertos los dos concursos de precios y volver a convocarlos nuevamente, permitiendo que pudieran sumarse otras empresas, incluso, las que que habían quedado descartadas tras la apertura del primer sobre: la UTE Contreras Hermanos-Víctor Contreras.
En cambio, ENARSA prefirió encontrar una forma más simple de resolver el problema: manipular los números de su presupuesto, en una maniobra cargada de irregularidades. Esta cifra era esencial ya que se usaba para para calcular los porcentajes de las ofertas recibidas.
La solución se la dio la UTE Techint-SACDE, tras haberle presentado una serie observaciones para que la empresa estatal actualizara sus estimaciones originales, según consta en el aparado Objeto, del “Resumen ejecutivo Nº08/2022: Revisión del presupuesto, renglón 4, licitación GPNK 07/2022”, firmado por la Dirección de Servicio, Finanzas y Servicios Corporativos de la compañía energética el 5 de agosto.
Esta fue la primera irregularidad, ya que ENARSA debería haber hecho esto por su cuenta y no bajo sugerencia de las partes interesadas. La segunda, la produjo cuando realizó la modificación de su presupuesto, porque lo llevó a cabo después de haber abierto los sobres con las ofertas económicas y no antes, como hubiera sido lo correcto.
De esta forma, pudo acomodar los valores a lo que necesitaban las empresas para adjudicarles los renglones 3 y 4. “Lo que están haciendo es ilegal. Por mucho menos que eso, se armó el caso Skanska. Es un escándalo. Tendrían que haberlo dado de baja y volver a licitarlo”, una fuente de la gestión anterior de la Secretaría de Energía de la Nación, que conoce en detalle los pormenores del concurso de precios.
ENARSA basó la maniobra en que “tampoco a la fecha de confeccionado los pliegos se encontraba finalizado el Estudio de Impacto Ambiental” (EIA) que le había encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de un contrato que firmaron el 4 de marzo.
Con esta justificación, la empresa estatal desnudó otra irregularidad ya que nunca debería haber convocado a una licitación de esta magnitud e importancia si carecía de toda la información necesaria para calcular correctamente lo que le terminaría costando la obra ni si podía realizarla con el diseño que tenía pensado. “Es como si no hubiera tenido la ingeniería básica lista, nunca debería haber lanzado el proceso en estas condiciones”, señala la misma fuente.

Manos a la obra
El consorcio Techint-SACDE fue el primero en poner el grito en el cielo aduciendo que se había cambiado el tendido del gasoducto Mercedes-Cardales y que el loop Ordoqui sobre el gasoducto Neuba II pasaba por terrenos anegadizos. Su argumento se basó en que eso no había estado contemplado en los pliegos de la licitación y, entonces, ENARSA debía actualizar su presupuesto.
La UTE presentó una nota con estas observaciones el 29 de julio, en la que también incluyó un descuento del 4,50% a la propuesta que había realizado en el concurso de precios (a la que ya le había aplicado una rebaja del 1,23%) a pedido de la empresa estatal de energía.
ENARSA aceptó esta propuesta a sabiendas de que el planteo estaba fuera de lugar, ya que la mayoría de lo que solicitaba el consorcio ya estaba contemplado en los pliegos de la licitación.
A esto, hay que sumarle que la UTE Techint-SACDE adujo que el presupuesto debía ser mayor porque se había realizado un cambio en el diseño original del gasoducto Mercedes-Cardales, por lo que hubo que sumarle cinco kilómetros extras.
Esto es incorrecto ya que el equipo de la Facultad de Ingeniería de la UBA le había presentado el EIA al gobierno de la provincia de Buenos Aires el 6 de julio, dos días antes de que se abriera el primer sobre del concurso de precios, por lo que difícilmente el consorcio podría conocer su contenido como adujo, durante la vista obligatoria realizada entre el 30 de junio el 1 de julio.
Incluso, en ese estudio tampoco estaban los cambios en la traza ya que su modificación recién fue solicitada por ENARSA a los técnicos de la Universidad de Buenos Aires en una reunión que mantuvieron el 13 de julio.
En ese encuentro realizado en la sede de la empresa, les explicó que debían realizar el cambio del tendido porque el original pasaba por una zona de asentamientos donde había unos bañados, explica la misma fuente. O sea, se realizó cinco días después de que las compañías presentaran las propuestas en la licitación.
La información complementaria del EIA, que incluía todas estas modificaciones en el gasoducto Mercedes-Cardales, recién fue presentada ante el gobierno provincial el 28 de julio. Al día siguiente, la UTE Techint-SACDE le envió a la empresa energética estatal sus observaciones pidiendo que se actualizara el presupuesto.
A no ser que el consorció manejara información clasificada, sería imposible que todos estos datos pudieran estar incluidos en su oferta. Por eso, ENARSA jamás debería haber considerado este justificativo para ajustar sus números.
Sin embargo, la compañía estatal lo hizo y basó la readecuación de los costos en que debía incluirse el paso por 500 metros de bañados que no estaban en la traza orginal por el nuevo cruce del río Luján y que la intersección de las vías habían sido contemplada solo para un sentido en lugar de dos.
A su vez, sostuvo que tenía que atravesar la ruta nacional 193, que no estaba previsto en la versión original de los pliegos y que era necesario usar un tamaño mayor de cañería en varios trechos por estar cerca de viviendas.
La empresa energética, entonces, incrementó su presupuesto original para la construcción del gasoducto Mercedes-Cardales en 1.086,20 millones de pesos (8,02 millones de dólares), cuando no debería haberlo realizado.
A esto, se le sumaron otros 4.227,47 millones de pesos (31,22 millones de dólares) que ENARSA incluyó como readecuación del presupuesto para la construcción del loop Ordoqui, basado en otras observaciones realizadas por el consorcio. Ambos ajustes totalizaron 5.313,67 millones de pesos (39,24 millones de dólares).
En su lugar, la empresa estatal debería haber agregado un adicional al contrato adjudicado por la modificación de la traza. En ese caso, hubiera tenido que aumentar tanto su estimación como el precio que debía pagarle a la UTE por la obra. “Lo que debería haber hecho era rechazar previamente por ser demasiado caro y volver a convocar a una nueva licitación”, sostiene la misma fuente.

