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26 noviembre, 2020
Finanzas Infraestructura

El gobierno y la constructoras enredados por las PPP

Las negociaciones están empantanadas y nadie sabe cómo encontrarles una solución.

El panorama comienza a aclararse en la ya larga historia que arrastran los contratos participación público-privada (PPP) para la construcción de rutas y autopistas adjudicados en julio de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, y que la administración de Alberto Fernández quiere rescindir. O a enturbiarse más aún.
El empujón se lo ha dado la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que el 1 de septiembre le ordenó al gobierno nacional devolver las garantías por más de 33,50 millones de dólares que el consorcio Corredor Panamericano II había presentado para respaldar las obras viales en el corredor F.
La medida explotó como una bomba dentro de la administración del Frente de Todos. Nadie esperaba un fallo así en este momento y, menos aún, sus consecuencias: sentará jurisprudencia para las demás medidas cautelares que los demás consorcios realizaron en la Justicia en junio.
La suerte de las negociaciones entre las compañías y el gobierno dependerá de quién termine ganando la pulseada interna dentro del equipo de Alberto Fernández, que se viene llevando adelante desde que asumieron el poder entre los “duros” o “doctrinarios”, comandados por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, el jefe de asesores presidencial, Juan Manuel Olmos, y el titular de Corredores Viales Sociedad del Estado, Gonzalo Atanasoff, y los “blandos” o “pragmáticos” liderados por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Los empresarios aún no tienen en claro si esto servirá para fortalecer la posición de los moderados, ya que mostraría que el fundamentalismo de sus rivales resultó contraproducente, o si, por el contrario, intensificará las posturas más radicales sobre el tema dentro del ala kirchnerista.
Cómo informó Desarrollo Energético, las compañías no saben cómo encarar las conversaciones ya que sus interlocutores no se ponen de acuerdo entre ellos en el mensaje que las quieren transmitir. Incluso, han comenzado a pensar que están aplicando con ellos el método del policía bueno y el malo para desconcertarlos.
Por eso, algunos directivos de las constructoras están analizando solicitar una reunión al presidente Alberto Fernández para escuchar de su propia boca cuál es la posición oficial y pedirle reglas claras para el proceso.
“Es muy difícil sentarse a negociar con alguien que dice que tiene que preguntarle al de arriba sobre las propuestas que le hacemos. Hay muchas diferencias entre la postura del Ministerio de Obras Públicas y la de la Jefatura de Gabinete. No sabemos qué quieren hacer. No nos dan los márgenes de máxima para la negociación”, afirma el CEO de una de las constructoras que participa de las conversaciones.
Una señal sobre el rumbo que podría tomar el gobierno, quizás, la dio la semana pasada el Presidente cuando le pidió la renuncia al subsecretario de PPP, Federico Molina, que formaba parte del ala dura, luego de conocerse el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
A esto se la suma, la decisión que tomó la administración de Alberto Fernández hace dos semanas de reducir a la mitad el monto de las garantías, como especificaban los contratos en caso de un aumento extraordinario del riesgo país, lo que viene sucediendo de manera sostenida desde 2018.
Finalmente, Katopodis les propuso a las empresas constructoras una “tregua” de 90 días en una videoconferencia realizada el 31 de agosto para “bajar la tensión” y poder seguir adelante con las negociaciones para la rescisión los contratos que vienen realizando desde febrero.
Desde los consorcios, se muestra escépticos sobre lo acordado y lo que pueda ocurrir de acá en adelante, basados en la forma que se ha manejado la administración del Alberto Fernández desde el inicio de las conversaciones.
“Es más de lo mismo de lo que viene haciendo el gobierno desde el comienzo de las negociaciones. Lo que quieren es debilitarnos, doblegarnos y ponernos de rodillas”, afirmó el titular de una de las constructoras, que prefirió mantener el anonimato, a BNamericas.