Un trato ecuánime
Como a ENARSA todos estos cambios presupuestarios no le alcanzaban para que la propuesta de Techint-SACDE estuviera por debajo del 20% establecido en la circular modificatoria y como tampoco incluía a BTU, que había pasado valores 32% por encima de lo estimado, decidió realizar otra jugada irregular: implementar una redeterminación de precios.
Este mecanismo le permitió ajustar los costos estimados de las obras (salarios, combustibles, equipos, inflación) de los cinco renglones de la licitación, que había sido calculados al 2 de junio, en su Informe Técnico Económico. A través de diversos índices de actualización, los ajustó al 8 de julio, fecha en la que se presentaron las ofertas.
“Jamás se readecúa el presupuesto. Lo que podés hacer es que, si no tuviste contemplado algo, después se lo agregás al que gana como un adicional. No lo hacés para decir que las ofertas son válidas”, explica la fuente.
Esto hizo que su presupuesto para los primeros cuatro renglones se incrementara un 12,80%, mientras que el quinto, que incluye la construcción de la planta compresora, lo hiciera en un 7,20%.
Uno de elementos que consideró fue el aumento del 21% generado por la paritaria que firmó la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el 8 de junio. La mano de obra tiene una ponderación del 40% en el total de los costos de la obra civil, por lo que al modificar sus cifras impacta directamente en el valor final del proyecto.
El problema es que esta alza ya se conocía desde el 8 de mayo cuando el sindicato anunció que había llegado a un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción. A su vez, este incremento salarial ya había sido tenido en cuenta en el presupuesto original incluido en los pliegos, que se había realizado el 31 de mayo, explica la misma fuente.
De esta forma, ENARSA sumó dos veces el mismo ajuste para justificar el reacomodamiento de sus estimaciones y acomodar los números para poder adjudicar los contratos en forma directa.
Pero esto no fue todo. La readecuación presupuestaria debió haberla realizado antes de la apertura de las ofertas económicas, que se llevaron a cabo el 21 de julio (renglón 1 y 5), el 25 (renglón 2), el 26 (renglón 3) y el 28 (renglón 4). Sin embargo, lo hizo recién el 27, cuando ya sabía que los valores de BTU superaban los parámetros establecidos en los pliegos.