La injerencia de la Justicia
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, conformada por los magistrados María Claudia Caputi, José Luis López Castiñeira y Luis Márquez, le ordenó al gobierno el 1 de septiembre que le devolviera las garantías correspondientes a las Obras Principales (6,70 millones de dólares) y de Cierre Financiero (26,80 millones de dólares) al consorcio Corredor Panamericano II, integrado por Helport, Panedile Argentina, Eleprint y Obras y Servicios (COPASA), ya que no está realizando trabajos en el corredor F por la imposibilidad de fondearse en los mercados internacionales.
De esta forma, la UTE verá liberados sus activos de capital, por 24,39 millones de dólares, y de créditos corporativos, por 9,11 millones, que tenía inmovilizados, ya que los había puesto como parte del respaldo que solicitaba el contrato PPP que había firmado en octubre de 2018.
A su vez, el fallo judicial le permitirá al consorcio ahorrarse 70.387 dólares mensuales, que le implicaba el mantenimiento de las garantías, durante el próximo semestre. La Cámara, en tanto, rechazó su pedido de cambiar la Servicios Principales, actualmente en dólares, por un seguro de caución de 30 millones de pesos.
Esto formaba parte de las exigencias que le han solicitado al gobierno para rescindir los contratos, que incluyen, además, recuperar lo invertido en costos de mantenimiento, gastos de desarrollo inicial y los 200.000 dólares que reclama el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a cada uno por el fallido préstamo que iba otorgarle el BID Invest para fondear las obras.
Esta sentencia podría sentar jurisprudencia y llevar a otras salas de la Cámara Contencioso Administrativo Federal a fallar de la misma forma en las medidas cautelares que presentaron el consorcio Civil Panamá-Green (corredor B), José Cartellone Construcciones Civiles (corredor C), la UTE Paolini Hermanos-Vial Agro-INC (corredor A) y la conformada por Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil Latin America (corredor Sur).
Desde la sociedad entre Helport, Panedile, Eleprint y COPASA, esperan que esto ocurra en la otra demanda que está llevando a cabo por el corredor E, lo que le permitiría recuperar una suma similar a la del F, con lo que desinmovilizaría activos por cerca de 62 millones de dólares.
Las constructoras decidieron recurrir a la Justicia a mediados de junio luego que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) les enviara la nota NO-2020-34533542-APN-DNV#MOP el 27 de mayo con la que les daba 30 días para ampliar la garantía de cierre financiero del 2% al 2,50% del monto total del contrato PPP.
La decisión de recurrir directamente a los tribunales se debió a que el gobierno actual y el anterior nunca conformó el Panel Técnico, paso previo a presentarse ante el Tribunal Arbitral, pese a los reiterados reclamos de las empresas.

El nudo del problema
En lo único que coinciden el gobierno y las empresas, es en que hay que rescindir los contratos PPP. El primero sostiene que es porque resultan muchos más caros que hacer las rutas en la forma tradicional de obra pública, mientras que los otros aducen que es imposible llevarlos delante bajo esta modalidad en medio de la crisis financiera que vive el país desde hace más de dos años.
“Encontramos un sistema de PPP que de haberse desarrollado hubiera endeudado al país en 10.000 millones de dólares y generado un sobrecosto de obra pública del 40% por cada kilómetro de ruta construido”, explicó Katopodis a El Cronista
La administración de Alberto Fernández convocó a las empresas mediados de febrero para anunciarles que pensaba rescindir los contratos. Allí, comenzó la disputa ya que, hasta el momento, no han conseguido ponerse de acuerdo en cómo resolver este problema.
Las constructoras están solicitando que la cancelación sea por cuestiones del gobierno, lo que implicaría que deberían abonarles los costos de mantener las garantías (20 millones de dólares para todos los consorcios) y los gastos de desarrollo inicial, como la contratación de un asesor financiero, consultores, abogados que estaban estipulados en la adjudicación de los corredores, y los 200.000 dólares que les reclama el BICE a cada uno de los consorcis.
Dentro de la gestión del Frente de Todos aún no han logrado consensuar una posición única entre los “duros” y los “blandos”. Los primeros pretenden basar la rescisión en los incumplimientos de los contratistas (cierre financiero, garantías, avance de las obras, entre otros), lo que implicaría que el Estado recuperaría los corredores sin pagarles nada a las empresas, quienes, a su vez, perderían todo lo que gastaron desde que se hicieron cargo de las rutas.
En tanto, el grupo liderado por Katopodis busca negociar con las compañías una salida lo más decorosa posible, que evite que el gobierno tenga que desembolsar fondos de los que carece, pero al mismo tiempo, no provoque grandes pérdidas entre las constructoras.
A principios de julio, los empresarios le presentaron al ministro una propuesta de rescisión que incluía mantener el contrato de operación y mantenimiento (O&M) de los corredores viales, y el cobro de peajes, hasta que saldaran los montos invertidos.
Katopodis la elevó al Departamento de Legales de la cartera de Obras Públicas el 17 de julio para que lo analizara, pero hasta el momento, no ha emitido ninguna opinión al respecto. Sin embargo, pocos días después los “invitaron a firmar una carta con un acta de inicio de negociaciones con ciertos temas en el plazo de 30 días”, que rechazaron.
En paralelo, el gobierno modificó su estrategia, dividiendo los frentes, para debilitar a las empresas. De esta forma, se propuso conversar con cada contratista por separado y en forma escalonada.
La primera en su lista es la UTE Helport-Panedile-Eleprint-COPASA, luego, piensa hacerlo con la sociedad entre CCA Civil Panamá y Green y, una vez que llegue a un acuerdo con ellos sentarse con José Cartellone, consorcio Paolini-Vial Agro-INC y el conformado por Rovella Carranza-JCR-Mota-Engil Latin America.
Por el momento, las compañías han avanzado cerca del 5% en total de los trabajos y el gobierno deberá comenzar a pagar los primeros certificados de avance de obra (TPI), denominados en dólares, el 20 de noviembre.

Por Hernán Dobry

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