Una cuestión de precios
Estas irregularidades cometidas por ENARSA terminarán siendo 30.385,10 millones de pesos (224,40 millones de dólares) más IVA más elevados de lo que tenía presupuestado originalmente para la construcción de ambos renglones.
Esto provocó que la empresa estatal tuviera que incrementar su agujero financiero a 128.513,48 millones de pesos (949,10 millones de dólares) más IVA, como adelantó Desarrollo Energético. Sin este sobrecosto su faltante de fondos sería de 98.128,38 millones (724,70 millones de dólares), un 23,64% menos.
A esto se le suma que la Comisión Evaluadora de ENARSA tampoco consideró la diferencia en los valores que hubo entre los diferentes renglones tanto en los que ofertó un mismo consorcio como entre los presentados por una y otra empresa, antes de aconsejar adjudicación de los contratos.
Esta brecha se notó especialmente en el 3 y el 4 donde terminó pagando sumas por pulgada metro para la obra civil superiores a las del 1 y 2. La UTE Techint-SACDE ofertó 57,52 y 52,73 dólares, respectivamente, para estos dos últimos para hacer 220 kilómetros con caños de 36 pulgadas del GPNK.
En cambio, propuso construir los 109,44 kilómetros correspondientes al gasoducto Mercedes-Cardales y el loop Ordoqui, por 102,24 dólares por pulgada metro, o sea, un 93,90% más caro que el anterior.
Lo sorprendente es que esta obra se realiza con tubos más pequeños (de 30 pulgadas), lo que permite cargar una mayor cantidad en cada camión, además de que se encuentra en una zona donde la logística es mucho más simple (en plena provincia de Buenos Aires) en comparación con el GPNK que se desarrollará en su mayoría en Neuquén y La Pampa.
Los precios del consorcio se encuentran, además, por encima de los que Transportadora de Gas del Sur (TGS) pagará por la extensión que acaba de lanzar para realizar 32 kilómetros de su gasoducto de Vaca Muerta, con el mismo tipo de tubos y que estará a cargo de la propia SACDE: 62,50 dólares por pulgada metro, un 38,87% menos que en el contrato que ganó junto a Techint en la licitación.
Si esta diferencia resulta sorprendente, hay que agregarle que, en ese precio, están incluidos los caños. Sin ellos, el valor de la obra civil sería de unos 38,28 dólares por pulgada metro, lo que equivale a una diferencia del 62,56%.
Un desfasaje similar se produce al comparar los que pasó BTU para construir los 133 kilómetros finales de GPNK, correspondientes al renglón 3, con los de los primeros dos que quedaron en manos del consorcio Techint-SACDE.
La empresa de Carlos Mundín cobrará 85,94 dólares por pulgada metro para hacer un tramo que es casi la mitad del tamaño que los otros dos, en la que utilizará el mismo tipo de caño y en una zona sin grandes dificultades del terreno.
Esto implica que ENARSA abonará los trabajos un 62,98% más caros que lo que le pagará a la UTE Techint-SACDE por una obra similar, en un contrato que, además, fue adjudicado sin competencia.
Pese a esto, tampoco le pidió un descuento, incluso cuando sus precios habían sido un 32% más caros que sus estimaciones originales. En cambio, le realizó una adecuación presupuestaria para que las cuentas le cerraran.

Un escándalo nacional
A pesar de todas estas irregularidades cometidas por ENARSA durante la adjudicación de los contratos, ningún partido de la oposición presentó, hasta ahora, pedidos de informe ni ante la empresa estatal ni ante la Cámara de Diputados.
Juntos por el Cambio prefiere no interferir en el proceso para evitar que el gobierno los culpe “de ser los responsables de que el gasoducto no esté listo para el próximo invierno”, sostiene una fuente dentro de la alianza.
Esta estrategia es la misma que tomó cuando el, por entonces, ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, denunció irregularidades en la adquisición de los caños para la obra. Primero, los diputados de PRO lo convocaron al Congreso, pero, luego, llegó una directiva desde la conducción ordenándoles que se olvidaran del tema, explica.
“Ahora, no podemos hacer nada, porque vamos a quedar como los culpables de haber parado el gasoducto en medio de un año electoral. Lo que va a terminar pasando es que, en un par de años, cuando estemos en el gobierno, investigaremos lo que ocurrió y si hubo algún tipo delito, lo juzgaremos y alguien terminará preso”, concluye la misma fuente.

Por Hernán Dobry

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